El exvocero de la mesa de diálogos cuestionó el manejo del proceso de paz urbana y afirmó que el evento de La Alpujarra terminó convertido en una disputa política, mientras el Gobierno rechazó sus señalamientos.

Más de un año después del polémico «tarimazo» realizado en Medellín, Freyner Alfonso Ramírez García, conocido con el alias de Carlos Pesebre, volvió a pronunciarse públicamente sobre uno de los episodios más controvertidos de la estrategia de Paz Total del Gobierno nacional.

Durante una entrevista concedida a Caracol Radio y a la Unidad Investigativa del medio, el exvocero de las estructuras criminales que participan en la mesa de diálogos sociojurídicos aseguró que tanto él como los demás participantes fueron utilizados con fines políticos durante el acto realizado el 21 de junio de 2025 en la Plaza de La Alpujarra, en Medellín.

Sus declaraciones reabrieron un debate que permanece vigente tanto en el escenario político como en el judicial, debido a las investigaciones relacionadas con el traslado de varios jefes de organizaciones criminales desde la cárcel de Itagüí para participar en el evento junto al presidente Gustavo Petro y otros funcionarios del Gobierno.

¿Qué fue el «tarimazo» de La Alpujarra?

El denominado «tarimazo» ocurrió el 21 de junio de 2025 durante un acto público convocado por el Gobierno Nacional en Medellín para presentar avances de la mesa de paz urbana que sostiene conversaciones con diferentes estructuras criminales del Valle de Aburrá.

El evento generó una fuerte controversia porque varios cabecillas privados de la libertad fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí hasta la Plaza de La Alpujarra, donde compartieron escenario con el presidente Gustavo Petro y altos funcionarios del Ejecutivo.

Desde entonces, distintos sectores políticos cuestionaron la legalidad del traslado, la organización del acto y el mensaje institucional que representó la presencia pública de los jefes criminales, mientras el Gobierno defendió el encuentro como parte de su estrategia de construcción de paz urbana.

«Nos usaron políticamente», asegura Carlos Pesebre

En la entrevista, Carlos Pesebre afirmó que los voceros fueron informados previamente de que asistirían a un evento cuyo objetivo era presentar oficialmente a la ciudadanía los avances alcanzados por la mesa de diálogo, así como anunciar diferentes programas sociales dirigidos a las comunidades.

Sin embargo, sostuvo que el desarrollo del acto tomó un rumbo distinto.

Según explicó, lo que inicialmente les fue presentado como un escenario para fortalecer el proceso de paz terminó convirtiéndose en una plataforma de confrontación política entre el Gobierno Nacional y la administración distrital de Medellín.

De acuerdo con el exvocero, esa situación terminó afectando la credibilidad del proceso de diálogo y deterioró el ambiente necesario para continuar las conversaciones. Además, aseguró que la mesa terminó siendo utilizada como un «arma política», alejándose del propósito original con el que, según él, fueron convocados.

Críticas al manejo de la mesa de paz urbana

Las declaraciones de Carlos Pesebre no se limitaron al episodio del «tarimazo».

También cuestionó la metodología utilizada durante el proceso de conversaciones con las estructuras criminales y reiteró críticas que ya había formulado meses atrás cuando anunció su retiro como vocero de la mesa.

Entre sus principales reparos señaló:

  • Falta de una metodología clara para conducir los diálogos.
  • Escasa seguridad jurídica para los participantes.
  • Ausencia de garantías ofrecidas por el Estado.
  • Improvisación durante el desarrollo del proceso.
  • Poca claridad sobre los objetivos y compromisos adquiridos.

Estas críticas coinciden con las razones que expuso en febrero de 2026 al comunicar su renuncia como vocero principal de los diálogos sociojurídicos, cuando aseguró que el proceso había llegado a un punto muerto y que existía una creciente incertidumbre jurídica para quienes participaban en él.

Pese a las críticas, reconoce algunos avances

Aunque lanzó fuertes cuestionamientos contra el desarrollo de la mesa, Carlos Pesebre reconoció que durante el proceso sí se presentaron algunos resultados positivos.

Entre ellos mencionó la reducción de homicidios y de enfrentamientos entre estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá durante el tiempo en que avanzaron los diálogos, resultados que atribuyó a los compromisos alcanzados entre los diferentes actores involucrados.

No obstante, insistió en que esos avances terminaron opacados por el uso político que, desde su perspectiva, se dio al proceso de paz urbana.

El Gobierno respondió a las acusaciones

Las declaraciones del exvocero no tardaron en recibir respuesta.

La senadora Isabel Zuleta, quien coordina la delegación del Gobierno en la mesa de conversaciones, rechazó la versión de Carlos Pesebre y negó que el «tarimazo» hubiera tenido fines políticos.

La congresista sostuvo que el propósito del evento era mostrar los resultados alcanzados por la mesa de paz urbana y visibilizar iniciativas enfocadas en la reducción de la violencia y el desarrollo de programas dirigidos a niños, jóvenes y comunidades vulnerables.

Además, afirmó que muchas de las dificultades enfrentadas por el proceso obedecen a la ausencia de un marco legal de sometimiento, iniciativa que, según explicó, no prosperó en el Congreso de la República pese a los intentos del Gobierno por impulsarla.

El episodio continúa bajo investigación

El «tarimazo» continúa teniendo repercusiones judiciales e institucionales.

En enero de 2026, un juzgado de Medellín denunció presuntas irregularidades relacionadas con la autorización del traslado de Carlos Pesebre para asistir al evento, lo que volvió a poner el caso en el centro del debate nacional.

Paralelamente, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa sobre la actuación del presidente Gustavo Petro en relación con ese acto público, luego de denuncias presentadas por sectores de oposición que cuestionaron la utilización de recursos públicos y la presencia de personas privadas de la libertad durante el evento oficial.

Mientras avanzan esas investigaciones, las recientes declaraciones de Carlos Pesebre añaden un nuevo elemento a la discusión sobre la estrategia de Paz Total, la conducción de los diálogos urbanos y el impacto político que dejó uno de los actos más polémicos del Gobierno en materia de seguridad y paz.