Por qué la Andi pidió mantener el aumento del 23,7% del salario a pesar de advertir riesgos inflacionarios: “Sería muy complejo”

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) solicitó mantener el aumento del 23,7 % del salario mínimo para 2026, pese a reconocer que la medida podría generar presiones inflacionarias y dificultades económicas para algunos sectores productivos.

El incremento, decretado por el Gobierno Nacional, fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado, al considerar que el ajuste no cumplía estrictamente los criterios legales vinculados a inflación y productividad. Sin embargo, mientras se define un nuevo decreto transitorio, el aumento continúa aplicándose.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, señaló que revertir el incremento sería “muy complejo”, ya que millones de trabajadores han incorporado ese ingreso adicional a sus presupuestos familiares. Según explicó, una reducción posterior podría generar un impacto social significativo y afectar la confianza en las decisiones institucionales.

No obstante, el gremio empresarial advirtió que un aumento de esta magnitud puede traducirse en mayores costos laborales, presión sobre los precios y complicaciones especialmente para pequeñas y medianas empresas. Desde su perspectiva, aunque existen riesgos macroeconómicos, dar marcha atrás en este momento podría resultar aún más problemático.

El debate ahora se traslada a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, instancia en la que Gobierno, empresarios y trabajadores deberán analizar la expedición de un nuevo decreto que cumpla los requisitos normativos sin generar un choque económico o social.

En el trasfondo de la discusión se encuentra la estabilidad de precios y el impacto sobre la inflación en Colombia, un tema que también es seguido de cerca por el Banco de la República. Expertos advierten que incrementos salariales por encima de la productividad pueden trasladarse a mayores precios, afectando el poder adquisitivo general.

La decisión final marcará el rumbo económico de 2026 y definirá el equilibrio entre la protección del ingreso de los trabajadores y la sostenibilidad empresarial en un contexto de incertidumbre económica.