La mayor EPS del país reporta pérdidas récord en medio de la transición de Gobierno

La mayor EPS del país atraviesa una de las crisis financieras más profundas de su historia

La Nueva EPS, la entidad promotora de salud con el mayor número de afiliados en Colombia, llega al cambio de Gobierno enfrentando un panorama financiero sumamente complejo. Los estados financieros correspondientes a los años 2023 y 2024 revelaron pérdidas por aproximadamente $4,8 billones, pasivos que ascienden a $22,5 billones y un patrimonio negativo cercano a los $11,9 billones, cifras que han encendido las alarmas sobre la sostenibilidad de la entidad y del sistema de salud colombiano en general.

La publicación de estos estados financieros se produjo después de varios años sin que la entidad presentara oportunamente dicha información contable, situación que había generado cuestionamientos por parte de organismos de control, gremios del sector salud y usuarios.

Un déficit que supera ampliamente los activos de la entidad

De acuerdo con la información reportada ante la Superintendencia Nacional de Salud, al cierre de 2024 la Nueva EPS registró activos por cerca de $10,6 billones, mientras que sus obligaciones alcanzaron los $22,5 billones, lo que deja un patrimonio negativo de casi $12 billones.

Estas cifras reflejan que las deudas de la entidad son más del doble del valor de sus activos, una situación que representa un enorme desafío financiero y operativo para la EPS.

Según la administración actual, parte de este incremento en el pasivo obedece al reconocimiento contable de obligaciones acumuladas de años anteriores y facturas que no habían sido incorporadas adecuadamente en los balances financieros. La entidad sostiene que una porción importante de estas cuentas corresponde a servicios de salud que ya fueron prestados por hospitales, clínicas y demás instituciones de la red asistencial.

¿Por qué se produjeron pérdidas tan elevadas?

Los estados financieros muestran que durante 2024 la Nueva EPS recibió ingresos cercanos a $22,2 billones, mientras que los costos asociados a la prestación de servicios de salud ascendieron a aproximadamente $26,4 billones, generando una pérdida operacional de cerca de $4,8 billones en un solo año.

En términos simples, la entidad gastó mucho más dinero del que ingresó.

Diversos actores del sistema han señalado varias razones que explicarían este deterioro financiero:

Incremento de los costos médicos

Los costos de medicamentos, tratamientos especializados, tecnologías en salud y atención de enfermedades de alto costo han aumentado considerablemente durante los últimos años.

Acumulación de obligaciones históricas

La revisión contable realizada tras la intervención estatal habría permitido identificar facturas y obligaciones que no habían sido plenamente registradas en períodos anteriores.

Problemas estructurales del sistema

El debate sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, los recursos que el Estado gira por cada afiliado, ha sido uno de los principales puntos de discusión entre el Gobierno y las EPS.

La intervención del Gobierno y la controversia política

La Nueva EPS fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024 con el argumento de corregir problemas administrativos y financieros. Desde entonces, el Gobierno ha defendido la medida asegurando que permitió descubrir inconsistencias contables y obligaciones que no habían sido reconocidas previamente.

Sin embargo, críticos de la intervención sostienen que la situación financiera de la entidad se ha deteriorado aún más desde que pasó a estar bajo administración estatal.

Informes posteriores de organismos de control y análisis periodísticos han advertido que la deuda y el déficit de la EPS se incrementaron significativamente durante el periodo de intervención, generando preocupación por el futuro de más de 11 millones de afiliados, que dependen de la entidad para acceder a servicios médicos.

Las deudas con clínicas y hospitales

Uno de los principales problemas derivados de la crisis financiera de la Nueva EPS es el retraso en los pagos a hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos.

Aunque la entidad ha señalado que, después de procesos de conciliación y descuentos por giros realizados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), las obligaciones con la red prestadora serían cercanas a $13,2 billones, el monto continúa siendo extremadamente elevado.

Esta situación ha generado tensiones con diversas instituciones médicas del país, algunas de las cuales han advertido sobre posibles limitaciones en la prestación de servicios debido a la falta de pago.

¿Existe riesgo de liquidación?

Pese al delicado panorama financiero, la administración de la Nueva EPS ha insistido en que la entidad aún es viable y que actualmente se adelanta un proceso de reorganización empresarial para evitar su liquidación.

El agente especial interventor, Jorge Iván Ospina, ha manifestado que la meta es garantizar la continuidad en la atención de millones de usuarios y recuperar el equilibrio financiero mediante procesos de depuración contable, conciliación de deudas y fortalecimiento administrativo.

No obstante, expertos del sector consideran que la recuperación de la entidad requerirá decisiones de fondo y un amplio respaldo institucional, teniendo en cuenta el enorme volumen de obligaciones acumuladas.

Un desafío para el próximo Gobierno

La crisis de la Nueva EPS se ha convertido en uno de los principales retos para la nueva administración nacional. La entidad concentra una parte importante de los afiliados del sistema de salud colombiano, por lo que cualquier decisión sobre su futuro tendrá repercusiones directas en millones de ciudadanos.

El próximo Gobierno deberá enfrentar un escenario marcado por altos niveles de endeudamiento, crecientes presiones fiscales y un sistema de salud que continúa debatiendo reformas estructurales para garantizar su sostenibilidad financiera y operativa.

Por ahora, las cifras conocidas evidencian la magnitud del desafío: una EPS con pérdidas multimillonarias, patrimonio negativo y deudas que superan ampliamente sus activos, en un momento crucial para el futuro del sistema de salud colombiano.