La Fiscalía General de la Nación decidió no acceder a la solicitud presentada por la Procuraduría General para aplazar la diligencia de indagatoria programada para el próximo 24 de julio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con esta determinación, el cronograma judicial permanece sin modificaciones.
La Procuraduría había solicitado reprogramar la audiencia al considerar que aún existen pruebas relevantes pendientes de practicar dentro de la investigación. Sin embargo, el ente acusador concluyó que cuenta con suficientes elementos para continuar con la diligencia en la fecha prevista.
El proceso judicial está relacionado con los presuntos vínculos del exmandatario con estructuras paramilitares en Antioquia, en hechos que incluyen las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Ituango entre 1996 y 1997, así como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
Tras conocerse la decisión, Uribe cuestionó públicamente la actuación de la Fiscalía. A través de sus redes sociales aseguró que la entidad sostiene que existen elementos para inferir su posible participación en delitos de lesa humanidad y afirmó que la actuación del ente investigador responde a intereses políticos. Además, insistió en que la falta de pruebas pendientes limita su derecho a ejercer una defensa adecuada durante la indagatoria.
El expresidente ya había manifestado su inconformidad cuando fue notificado de la citación a indagatoria, señalando que la decisión era prematura debido a que, según su criterio, aún faltan actuaciones probatorias fundamentales para esclarecer los hechos investigados.