Revés judicial para Petro: Consejo de Estado suspende decreto que reducía salarios de congresistas

A escasos días de la fecha fijada para su aplicación, el Consejo de Estado le puso un freno de mano definitivo a la entrada en vigencia del Decreto 0030 de 2026, expedido por el gobierno de Gustavo Petro con el propósito de recortar de forma sustancial los sueldos de los congresistas a partir de este próximo 20 de julio. El alto tribunal accedió a una solicitud de medida cautelar en el marco de una demanda que pretende tumbar por completo la norma bajo el argumento de que vulnera derechos adquiridos.

Un aspecto particular del proceso es que los seis magistrados de la Sección Segunda debieron declararse impedidos de forma unánime debido a que sus propios ingresos están indexados al salario de los legisladores. Ante esto, la decisión provisional fue proyectada y aprobada por un cuerpo de conjueces liderado por el ponente Héctor Santaella Quintero.

Las razones del freno judicial: Efecto dominó e inequidad salarial

Al evaluar la solicitud de suspensión, el despacho del conjuez ponente argumentó que el decreto presidencial acarrea vicios constitucionales y efectos colaterales graves para la estructura del poder público:

• Impacto en la Rama Judicial: Disminuir el salario de los congresistas arrastra de inmediato la remuneración de magistrados y otros altos cargos de la justicia. La ley colombiana prohíbe explícitamente desmejorar o disminuir los ingresos de los funcionarios judiciales, pues esto atenta contra la autonomía e independencia de la rama.
• Discriminación interna: La Sala advirtió que la norma de Petro creaba una brecha injustificada al establecer que funcionarios con la misma carga laboral, responsabilidades e idéntico cargo pasarían a cobrar sueldos diferentes dependiendo únicamente de si su fecha de vinculación era anterior o posterior al 20 de julio de 2026.
• Fuga de talentos: El auto del Consejo de Estado señala que un recorte intempestivo de esta naturaleza genera un riesgo plausible de desestimular la productividad, deteriorar el clima laboral dentro del aparato judicial y provocar una desbandada de los profesionales más capacitados hacia el sector privado.

El origen del Decreto 0030

La norma firmada por el Ejecutivo el pasado 19 de enero pretendía derogar de un plumazo el Decreto 2170 de 2013. Este último había reemplazado las antiguas primas de localización, salud y vivienda de los parlamentarios por una prima especial de servicios que hoy en día, tras los correspondientes reajustes anuales, ronda los COP 16 millones mensuales por congresista.

La demanda que dio pie a esta suspensión fue radicada por el abogado Sady Andrés Orjuela Bernal, quien calificó la disposición del Gobierno como una medida meramente «populista». La defensa jurídica del demandante sostiene que la eliminación de la prima constituye una medida abiertamente regresiva en materia de derechos sociales y laborales, lo cual vulnera de forma directa los principios de progresividad consagrados en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política.