El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos monitorea la actividad sísmica

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) lidera las estrategias de prevención y monitoreo sísmico permanente para preparar a la capital de la república ante eventuales emergencias telúricas. La entidad técnica cuenta actualmente con 25 puntos de monitoreo estratégico distribuidos por la ciudad que identifican de forma constante cualquier movimiento en la corteza terrestre. Por consiguiente, los ciudadanos pueden consultar las alertas en tiempo real a través de las plataformas del Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), una herramienta digital que categoriza los sismos según su aceleración e intensidad en un rango claro que va desde un nivel débil hasta una escala severa.

Por lo tanto, los ingenieros de la entidad operan un robusto entramado tecnológico que incluye 29 acelerógrafos especializados para medir la fuerza real del movimiento del suelo y estimar el impacto estructural en las diferentes localidades. Estos instrumentos aportan datos científicos de vital importancia, debido a que la actividad sísmica distrital responde directamente al movimiento de grietas en la corteza y fallas geológicas complejas. De igual manera, los geólogos centran su atención en la Falla Frontal de la Cordillera Oriental, una fractura subterránea ubicada a escasos 40 kilómetros de la ciudad que constituye la mayor amenaza sísmica latente para el territorio metropolitano.

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Asimismo, la microzonificación técnica divide los suelos de la ciudad según la forma específica en que responden y amplifican las ondas sísmicas superficiales. Esta variabilidad edáfica explica por qué los habitantes perciben un mismo temblor con intensidades diversas según el barrio donde se encuentren en ese momento. Con el fin de mitigar estos riesgos, el director del IDIGER, Guillermo Escobar, recordó que los constructores deben edificar respetando rigurosamente el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). Esta normativa sectorial obliga a los ingenieros y arquitectos a aplicar los requerimientos mínimos de diseño y supervisión técnica que salvaguardan la vida de los ocupantes ante un terremoto.

Por otra parte, los propietarios de apartamentos y las administraciones de propiedad horizontal asumen responsabilidades legales estrictas para proteger los patrimonios residenciales de la comunidad. La Ley 675 de 2001 exige a los conjuntos residenciales y edificios la adquisición obligatoria de un seguro de áreas comunes que cubra los daños estructurales ante la eventualidad de un siniestro sísmico. Adicionalmente, el instituto impulsa campañas de pedagogía comunitaria que invitan a los núcleos familiares a estructurar un plan familiar de gestión del riesgo detallado en siete pasos, un ejercicio autónomo que desmitifica falsas creencias sobre los terremotos y organiza los roles de evacuación de los hogares de manera segura.

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Las personas que planean comprar vivienda, los constructores independientes y las comunidades de copropietarios deben solicitar evaluaciones con profesionales calificados para verificar las condiciones estructurales de sus inmuebles vigentes. Los expertos sugieren exigir siempre las licencias de edificación en las curadurías urbanas, organizar simulacros de evacuación periódicos en las empresas y mantener a la mano un kit de emergencias bien dotado. Finalmente, los ciudadanos que presenten dudas sobre los mapas de microzonificación de sus localidades, necesiten asesoría técnica para el reforzamiento de sus viviendas o deseen radicar solicitudes institucionales cuentan con el soporte de la plataforma unificada Bogotá te Escucha.