Presidente ordena perseguir compra de votos tras revelaciones sobre presunta corrupción en Barranquilla

El presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente a una investigación periodística que señala al senador conservador Efraín Cepeda de haber solicitado presuntamente $300 millones en coimas asociadas a contratos públicos en Barranquilla. A raíz de estas revelaciones, el mandatario impartió una orden directa a la Policía de la región Caribe para que priorice la persecución de los compradores de votos, práctica que, según afirmó, está estrechamente ligada a redes de corrupción y criminalidad organizada.

La respuesta presidencial se produjo luego de que la Revista RAYA publicara chats y testimonios que vincularían a Cepeda con un esquema de corrupción en la contratación pública, específicamente relacionado con un contrato destinado a la ampliación de la cárcel El Bosque, en Barranquilla. De acuerdo con la investigación, el contrato tenía un valor aproximado de $3.000 millones y fue adjudicado bajo la figura de urgencia manifiesta, en medio de la crisis de hacinamiento carcelario que vive el país.

Según lo revelado, la presunta coima correspondería al 10 % del valor del contrato, y haría parte de un pacto sistemático mediante el cual se exigiría ese porcentaje por cada contrato gestionado desde la Secretaría de Gobierno de Barranquilla. Este esquema, de confirmarse, implicaría la existencia de una red organizada de corrupción en la contratación pública de la capital del Atlántico, con participación de funcionarios y actores políticos de alto nivel.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Petro fue enfático al señalar que “toda la Policía del Caribe tiene la orden presidencial de priorizar la persecución de los compradores de votos”, y lanzó un llamado directo a la ciudadanía de la región para que rechace esa práctica. El mandatario sostuvo que permitir la compra de votos equivale a entregar el poder político al crimen, ya que, según su visión, muchos de los actores involucrados en ese delito coinciden con estructuras mafiosas que buscan capturar el Estado desde lo local.

El presidente estableció además una relación directa entre la libertad del voto y el desarrollo del Caribe colombiano. Afirmó que si la población elige a sus representantes sin presiones ni corrupción, la región podrá avanzar en beneficio de toda su gente, rompiendo ciclos históricos de atraso, desigualdad y captura institucional.

En su pronunciamiento, Petro hizo también una referencia histórica al paramilitarismo narcotraficante, al que señaló como responsable de haber dominado amplios territorios del Caribe colombiano durante décadas. Según el jefe de Estado, ese dominio no solo se impuso mediante la violencia y las masacres contra miles de campesinos, sino también a través del control político ejercido por medio de la compra de votos, lo que permitió a esas estructuras consolidar poder institucional.

Los detalles de la investigación

La investigación de RAYA aporta como prueba una serie de chats atribuidos a Clemente Fajardo, quien se desempeñaba en ese momento como Secretario de Gobierno de Barranquilla, en conversaciones con el contratista encargado de la obra. En uno de los mensajes divulgados se lee: “Fincho no entiende y está mareado… Te pido ‘por fa’ que le empieces a cumplir”, frase que la publicación interpreta como una presión para que se concrete el pago de la presunta coima.

Según el medio, estos mensajes respaldarían la tesis de que la solicitud de dinero no fue un hecho aislado, sino parte de un acuerdo más amplio para repartir comisiones ilegales en la contratación pública distrital. La investigación sostiene que el esquema habría operado de manera recurrente, aprovechando situaciones de emergencia y la discrecionalidad en la adjudicación de contratos.

En conjunto, el caso ha generado una reacción política de alto nivel, al involucrar a un senador en ejercicio y actual figura clave del Congreso, y reabre el debate sobre la corrupción estructural, la compra de votos y la captura del poder local en la región Caribe. La orden presidencial marca un giro hacia una acción policial más focalizada en ese delito electoral, mientras el país sigue atento a las consecuencias judiciales y políticas que puedan derivarse de las revelaciones.