Empresarios de Puerto Boyacá denunciaron presuntos excesos durante operativos de control realizados en establecimientos nocturnos. Los comerciantes preparan acciones formales ante la Policía Nacional mientras solicitan espacios de diálogo para revisar las medidas adoptadas.
La polémica crece en Puerto Boyacá luego de que varios propietarios de bares, discotecas y establecimientos nocturnos denunciaran presuntas irregularidades en algunos procedimientos de control adelantados por las autoridades.
Según los comerciantes, durante los últimos meses se han intensificado las visitas de inspección a los negocios del sector, situación que, afirman, ha generado cierres temporales, sanciones administrativas y afectaciones económicas para decenas de familias que dependen de esta actividad comercial.
Los empresarios sostienen que existe preocupación por lo que consideran una aplicación excesivamente restrictiva de los controles, especialmente en establecimientos que aseguran contar con la documentación exigida por la normatividad vigente y cumplir con sus obligaciones tributarias.
De acuerdo con los denunciantes, las medidas han impactado no solo a los propietarios, sino también a empleados, proveedores y trabajadores vinculados a la actividad nocturna del municipio.
Ante este panorama, representantes del gremio anunciaron la preparación de un derecho de petición que será remitido al Departamento de Policía Magdalena Medio con el propósito de solicitar una revisión de las actuaciones denunciadas.
En el documento también pedirán que se evalúe la situación administrativa relacionada con los procedimientos adelantados en los últimos meses y se analicen los reclamos planteados por el sector.
Los comerciantes aseguran que el entretenimiento nocturno constituye una fuente importante de empleo y dinamización económica para Puerto Boyacá, razón por la cual consideran necesario fortalecer los canales de comunicación entre las autoridades y los empresarios.
Asimismo, insistieron en la necesidad de construir mecanismos de concertación que permitan garantizar el cumplimiento de las normas sin afectar el desarrollo de las actividades económicas legales.
Por ahora, las denuncias permanecen en conocimiento de las autoridades competentes, mientras los empresarios esperan respuestas institucionales que permitan aclarar la situación.
Entre tanto, el debate continúa abierto en el municipio sobre el equilibrio que debe existir entre las labores de control, la seguridad ciudadana y la protección de la actividad comercial.