El acceso a la educación superior pública en Colombia atraviesa una etapa de expansión de la cobertura y de fortalecimiento de los mecanismos de financiación para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. Uno de los principales instrumentos es la Política de Gratuidad en la Matrícula, conocida como “Puedo Estudiar”, mediante la cual el Estado asume el pago de la matrícula ordinaria neta de estudiantes que cumplen determinados requisitos.
Aunque suele hablarse de estas ayudas como “becas universitarias”, existe una diferencia importante: la política de gratuidad no funciona exactamente como una beca tradicional basada exclusivamente en el rendimiento académico. Se trata principalmente de un subsidio estatal dirigido a cubrir la matrícula de determinados estudiantes de programas de pregrado en instituciones públicas.
El alcance de esta política aumentó de manera considerable en los últimos años. Según el Ministerio de Educación Nacional, entre 2023 y 2025 se invirtieron $6,8 billones en la política de gratuidad y el número de estudiantes beneficiados pasó de aproximadamente 690.000 a 930.000. Para 2026, además, el Gobierno reportó $3,2 billones incorporados a la base presupuestal de funcionamiento para dar continuidad a estos recursos.
Una política que busca reducir la barrera económica
Para miles de jóvenes, ingresar a una universidad pública no significa únicamente superar el proceso de admisión. También existen gastos relacionados con transporte, alimentación, materiales, vivienda y otros elementos necesarios para permanecer en el sistema educativo.
La matrícula constituye una de las principales barreras económicas y, precisamente por ello, la Política de Gratuidad busca reducir el costo directo de estudiar un programa de pregrado en las instituciones públicas que hacen parte del esquema.
El Ministerio de Educación explica que el programa cubre la matrícula ordinaria neta de estudiantes de pregrado en las instituciones de educación superior públicas vinculadas al programa. Esto incluye programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios.
El objetivo no es únicamente facilitar que una persona ingrese a la universidad, sino contribuir a que pueda permanecer en ella sin que el pago de la matrícula se convierta en una causa para abandonar sus estudios.
El ICETEX también señala que la política fue reglamentada mediante el Decreto 2271 de 2023 y que busca eliminar barreras de acceso y favorecer la permanencia educativa bajo criterios de equidad poblacional y territorial.
Más de 900.000 estudiantes con matrícula gratuita
Uno de los datos más relevantes del proceso es el crecimiento del número de beneficiarios.
De acuerdo con el balance publicado por el Ministerio de Educación en marzo de 2026, entre 2023 y 2025 la inversión destinada a gratuidad permitió pasar de 690.000 estudiantes beneficiados a 930.000. El Gobierno señaló además que esto equivale al 97 % de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior públicas con matrícula gratuita.
La cifra representa un incremento aproximado de 240.000 estudiantes frente al punto de partida señalado por el Ministerio.
Más allá del número, el cambio tiene una importancia particular para los estudiantes provenientes de hogares con menores ingresos, quienes pueden enfrentar mayores dificultades para asumir los costos asociados con una carrera profesional.
El Gobierno también informó que, al cierre de 2025, 347.000 estudiantes adicionales habían accedido a la educación superior sin endeudarse, dentro del conjunto de medidas implementadas durante el periodo.
La gratuidad no significa que todos los gastos universitarios desaparezcan
Uno de los aspectos que deben tener en cuenta los estudiantes es que la gratuidad de matrícula no equivale necesariamente a estudiar sin ningún tipo de gasto.
El beneficio está orientado principalmente al pago de la matrícula ordinaria neta. Otros costos pueden mantenerse dependiendo de la institución y de la situación particular del estudiante.
Por ejemplo, gastos como transporte, alimentación, vivienda, materiales académicos, equipos tecnológicos o determinados derechos pecuniarios pueden no estar cubiertos por la política.
Por esta razón, aunque el subsidio representa una reducción importante de la carga económica, las familias deben revisar las condiciones específicas de cada institución antes de asumir que todos los costos de estudiar serán financiados por el Estado.
¿Quiénes pueden acceder a la política?
