El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que manifestó su preocupación por lo que considera una creciente amenaza política contra él y contra el movimiento popular que lo llevó al poder en las elecciones de 2022 y que, según afirmó, también obtuvo un nuevo triunfo en 2026. El mandatario aseguró que en Colombia se está reemplazando la «política del amor y el entendimiento» por una política basada en la venganza o la «vendetta», la cual, según él, no solo está dirigida contra su persona, sino contra millones de ciudadanos que respaldan su proyecto político.
Petro sostuvo que las elecciones estuvieron marcadas por una fuerte injerencia extranjera, no solo mediante discursos, sino también a través de recursos económicos y sistemas tecnológicos. Aunque no presentó detalles sobre estas afirmaciones, aseguró que estas acciones buscaron afectar el proceso democrático. Frente a este panorama, hizo un llamado a responder con argumentos cuando las amenazas se expresen en el ámbito político, pero también con una amplia organización social cuando dichas amenazas se conviertan en hechos concretos.
El presidente afirmó que existe un intento de encarcelarlo pese a que, según él, no ha cometido ningún delito. Consideró que este tipo de acciones tienen como verdadero objetivo intimidar a la sociedad para frenar la participación ciudadana y la movilización popular. En ese sentido, señaló que la resistencia pacífica debe ser la respuesta frente a cualquier intento de limitar las libertades democráticas y sostuvo que el próximo gobierno será el encargado de decidir si Colombia mantiene un sistema democrático o avanza hacia lo que calificó como un escenario de carácter fascista.
En su mensaje, Petro insistió en que la prioridad del movimiento progresista no debe centrarse en las futuras candidaturas o en los liderazgos individuales, sino en fortalecer la organización de las comunidades y los territorios. Señaló que ningún líder puede construirse sin el respaldo de su pueblo y defendió la consulta popular como una herramienta para fortalecer la participación ciudadana. Además, propuso consolidar una «Gran Alianza por la Vida», que reúna a distintos sectores sociales en defensa de las reformas impulsadas por su gobierno.
El mandatario también expresó su preocupación por el futuro de varias reformas sociales. Sobre la reforma laboral, afirmó que el salario digno estaría amenazado por la posibilidad de ampliar la contratación por horas. Respecto a la reforma pensional, sostuvo que esta no solo busca garantizar el derecho a una pensión para más colombianos, sino también evitar una crisis en los fondos privados de pensiones, que, según él, podrían enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones.
En cuanto a la reforma agraria, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la jurisdicción agraria, Petro aseguró que estas hacen parte de los pilares fundamentales del Acuerdo de Paz. Afirmó que el debilitamiento de ese acuerdo durante administraciones anteriores favoreció el aumento de los cultivos de hoja de coca y el regreso de la violencia armada en regiones que anteriormente habían experimentado una disminución del conflicto tras la desmovilización de las FARC. Asimismo, defendió la política de paz de su gobierno y aseguró que durante su administración se han reducido las hectáreas sembradas con coca. En su opinión, la desigual distribución de la tierra continúa siendo una de las principales causas de la violencia y del narcotráfico en Colombia.
Finalmente, Petro enfatizó que la defensa de las reformas sociales no debe entenderse como una lucha en favor de su persona ni de un dirigente político específico. Señaló que cualquier intento por desmontar esas reformas afectaría directamente a los ciudadanos que votaron por el proyecto progresista y también a quienes respaldaron otras opciones políticas, como la candidatura de Abelardo de la Espriella. Concluyó haciendo un llamado a la organización política, social y territorial para responder de manera masiva, democrática y pacífica frente a lo que considera una amenaza contra las transformaciones impulsadas por su gobierno, afirmando que la verdadera lucha debe ser «por la vida» y no por intereses personales o partidistas.