La directora del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera política y personal. La funcionaria, que durante meses fue considerada una de las personas de mayor confianza del presidente Gustavo Petro, se encuentra incapacitada debido a problemas de salud mental que, según ella misma ha explicado ante las autoridades, se originaron tras las presiones, amenazas y conflictos internos que vivió en el Gobierno.
Rodríguez completó varias semanas alejada de sus funciones luego de presentar cuadros de ansiedad severa, insomnio, dolor en el pecho y un constante temor por su seguridad y la de su familia. De acuerdo con documentos citados por diferentes medios nacionales, su historia clínica registra diagnósticos relacionados con trastorno depresivo mayor y trastorno de ansiedad generalizada.
Las denuncias que sacudieron a la Casa de Nariño
La exdirectora del Dapre se convirtió en una figura incómoda dentro del Ejecutivo después de hacer públicas una serie de denuncias sobre supuestas irregularidades y luchas de poder al interior del Gobierno.
Entre sus señalamientos mencionó presuntos episodios de espionaje, disputas internas y supuestas presiones ejercidas por algunos funcionarios cercanos al poder. También afirmó que existía un ambiente hostil que terminó afectando gravemente su estado emocional y profesional.
Sus declaraciones generaron fuertes reacciones políticas y abrieron un nuevo capítulo de tensiones dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro, pues varios sectores pidieron investigaciones para esclarecer los hechos denunciados.
El presunto intento de envenenamiento
Uno de los aspectos más delicados de las denuncias de Rodríguez tiene relación con un supuesto intento de envenenamiento.
La funcionaria presentó una denuncia ante la Fiscalía en la que señaló a un exasesor del Fondo Adaptación, identificado públicamente como Miguel Ospino, de haberle suministrado en repetidas ocasiones pastillas y golosinas de origen desconocido que, según ella, terminaron afectando su salud física y mental.
Rodríguez aseguró que comenzó a notar una mejoría en su estado de salud después de que el funcionario dejara su cargo en abril de este año. No obstante, hasta el momento las autoridades continúan evaluando los hechos y no existe una decisión judicial definitiva sobre estas acusaciones.
Las amenazas y el temor por su seguridad
La situación también ha estado marcada por el miedo. Rodríguez ha manifestado públicamente que tanto ella como su familia han recibido amenazas y que incluso se vio obligada a modificar parte de su rutina y adoptar medidas de protección adicionales.
Ante un juez, la funcionaria pidió la prórroga de su esquema de seguridad, argumentando que continúa enfrentando riesgos derivados de las denuncias que realizó durante su paso por la Casa de Nariño. Sin embargo, la solicitud fue negada inicialmente, al considerarse que el esquema especial dependía de convenios administrativos asociados a su cargo actual.
Pese a ello, las autoridades indicaron que su nivel de riesgo podrá ser reevaluado mediante los procedimientos ordinarios de protección.
El conflicto con Carlos Carrillo
Otro de los capítulos más controversiales involucra al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.
Las diferencias entre ambos funcionarios se remontan a finales de 2025, cuando comenzaron los desacuerdos relacionados con la administración del Fondo Adaptación y la ejecución de recursos públicos.
Mientras Rodríguez denunció presuntas acciones de espionaje y maniobras en su contra, Carrillo respondió señalando posibles irregularidades dentro de la entidad y cuestionando la credibilidad de algunas de las acusaciones formuladas por la exdirectora del Dapre.
Este enfrentamiento profundizó la crisis política y alimentó las versiones sobre divisiones internas dentro del Gobierno nacional.
El deterioro de su salud mental
La funcionaria también acudió a mecanismos institucionales de apoyo, incluida la Línea Púrpura de Bogotá, buscando orientación ante la difícil situación emocional que enfrentaba.
En documentos remitidos a diferentes entidades del Estado, Rodríguez afirmó que su renuncia al Dapre no fue completamente voluntaria, sino que estuvo influenciada por circunstancias laborales e institucionales que terminaron afectando significativamente su bienestar emocional, psicológico y físico.
Según las revelaciones conocidas, el presidente Gustavo Petro, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones han sido informadas formalmente sobre su situación de salud y las denuncias relacionadas con su seguridad.
“Déjenme en paz”
En medio de la polémica, la frase que más ha llamado la atención es la petición realizada por la propia Angie Rodríguez:
“Déjenme en paz”.
La expresión resume el complejo momento que atraviesa la funcionaria, quien asegura haber sido víctima de amenazas, persecuciones y presiones que terminaron afectando seriamente su salud mental.
Mientras las investigaciones avanzan y las distintas denuncias son evaluadas por las autoridades competentes, el caso continúa generando repercusiones políticas y reabre el debate sobre las tensiones internas en el Gobierno, la protección de los denunciantes y la importancia de la salud mental en el ejercicio de cargos públicos.