En resumen, el caso de Andrés pone a prueba la capacidad de la universidad y de la justicia para proteger a las víctimas. Finalmente , aunque la institución dio a la baja al joven, la seguridad de las alumnas solo se garantizará si las autoridades abordan la presunta posesión de armas y el delito de amenazas, actuando con la rapidez que exige la gravedad de la situación.
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