Fines de semana hábiles en el Dapre generan sospechas en la recta final del Gobierno

Contexto: una decisión en plena recta final del Gobierno

A menos de un mes del cambio de mando presidencial en Colombia, una decisión del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ha desatado una fuerte polémica política. Se trata de la expedición de la Resolución 0478 del 6 de julio de 2026, mediante la cual se declararon hábiles varios fines de semana y festivos previos a la posesión de Abelardo de la Espriella.

La medida se tomó en el contexto del cierre del gobierno saliente y del proceso de empalme con la nueva administración. Sin embargo, lejos de pasar desapercibida, ha generado cuestionamientos desde sectores de la oposición que ven en esta decisión un posible intento de acelerar procesos contractuales antes del cambio de poder.

Según el documento oficial, los días habilitados incluyen 11, 12, 18, 19, 20, 25 y 26 de julio, así como el 1 y 2 de agosto, fechas que normalmente serían no laborables.

¿Qué implica la medida del Dapre?

El acto administrativo establece que estos días serán considerados hábiles exclusivamente para efectos de trámites contractuales, administrativos y presupuestales dentro del Dapre.

Esto significa que:

• Se pueden adelantar procesos de contratación estatal en todas sus etapas.
• Se agilizan términos legales de licitaciones, adjudicaciones y otros procedimientos.
• No implica automáticamente pago de horas extras para funcionarios públicos.

Desde el Gobierno saliente, la justificación se centra en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público y la correcta gestión durante el empalme gubernamental.

Críticas: “Escandaloso” y sospechas sobre contratación

La controversia se encendió tras las declaraciones de la exsenadora María Fernanda Cabal, quien calificó la decisión como “escandalosa” y cuestionó la urgencia de adelantar contratos en los últimos días del gobierno.

Entre los principales cuestionamientos están:

• ¿Por qué acelerar contratos a pocas semanas del cambio de gobierno?
• ¿Se están comprometiendo recursos del Estado para la administración entrante?
• ¿Qué tipo de contratos requieren ser tramitados con tanta urgencia?

Cabal incluso pidió la intervención de la Contraloría, argumentando que la medida podría estar relacionada con la firma de contratos antes de la llegada del nuevo Ejecutivo.

Otros sectores políticos también han expresado preocupación, señalando que durante los cuatro años de gobierno no se evidenció la misma urgencia para habilitar días no laborales, lo que aumenta las suspicacias.

El trasfondo político: empalme tenso y transición conflictiva

La polémica no ocurre en el vacío. Se da en medio de un ambiente político especialmente tenso entre el gobierno saliente y el presidente electo Abelardo de la Espriella.

En los últimos días, el proceso de empalme ha estado marcado por:

• Acusaciones de irregularidades por parte del nuevo mandatario.
• Decisiones unilaterales como la suspensión del empalme.
• Un clima de desconfianza institucional entre ambos equipos.

En este contexto, la decisión del Dapre adquiere una dimensión política mayor, ya que algunos sectores consideran que podría afectar la transparencia del cierre administrativo del actual gobierno.

¿Es legal declarar hábiles los fines de semana?

Desde el punto de vista jurídico, este tipo de medidas no son necesariamente irregulares. Las entidades públicas pueden declarar días hábiles de forma excepcional para efectos administrativos, especialmente cuando se trata de garantizar continuidad en procesos internos.

No obstante, el debate no gira tanto en torno a la legalidad, sino a la oportunidad política y la transparencia de la decisión.

Lo que está en juego

La controversia refleja una tensión más profunda sobre cómo deben manejarse los últimos días de un gobierno:

• Para el Ejecutivo saliente: se trata de cumplir con obligaciones administrativas pendientes.
• Para la oposición y el gobierno entrante: existe el riesgo de que se “amarren” contratos o decisiones que condicionen la próxima administración.

En un escenario de transición ya marcado por conflictos, este tipo de decisiones tienden a amplificar la desconfianza y el debate público.