David Alejandro Ávila, abogado. Foto: Archivo particular.
La controversia en torno al presunto enriquecimiento sin justa causa del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, continúa escalando tras la reciente respuesta del abogado David Alejandro Ávila, quien reafirmó la solidez de la denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia. El jurista insistió en que el proceso no se basa en apreciaciones subjetivas, sino en un conjunto de elementos que, según su versión, incluyen pruebas documentales, declaraciones de testigos y análisis provenientes de investigaciones periodísticas difundidas por medios de alcance nacional.
Ávila cuestionó de manera directa la postura del mandatario, quien ha señalado públicamente que las acusaciones en su contra corresponden a “mentiras y falsedades”. Frente a ello, el abogado sostuvo que desestimar la denuncia bajo ese argumento desconoce el material probatorio que ya fue puesto a consideración de la autoridad judicial competente. En ese sentido, recalcó que será la Corte Suprema la encargada de determinar la veracidad de los hechos y de establecer si existen o no elementos que configuren irregularidades dentro del caso.
El abogado también rechazó que el proceso tenga motivaciones políticas, como lo ha sugerido el entorno del gobernador, y aseguró que el objetivo de la acción es estrictamente jurídico. Según explicó, la denuncia busca que se revisen posibles inconsistencias patrimoniales y actuaciones que podrían requerir una verificación más profunda por parte de la Sala de Instrucción.
Adicionalmente, Ávila anunció que en las próximas semanas ampliará la denuncia inicial con nuevos elementos de prueba, lo que podría fortalecer el expediente y abrir la puerta a nuevas líneas de investigación. Esta ampliación, indicó, pretende aportar mayor claridad al análisis judicial y permitir una evaluación más robusta de los hechos.
Por ahora, el caso se mantiene en etapa preliminar, sin decisiones de fondo, pero con un creciente interés público y jurídico. La defensa del denunciante insiste en que existen suficientes soportes para que el proceso continúe su curso, mientras que el gobernador mantiene su posición de rechazo a las acusaciones.