Colombia elige nuevo presidente, ¿cómo se abordan las promesas de cambios totales?

Con la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente, se acrecienta una alta expectativa política ante un gobierno que se desmarca totalmente del continuismo y promete hacer cambios importantes frente a la presidencia anterior. Pero esto no es tan sencillo como parece.

La retórica del cambio es clave para captar el descontento social de la población, pero aunque alimenta el deseo de configurar un nuevo país en cuatro años, estas pocas veces se materializan en términos absolutos.

El freno está en que la acción gubernamental se encuentra condicionada por el marco constitucional, jurídico e institucional vigente, limitando cualquier intento de cambio radical e inmediato. Así lo explica Jara Rodríguez Fariñas, profesora titular y directora del Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Valencia – VIU, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades.

“El mantenimiento de este discurso rupturista, aun cuando no se traduzca en cambios absolutos, afecta a la estabilidad y a la previsibilidad del país, generando riesgos tanto a nivel interno como internacional”, advierte la experta. “La idea de una ruptura total suele implicar costes políticos, económicos e institucionales significativos, ya que este tipo de discurso tiende a polarizar a la sociedad en una dicotomía entre ‘todo bueno’ y ‘todo malo’ […] dificulta el diálogo y la construcción de acuerdos, lo que finalmente complica la gobernabilidad y la sostenibilidad de políticas públicas a largo plazo”.

La volatilidad en las decisiones gubernamentales puede deteriorar la reputación internacional y la seguridad jurídica, ambos esenciales para la atracción de capitales y la cooperación internacional. Alterar drásticamente los compromisos del Estado puede generar cancelaciones de contratos, programas económicos o tratados bilaterales, abriendo la puerta a litigios internacionales y sanciones que comprometen el crecimiento económico y la generación de empleo en la región.

Para evitar estos riesgos, la gestión pública efectiva requiere de un balance entre el cambio y la estabilidad, entendiendo que las reformas deben basarse en criterios técnicos de evaluación y no en la eliminación sistemática de programas previos por razones estrictamente ideológicas o de partido.

“Romper con todo lo anterior significa eliminar programas sin una evaluación previa, reemplazar técnicos y acabar, en muchos casos, politizando la administración pública”, señala Rodríguez Fariñas. “Así, se acaba reduciendo la capacidad del Estado para realmente implantar políticas eficaces que acaban afectando a servicios públicos básicos. Y a nivel internacional, estas rupturas generan también desconfianza externa, ya que tantos los demás países como los organismos e inversionistas internacionales valoran la previsibilidad”.

El verdadero desafío de los sistemas democráticos está en armonizar la continuidad de las reglas fundamentales del Estado con la legitimidad de un nuevo mandato que busca introducir reformas. Si bien el triunfo electoral faculta a un partido para modificar las prioridades estratégicas y la dirección política, esto no le otorga una patente para desmantelar las estructuras básicas ni los acuerdos previos que garantizan el funcionamiento del país.

La estabilidad democrática depende de la capacidad de canalizar las transformaciones dentro del marco de la legalidad, utilizando mecanismos de participación y representación que aseguren el respaldo social de las mayorías, de modo que el Estado continúe siendo funcional más allá de los ciclos electorales.

“Los resultados políticos legitiman al partido ganador para cambiar prioridades políticas, pero no para desmantelar todas las políticas, programas y acuerdos previos. La clave está en evaluar qué funciona y qué no, cambiar objetivos estratégicos es lícito, pero no destruir estructuras básicas”, concluye la experta de VIU. “El equilibrio se logrará cuando las reformas institucionales que se lleven a cabo sean impulsadas y aceptadas por la mayoría de la ciudadanía y siempre dentro del marco legal, garantizando que el Estado siga siendo funcional y representativo”.