Los requisitos han evolucionado con las distintas reglamentaciones. En la información publicada por el Ministerio de Educación se establece que la política está dirigida a estudiantes que cumplan determinadas condiciones relacionadas con su situación socioeconómica y académica.
Entre los criterios publicados por el Ministerio se encuentran la nacionalidad colombiana, la pertenencia a determinados grupos del Sisbén IV o la acreditación de algunas condiciones poblacionales específicas, además de estar matriculado en un programa de pregrado de una institución pública que haga parte de la política.
La documentación oficial también contempla situaciones particulares para poblaciones como estudiantes indígenas y víctimas del conflicto armado, quienes pueden acreditar su condición mediante registros diferentes al Sisbén cuando corresponda.
Otro criterio señalado por el Ministerio es que el estudiante no debe contar previamente con un título profesional universitario o de posgrado de una institución de educación superior.
Es importante aclarar que cumplir una condición socioeconómica no reemplaza el proceso de admisión. El estudiante debe primero ser admitido y matriculado en una institución y programa que cumplan las condiciones establecidas para la política.
El cambio va más allá de las llamadas “becas universitarias”
La expansión de la gratuidad forma parte de una transformación más amplia en la financiación de las universidades públicas.
En febrero de 2026 fue promulgada la Ley 2568 de 2026, que modificó los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, relacionados con la financiación de las instituciones de educación superior públicas.
Según el Ministerio de Educación, el nuevo modelo busca fortalecer la financiación de estas instituciones y vincular el crecimiento de sus ingresos al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un indicador diseñado para reflejar de manera más cercana los costos propios del sector.
La reforma también contempla recursos adicionales destinados a ampliar la cobertura, reducir brechas regionales, fortalecer la capacidad instalada y mejorar las condiciones de funcionamiento de las instituciones públicas.
Esto es relevante porque ampliar los subsidios de matrícula solamente puede generar resultados sostenibles si las universidades cuentan simultáneamente con capacidad para recibir y atender a un número mayor de estudiantes.
Más recursos para que las universidades puedan recibir estudiantes
El aumento de la cobertura de gratuidad viene acompañado de mayores inversiones en las propias instituciones.
El Ministerio informó que la inversión total de la Nación en educación superior alcanza cerca de $15 billones, de los cuales alrededor de $13 billones se transfieren directamente a instituciones de educación superior públicas. También reportó más de $6,4 billones adicionales incorporados entre 2023 y 2026.
La infraestructura es otro de los componentes de esta estrategia. De acuerdo con el mismo balance oficial, se han comprometido más de $1,67 billones para 104 proyectos en diferentes regiones del país.
Estos recursos están relacionados con diferentes necesidades de las universidades, entre ellas la adquisición de terrenos e inmuebles, estudios, diseños, adecuaciones, construcción de espacios académicos y dotación.
La lógica detrás de estas inversiones es sencilla: si aumenta el número de jóvenes que puede acceder a la educación pública, también deben aumentar la infraestructura, los profesores, los espacios de aprendizaje y los servicios necesarios para atenderlos.
La estrategia también busca reducir las brechas regionales
El problema del acceso a la educación superior no se distribuye de la misma manera en todo el país.
Los jóvenes que viven en grandes ciudades suelen tener una oferta universitaria mucho mayor que quienes habitan en municipios pequeños, zonas rurales o territorios históricamente afectados por la falta de infraestructura educativa.
En este contexto, el Ministerio ha destacado programas como Educación Superior en tu Colegio, estrategia que, según el balance oficial, ha llegado a 900 instituciones educativas de 370 municipios y ha permitido que más de 90.000 estudiantes avancen en programas técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios sin tener que abandonar sus regiones.
También se han impulsado iniciativas dirigidas a territorios y comunidades específicas, incluyendo proyectos de universidades de carácter étnico y campesino.
El propósito es que la ampliación de la educación superior no se concentre únicamente en las principales ciudades, sino que pueda llegar a zonas donde históricamente la oferta ha sido limitada.
¿Se trata realmente de nuevas becas?
Aquí aparece una precisión importante para entender correctamente la noticia.
