La magnitud del desastre dejó al descubierto la debilidad del Estado y su limitada capacidad de respuesta durante las primeras horas tras los sismos. Los daños materiales se estiman en unos 6.700 millones de dólares, mientras que la reconstrucción requerirá mucho más que levantar edificios: también implica recuperar servicios públicos, capacidad administrativa y confianza institucional. Especialistas citados en el artículo atribuyen parte de la gravedad de los daños a décadas de deterioro institucional, deficiente planificación urbana y pérdida de capacidades técnicas del Estado. Algunos analistas proponen la creación de una Junta de Gobierno de Emergencia, integrada por expertos con autonomía para coordinar la reconstrucción y facilitar una eventual transición política. Se presenta como una propuesta debatida, no como una decisión adoptada. La tesis central es que reconstruir carreteras, hospitales y viviendas será insuficiente si no se reconstruyen también las instituciones públicas y la capacidad de gobernanza del país.
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