Escándalo en la Alcaldía de Tunja

 Maira Jimena González, secretaria de Cultura y Turismo de Tunja/foto: archivo particular.

Una denuncia ciudadana presentada ante la Procuraduría General de la Nación ha puesto bajo la lupa el nombramiento de la actual secretaria de Cultura y Turismo de Tunja, Maira Jimena González, designada por la alcaldesa encargada María Paula Jiménez Gómez, en medio de cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos del cargo.

Hechos

Según el radicado E-2026-325213, fechado el 9 de junio de 2026, la queja señala un posible incumplimiento del manual de funciones y competencias laborales vigente en la administración municipal. El documento invoca el Decreto 005 del 2 de enero de 2023 y la Ley 909 de 2004, normas que regulan el empleo público y los principios de mérito e idoneidad en la función administrativa.

De acuerdo con la denuncia, la funcionaria designada no acreditaría la experiencia suficiente en el sector público, ya que su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito privado. Asimismo, los denunciantes advierten que, dentro del manual de funciones aplicable a la Secretaría de Cultura y Turismo, no se contempla el núcleo básico de conocimiento en Arquitectura como profesión habilitada para el cargo.

El manual establece perfiles en áreas como Artes, Ciencias Sociales, Comunicación Social, Derecho, Administración, Economía, Psicología, Sociología e Ingeniería, entre otros campos relacionados con la gestión cultural y administrativa, sin mencionar explícitamente la formación en Arquitectura como requisito o afinidad directa.

Reacción
La veeduría ciudadana que presentó el caso solicitó a los organismos de control revisar la legalidad del nombramiento, al considerar que podría haberse vulnerado el principio de selección por mérito y la correcta aplicación de las normas de carrera administrativa.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía de Tunja frente a los señalamientos contenidos en la denuncia. El caso ahora queda en manos de los entes de control, que deberán determinar si existieron irregularidades en el proceso de designación o si, por el contrario, el nombramiento se ajusta a los criterios legales establecidos para este tipo de cargos directivos en la administración pública municipal.