El término “beca universitaria” suele utilizarse para describir ayudas económicas destinadas a financiar estudios, pero el mecanismo que actualmente tiene mayor alcance en las universidades públicas colombianas es la Política de Gratuidad en la Matrícula.
No significa que el Gobierno haya creado 930.000 nuevas becas individuales en 2026. La cifra corresponde al número de estudiantes que, dentro de la política de gratuidad, cuentan con financiación de su matrícula según las condiciones establecidas.
Además, existen otros mecanismos de apoyo: becas propias de las universidades, fondos territoriales, programas de entidades públicas y privadas, créditos educativos y ayudas de sostenimiento.
Por eso, para un estudiante de bajos recursos, resulta conveniente revisar no solamente la política nacional de gratuidad, sino también las convocatorias específicas de la universidad y de entidades como el ICETEX.
Un modelo que busca evitar el endeudamiento
Uno de los principales cambios frente a modelos anteriores es el énfasis en reducir la necesidad de financiar la matrícula mediante deuda.
La gratuidad permite que los estudiantes que cumplen los requisitos reciban el beneficio sin tener que asumir un crédito por el valor de la matrícula que posteriormente deban pagar.
Esto puede representar una diferencia significativa para jóvenes de familias con ingresos limitados, especialmente en carreras que requieren varios años de formación.
El Ministerio señala que, al cierre de 2025, 347.000 estudiantes adicionales habían podido acceder a educación superior sin endeudarse, una cifra que el Gobierno relaciona con las medidas de fortalecimiento de la educación pública implementadas durante el periodo.
El reto: garantizar que los estudiantes también puedan permanecer
Eliminar o reducir el costo de la matrícula es un avance importante, pero no resuelve por sí solo todos los problemas de acceso a la educación superior.
Un estudiante puede tener matrícula gratuita y aun así abandonar la carrera debido a dificultades económicas relacionadas con transporte, alimentación, vivienda o materiales académicos.
Por eso, uno de los grandes desafíos para las políticas de educación superior es pasar de una lógica centrada únicamente en “entrar a la universidad” a una que también garantice condiciones para permanecer y graduarse.
En este sentido, las inversiones en infraestructura, ampliación de la oferta académica y fortalecimiento institucional tienen una importancia similar a la financiación de las matrículas.
¿Qué deben hacer los estudiantes interesados?
Los jóvenes interesados en acceder a este tipo de beneficios deben comenzar por verificar cuáles son las instituciones públicas y programas que hacen parte de la Política de Gratuidad.
También es fundamental revisar las condiciones vigentes para el periodo académico correspondiente, debido a que los requisitos y procedimientos pueden actualizarse.
El Ministerio de Educación mantiene información oficial sobre la Política de Gratuidad y sus mecanismos de acceso.
Además, el ICETEX dispone de información sobre las instituciones oficiales vinculadas y sobre el proceso para consultar la política.
Una oportunidad que cambia el panorama de la educación pública
La ampliación de la cobertura de gratuidad representa uno de los cambios más importantes de los últimos años en materia de acceso a la educación superior pública en Colombia.
El paso de aproximadamente 690.000 a 930.000 estudiantes beneficiados entre 2023 y 2025, junto con una cobertura reportada del 97 % de los estudiantes de pregrado de las instituciones públicas, muestra una expansión considerable de la financiación estatal de la matrícula.
Sin embargo, el verdadero impacto de estas medidas dependerá de que la gratuidad pueda mantenerse en el tiempo y de que las universidades tengan los recursos necesarios para atender adecuadamente a los nuevos estudiantes.
La aprobación de la Ley 2568 de 2026 busca precisamente fortalecer esa estructura financiera y darle mayor estabilidad a las instituciones públicas.
Para los jóvenes de menores ingresos, el escenario supone una reducción importante de una de las principales barreras para ingresar a la universidad. Pero el desafío continúa: lograr que esa oportunidad se traduzca no solamente en más estudiantes matriculados, sino también en más profesionales graduados y en una educación superior de calidad, accesible y sostenible en todas las regiones del país.