Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas ha sobreestimado la productividad del cultivo de coca hasta un 901 %

Un estudio académico divulgado por la ONG Plano Negativo, con participación de científicos espaciales de la Universidad del Tolima y la Universidad de Oregon, concluye que el sistema SIMCI de la ONU habría sobreestimado de manera sistemática los cultivos de hoja de coca en Colombia durante al menos dos décadas, especialmente en departamentos de la Amazonía como Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta, en el periodo comprendido entre 1999 y 2019. Según la investigación, las distorsiones llegan a niveles extremos, con diferencias que oscilan entre el 93 % y el 901 % frente a estimaciones alternativas.

El documento, titulado “Los datos de la coca”, cuestiona la confiabilidad de un sistema que ha sido usado durante años como referencia central para decisiones de política antidrogas, asignación de presupuestos, evaluación de resultados y justificación de operaciones como la fumigación aérea con glifosato, especialmente durante los primeros años del Plan Colombia.

Comparación metodológica y el caso Putumayo

La investigación se basa en un método alternativo de detección satelital, apoyado en técnicas de aprendizaje profundo, que es comparado directamente con los censos anuales del SIMCI. El caso más llamativo es el de Putumayo: para el año 2000, el SIMCI reportó 66.022 hectáreas de coca, mientras que el modelo del estudio estimó solo 6.595 hectáreas. La discrepancia se vuelve aún más crítica al contrastar esos datos con reportes operativos de la Policía Antinarcóticos, que informó haber fumigado 71.891 hectáreas en 2002 en ese mismo departamento, una cifra incluso superior a la superficie cultivada reportada por la ONU.

Los investigadores señalan que, aunque existe un rezago entre el año censado y la publicación del informe del SIMCI, las diferencias se mantienen incluso en censos posteriores. Para 2002, el SIMCI reportó 13.726 hectáreas en Putumayo, mientras que el método alternativo detectó 8.538. Esto lleva al estudio a plantear una pregunta clave: ¿qué estaba fumigando realmente el Estado cuando las cifras de erradicación superaban ampliamente las estimaciones de cultivo?

Guaviare: coca, ganadería y deforestación

La Parte I del estudio se concentra en Guaviare, con el objetivo de analizar cómo la erradicación —y en particular la fumigación— influyó en la transformación del territorio. Los investigadores sostienen que explicar la deforestación únicamente como consecuencia de la coca es una simplificación engañosa, y que la expansión ganadera aparece como un factor más determinante en la pérdida de bosque.

Para sustentar esta tesis, el estudio construye una serie histórica de cambios de cobertura del suelo entre 1985 y 2024, que incluye bosque, coca y ganadería, y la cruza con los centroides de fumigación reportados por el Ministerio de Defensa. El análisis espacial muestra que, tras las campañas de erradicación, el territorio no queda vacío: la coca puede desplazarse, pero en muchos casos el suelo termina ocupado por ganadería, consolidando procesos de deforestación.

Críticas al SIMCI y problemas de trazabilidad

La Parte II del informe afirma que el método de la UNODC para detectar cultivos de coca en la Amazonía colombiana estuvo gravemente inflado desde los inicios del Plan Colombia. Aunque reconoce mejoras técnicas con el paso del tiempo, el estudio subraya que los detalles metodológicos siguen siendo poco documentados, lo que impide auditorías independientes y compromete la evaluación real de la política antidrogas.

Un eje central de la crítica es la falta de trazabilidad de las operaciones de fumigación. El proyecto detalla solicitudes realizadas vía FOIA al Departamento de Estado de EE. UU. para acceder a registros completos de fumigación aérea entre 1994 y 2015. Según los autores, la respuesta oficial solo entregó información que parece corresponder a un único evento experimental en la base militar de Larandia (Caquetá), lo que deja enormes vacíos sobre dónde, cuándo y bajo qué evidencia se ejecutaron las campañas de erradicación.

DynCorp y una disputa histórica por el dato

El estudio también incorpora documentos conocidos como los “Papeles de DynCorp”, que revelan que desde mediados de los años noventa ya existía un conflicto entre Estados Unidos y Colombia sobre cómo medir los cultivos de coca y cómo verificar los resultados de la erradicación. Mientras EE. UU. usaba imágenes aéreas y satelitales de alta resolución, Colombia restaba las hectáreas fumigadas para estimar el cultivo remanente. De ese choque metodológico surgieron protocolos de verificación y solicitudes de evaluaciones independientes, lo que demuestra que la disputa por el dato es estructural y no reciente.

Como refuerzo empírico, el análisis espacial del estudio revisó 3.012 puntos asociados a fumigación: en 974 de ellos no se detectó coca, lo que refuerza la hipótesis de que la erradicación pudo haberse guiado por información incompleta o inflada.

Reacción del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro retomó el debate señalando que existen “errores protuberantes” en la medición de cultivos y, especialmente, en el indicador de producción potencial de cocaína, que —según él— sobredimensiona rendimientos al no diferenciar productividades regionales. Para el mandatario, estas cifras han servido históricamente para justificar la erradicación forzada, el uso de glifosato y presiones internacionales sobre la política antidrogas colombiana.

Conclusión del estudio

“Los datos de la coca” pone sobre la mesa una crítica de fondo: durante décadas, la política antidrogas se apoyó en series estadísticas difíciles de auditar, con metodologías poco transparentes y márgenes de error no explicitados. El estudio plantea que, sin datos replicables, verificables y abiertos al escrutinio científico, el debate público y las decisiones estatales han girado alrededor de números cuestionables.

Si las cifras de cultivos y los indicadores derivados estuvieron inflados, cambian las bases sobre las que se justificaron operaciones de erradicación masiva, el uso de químicos y los impactos sociales y ambientales que, según el estudio, terminaron pagando miles de familias campesinas y ecosistemas sensibles de la Amazonía colombiana.