El Consejo de Estado revocó la medida cautelar que había suspendido provisionalmente el decreto mediante el cual el Gobierno nacional fijó un incremento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, decisión que representa un importante triunfo jurídico para la administración del presidente Gustavo Petro y que devuelve plena vigencia al acto administrativo mientras se adopta una decisión definitiva sobre su legalidad.
La determinación del alto tribunal se produjo después de estudiar un recurso de súplica presentado por el Gobierno, luego de que en febrero de este año una magistrada ordenara suspender temporalmente el decreto al considerar que existían posibles falencias en su justificación técnica y económica.
¿Qué había pasado con el aumento del salario mínimo?
El 29 de diciembre de 2025, el Ejecutivo expidió el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual estableció un incremento histórico del salario mínimo en Colombia, elevándolo a cerca de dos millones de pesos mensuales, sin incluir el auxilio de transporte. La decisión se tomó después de que empresarios, sindicatos y Gobierno no lograran llegar a un acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
Sin embargo, la medida fue demandada ante el Consejo de Estado por distintos sectores que argumentaron que el incremento no cumplía plenamente con los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996, especialmente en lo relacionado con variables como la productividad laboral, la inflación y el crecimiento económico.
En febrero de 2026, el alto tribunal ordenó la suspensión provisional del decreto y pidió al Gobierno expedir un acto administrativo transitorio mientras se resolvía el litigio de fondo. No obstante, el Ejecutivo insistió en que el incremento se ajustaba a la Constitución y defendió el concepto de «salario vital y móvil», argumentando que el objetivo era mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos.
La decisión que cambia nuevamente el panorama
Con la nueva determinación, la Sección Segunda del Consejo de Estado dejó sin efectos la suspensión provisional y permitió que el decreto continúe vigente mientras avanza el estudio definitivo de la demanda de nulidad. En términos prácticos, esto significa que el aumento del 23,7% mantiene su aplicación y no deberá modificarse por ahora.
La decisión no constituye un fallo definitivo sobre la legalidad del incremento, sino una resolución respecto a la medida cautelar adoptada meses atrás. El proceso judicial continuará y, en el futuro, el tribunal deberá emitir una sentencia de fondo que determine si el decreto se ajustó o no al ordenamiento jurídico colombiano.
Un aumento que divide opiniones
El incremento del salario mínimo ha generado un intenso debate entre economistas, empresarios, sindicatos y sectores políticos.
Por un lado, el Gobierno y organizaciones sindicales han defendido la medida señalando que permite recuperar el poder adquisitivo de millones de trabajadores, especialmente después de años de alta inflación y aumento en el costo de vida. Según el Ejecutivo, la política salarial busca reducir la desigualdad y fortalecer el consumo interno.
Por otro lado, algunos gremios empresariales y expertos han advertido que un incremento de esta magnitud podría aumentar los costos laborales, afectar la generación de empleo formal e incrementar la presión inflacionaria, particularmente en pequeñas y medianas empresas. También han cuestionado que el aumento supere ampliamente indicadores como la productividad y el crecimiento económico del país.
¿Qué sigue ahora?
Tras la revocatoria de la suspensión, el decreto recupera su estabilidad jurídica de manera temporal. Sin embargo, el Consejo de Estado aún deberá pronunciarse sobre la demanda de nulidad simple presentada contra el acto administrativo.
La sentencia definitiva podría tardar meses o incluso años, debido a la complejidad jurídica y económica del caso y al impacto que tiene sobre millones de trabajadores, empresas y las finanzas públicas del país. Hasta entonces, el incremento del 23,7% seguirá vigente.
La decisión también se produce en un contexto político particularmente sensible, debido a que el salario mínimo se ha convertido en uno de los principales estandartes sociales del Gobierno Petro y en uno de los temas económicos más discutidos de cara al panorama electoral de 2026.