Gobierno regulará el trabajo en cárceles: internos deberán recibir pago y acceso a seguridad social

El Gobierno nacional avanza en una transformación histórica del sistema laboral penitenciario en Colombia. A través de la Resolución 5130 de 2023 y nuevos ajustes proyectados para 2026, el Ministerio del Trabajo busca garantizar condiciones dignas para las personas privadas de la libertad que desarrollen actividades productivas dentro de los centros penitenciarios del país.

La iniciativa pretende beneficiar a más de 104.000 internos distribuidos en 125 cárceles, bajo un modelo que prioriza derechos laborales, acceso a remuneración, seguridad social y protección frente a riesgos derivados del trabajo.

Se acaba el trabajo sin remuneración en las cárceles

Uno de los puntos más importantes de la nueva regulación es la eliminación del trabajo no remunerado dentro de los establecimientos penitenciarios. El Gobierno dejó claro que ninguna persona privada de la libertad podrá desempeñar funciones sin recibir una compensación económica.

La medida representa un cambio estructural en el sistema carcelario colombiano, donde históricamente muchos internos realizaban actividades sin garantías laborales ni pagos formales.

Desde el Ministerio del Trabajo se explicó que el objetivo es avanzar hacia un modelo de resocialización basado en la dignificación laboral y en la preparación de los internos para su reintegración a la vida productiva una vez recuperen la libertad.

Las tres modalidades de trabajo para internos

La normativa establece tres modalidades de vinculación laboral para las personas privadas de la libertad.

Trabajo directo dentro de las cárceles

La primera modalidad corresponde al trabajo desarrollado al interior de los centros penitenciarios. En estos casos, los pagos serán proporcionales al tiempo laborado y tendrán actualizaciones anuales de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este esquema busca formalizar labores que ya se realizan en diferentes cárceles del país, como manufactura, mantenimiento, cocina y producción artesanal.

Trabajo indirecto con empresas y entidades

La segunda modalidad contempla el trabajo indirecto, mediante convenios con entidades públicas, empresas privadas o personas naturales. Bajo esta figura, los internos deberán recibir una remuneración equivalente al salario mínimo legal vigente.

Con esta alternativa, el Gobierno busca fortalecer alianzas que permitan ampliar las oportunidades laborales y de capacitación para la población carcelaria.

Trabajo independiente para privados de la libertad

La tercera opción será el trabajo independiente. Los internos podrán desarrollar actividades económicas por cuenta propia, adquiriendo sus insumos y gestionando sus proyectos productivos dentro de los límites establecidos por las autoridades penitenciarias.

El modelo pretende incentivar el emprendimiento y generar herramientas que faciliten la autonomía económica durante y después de la condena.

Habrá acceso a pensión y seguridad social

Otro de los cambios relevantes es la inclusión de mecanismos de protección social. La regulación abre la puerta para que las personas privadas de la libertad puedan cotizar al Sistema General de Pensiones.

Quienes reciban ingresos iguales o superiores al salario mínimo deberán aportar de manera obligatoria. En contraste, quienes ganen menos del salario mínimo y tengan menos de 65 años podrán acceder al programa Colpensiones mediante los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Este sistema contempla un subsidio estatal del 20 %, permitiendo que los internos acumulen un ahorro para su etapa de retiro.

Jornada laboral y protección frente a riesgos

La normativa también fija límites claros para las jornadas de trabajo dentro de los establecimientos penitenciarios. Según el nuevo esquema, los internos no podrán laborar más de ocho horas diarias y tendrán derecho al descanso.

Además, será obligatoria la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, con el propósito de cubrir accidentes o enfermedades relacionadas con las actividades desempeñadas.

El Ejecutivo considera que estas medidas son fundamentales para construir un sistema penitenciario más humano y orientado a la resocialización efectiva.

Un modelo que apuesta por la reintegración social

Con esta reforma, el Gobierno busca transformar el trabajo penitenciario en una herramienta real de reintegración social. La formalización laboral, el acceso a derechos y la posibilidad de generar ingresos buscan reducir la reincidencia y ofrecer nuevas oportunidades a quienes cumplen condenas en Colombia.

La implementación gradual de estas medidas marcaría uno de los cambios más importantes en materia laboral y penitenciaria de los últimos años, abriendo el debate sobre el papel del trabajo como mecanismo de dignificación y reconstrucción social dentro de las cárceles del país.