Secretaría de Seguridad cuestiona intervención en edificaciones
El secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, rechazó la utilización de edificaciones públicas para difundir mensajes relacionados con campañas electorales. Además, el pronunciamiento surgió luego de que durante la noche fueran proyectados contenidos políticos sobre la torre de la Alcaldía y otras estructuras emblemáticas de la ciudad. En este sentido, el funcionario dejó claro que estas acciones no contaban con autorización oficial. La situación generó preocupación por el uso indebido de espacios pertenecientes a todos los ciudadanos.
Autoridades defienden la neutralidad institucional
Según explicó Garcés, los bienes públicos deben permanecer al margen de cualquier actividad proselitista o manifestación de carácter electoral. Asimismo, destacó que las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar imparcialidad durante los procesos democráticos. Por otra parte, recordó que los espacios oficiales están destinados al servicio de la comunidad y no a la promoción de intereses políticos. De esta manera, se busca preservar la confianza ciudadana en las entidades públicas.
Inician revisión para establecer responsabilidades
Las autoridades locales anunciaron que se realizará una revisión detallada de lo ocurrido para identificar cómo se desarrollaron las proyecciones y quiénes estarían involucrados. Además, se evaluará si existieron incumplimientos a las normas que regulan el uso de espacios públicos. En consecuencia, los organismos competentes analizarán las evidencias disponibles para determinar posibles responsabilidades. Asimismo, se tomarán las medidas correspondientes de acuerdo con los resultados de la investigación.
Buscan evitar nuevos hechos durante la campaña
Finalmente, la Secretaría de Seguridad reiteró su compromiso con el respeto a las reglas democráticas y la transparencia institucional. Además, anunció que se fortalecerán los mecanismos de control para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse. Por otra parte, hizo un llamado a todos los actores políticos para actuar dentro de los parámetros establecidos por la ley. Con ello, la administración busca garantizar un proceso electoral respetuoso, equilibrado y ajustado a las normas vigentes.