La elección del próximo Contralor General de la República sumó un nuevo capítulo de controversia luego de que el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry denunciara que fue utilizada de manera irregular su firma en un supuesto concepto jurídico remitido al Congreso de la República, documento que advertía presuntas inhabilidades de dos de los aspirantes con mayores opciones de llegar al cargo.
La denuncia generó preocupación debido a que el documento podía influir en una de las decisiones institucionales más importantes del país, al tratarse del proceso para escoger al jefe del organismo encargado de ejercer el control fiscal sobre los recursos públicos.
Según manifestó el jurista, ni él ni su firma de abogados elaboraron dicho concepto, por lo que solicitó al Congreso abstenerse de darle cualquier validez mientras se esclarecen los hechos.
¿Qué ocurrió?
La controversia surgió cuando comenzó a circular un documento fechado el 3 de junio de 2026, presentado como un concepto jurídico elaborado por el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry.
En ese texto se sostenía que dos de los candidatos con mayor respaldo dentro del proceso de selección del nuevo Contralor General tendrían presuntas inhabilidades constitucionales que les impedirían continuar en el concurso.
Los aspirantes mencionados eran:
- Andrés Castro Franco, actual personero distrital de Bogotá.
- Carlos Mario Zuluaga, exvicecontralor general.
De haber sido auténtico, el concepto habría podido convertirse en un argumento jurídico relevante dentro del proceso que adelanta el Congreso para elegir al nuevo contralor. Sin embargo, Charry aseguró que nunca elaboró ese documento ni autorizó que su nombre fuera utilizado para respaldarlo.
La carta enviada al presidente del Senado
Tras conocer la existencia del documento, Juan Manuel Charry remitió una comunicación oficial al presidente del Senado, Honorio Henríquez, con el propósito de aclarar que el supuesto concepto era completamente falso.
En la carta manifestó expresamente que:
«Ese concepto no fue emitido por la firma de abogados, como tampoco por mi parte.»
Asimismo, pidió que esa aclaración fuera tenida en cuenta frente a cualquier efecto jurídico que pudiera derivarse del documento cuestionado.
Solicitud para investigar el origen del documento
Además de desmentir la autenticidad del concepto, el abogado solicitó que las autoridades competentes determinen quién elaboró el documento y quién utilizó de manera indebida el nombre de su firma.
Según explicó, la utilización de un concepto jurídico aparentemente firmado por un reconocido constitucionalista podría afectar la transparencia del concurso y alterar la percepción sobre la legalidad de algunos candidatos.
Por esa razón pidió identificar a los responsables de la presunta suplantación y establecer si existió la intención de influir en la decisión que debe adoptar el Congreso.
El contexto de la elección del Contralor General
La denuncia ocurre en medio de un proceso especialmente sensible para el país.
El Congreso adelanta actualmente el concurso para escoger al reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez, cuya elección ha estado rodeada de debates judiciales desde años anteriores.
En los últimos días también se conoció que el Consejo de Estado no suspendió el proceso de elección, permitiendo que el concurso continúe mientras se resuelven otras controversias jurídicas relacionadas con la convocatoria. Esto permitió que los candidatos siguieran avanzando en las etapas previstas por el Legislativo.
¿Por qué es tan grave una suplantación de firma?
En Colombia, la utilización del nombre o la firma de un profesional sin autorización para respaldar un documento oficial puede tener importantes consecuencias jurídicas.
Dependiendo de lo que determinen las autoridades, podrían investigarse conductas relacionadas con:
- Falsedad en documento.
- Uso de documento falso.
- Suplantación de identidad.
- Eventual fraude procesal si el documento buscaba producir efectos dentro de un procedimiento oficial.
Aunque por ahora no existe una decisión judicial sobre el caso, la denuncia abre la puerta a eventuales investigaciones penales para establecer responsabilidades.
Posibles efectos sobre el proceso de elección
Hasta el momento, la denuncia no modifica oficialmente el cronograma para escoger al nuevo Contralor General.
Sin embargo, el episodio incrementa el escrutinio sobre el procedimiento y obliga a revisar cuidadosamente la autenticidad de los documentos que sean aportados durante el concurso.
Expertos en derecho consideran que la transparencia del proceso depende, entre otros factores, de que los conceptos jurídicos utilizados por los congresistas provengan efectivamente de sus autores y puedan verificarse antes de ser considerados como soporte para cualquier decisión.
Un nuevo foco de atención para el Congreso
La denuncia presentada por Juan Manuel Charry añade un nuevo elemento de tensión a un proceso que ya enfrentaba cuestionamientos judiciales y políticos.
Mientras el Congreso continúa con la elección del nuevo Contralor General, ahora también deberá garantizar que la documentación utilizada dentro del concurso sea auténtica y que cualquier intento de alterar el proceso mediante documentos falsos sea investigado por las autoridades competentes.
Por ahora, el abogado dejó claro que el concepto que circuló con su nombre no fue elaborado por él ni por su firma, por lo que pidió que carezca de cualquier efecto dentro del procedimiento y que se identifique a los responsables de la presunta suplantación.