Abuso de poder le costó el cargo: Procuraduría destituyó a subintendente en Valle del Cauca

Decisión disciplinaria por violencia de género dentro de la institución

La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por 12 años de un subintendente de la Policía Nacional que agredió físicamente a una patrullera en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, en un caso que ha generado rechazo por tratarse de violencia al interior de la misma institución.

El uniformado, identificado como Guillermo Alexander Chacón López, fue sancionado tras un fallo en segunda instancia emitido por la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Valle del Cauca, que determinó que incurrió en una falta gravísima al abusar de su posición jerárquica.

La decisión implica su salida definitiva de la Policía y la imposibilidad de ejercer cargos públicos durante más de una década.

Los hechos: agresión en una subestación policial

Según el ente de control, los hechos ocurrieron en 2024 dentro de la subestación de Policía de Zaragoza, en Cartago. Allí, el subintendente agredió físicamente a la patrullera, en un contexto que, según el disciplinado, era “privado”.

Sin embargo, la Procuraduría fue enfática en señalar que ese argumento no justifica ni atenúa la gravedad de lo ocurrido, especialmente tratándose de miembros activos de la fuerza pública.

El organismo concluyó que el uniformado utilizó su posición de superioridad jerárquica para ejercer comportamientos agresivos, lo que constituye un abuso de poder dentro de la institución.

Fallo con enfoque de género

Uno de los aspectos clave del caso fue el análisis con perspectiva de género.

La Procuraduría determinó que la agresión no fue un hecho aislado, sino un acto de violencia basado en la condición de mujer de la víctima, lo que agrava la conducta y refuerza la sanción disciplinaria.

En ese sentido, el Ministerio Público estableció que el subintendente vulneró principios fundamentales como:

• Legalidad
• Disciplina
• Moralidad
• Proporcionalidad
• Protección de los derechos humanos

Además, calificó la conducta como falta gravísima cometida a título de dolo, es decir, con intención.

Una sanción ejemplar dentro de la fuerza pública

La decisión se enmarca en una política más amplia de sanciones disciplinarias frente a abusos dentro de la fuerza pública.

La Procuraduría ha reiterado que este tipo de comportamientos representan una ruptura grave de los valores institucionales, especialmente en lo relacionado con el respeto, la jerarquía y la protección de los derechos al interior de la Policía.

Casos similares en años recientes muestran una tendencia del organismo a endurecer sanciones frente a conductas que impliquen violencia, abuso de autoridad o vulneración de derechos, tanto contra ciudadanos como entre uniformados.

Impacto y mensaje institucional

Este caso envía un mensaje claro sobre la cero tolerancia frente a la violencia de género y el abuso de poder dentro de las instituciones del Estado.

La Procuraduría subrayó que ninguna relación personal ni contexto privado puede justificar agresiones, especialmente cuando existe una relación jerárquica que agrava la conducta.

La sanción también busca proteger a las víctimas dentro de la fuerza pública y fortalecer la confianza ciudadana en los mecanismos de control disciplinario.