“Está hecho para robar”: presidente Petro sobre software de la DIAN y fraude millonario

El presidente Gustavo Petro denunció públicamente una presunta defraudación de al menos 8 billones de pesos al erario, que se habría realizado a través del software de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), utilizado para el control de importaciones y la declaración de rentas. La denuncia fue hecha durante una rueda de prensa, donde el mandatario aseguró que el sistema informático, que debería servir para detectar contrabando y garantizar el recaudo de impuestos, estaría siendo manipulado para facilitar la evasión y el robo de recursos públicos.

Según el presidente, el software permite conocer cuánto y qué tipo de impuestos deben ingresar al Estado, pero al mismo tiempo estaría diseñado o alterado para beneficiar redes criminales que operan desde el interior de la entidad. Petro afirmó que estas mafias tendrían una participación activa de funcionarios públicos que conocen a fondo los sistemas tecnológicos de la DIAN y los utilizan para encubrir operaciones ilegales, lo que habría generado un detrimento patrimonial millonario para el país.

En su intervención, el mandatario señaló que existen bandas de contrabando infiltradas en distintas dependencias de la DIAN, especialmente en regiones estratégicas y puertos del país. Como ejemplo, mencionó el caso de Tuluá, donde aseguró que la entidad habría sido tomada en parte por una estructura mafiosa que ejerce presión violenta sobre los funcionarios, al punto de amenazarlos de muerte si no cumplen sus órdenes. En este contexto, Petro recordó el asesinato de Gilberto Jesús Calao, director de la DIAN en Tuluá, como una muestra de la gravedad de la situación y del poder que tendrían estas organizaciones criminales.

El presidente también se refirió al caso de Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, a quien señaló como uno de los principales articuladores del contrabando en el país y a quien calificó como el “zar del contrabando”. Petro recordó que Marín se encuentra actualmente en Portugal y enfrenta una orden de extradición solicitada por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de las investigaciones por delitos relacionados con contrabando y evasión fiscal.

En relación con la lucha contra el contrabando, el Gobierno, a través de la DIAN y el Ministerio de Hacienda, advirtió que la evasión de impuestos ha tenido un impacto directo en las finanzas públicas, impidiendo la ejecución de numerosos proyectos sociales y de infraestructura. La disminución de los ingresos tributarios, producto del contrabando y la evasión, ha afectado de manera significativa la capacidad del Estado para financiar políticas públicas y programas de desarrollo.

Por su parte, Eva Carolina Madrid Torres, directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), denunció la existencia de una red criminal al interior de la DIAN, que estaría alterando los sistemas informáticos para modificar los NIT de empresas vinculadas al contrabando. Según explicó, se han realizado 29 inspecciones dentro de la entidad, en las que se identificaron manipulaciones en los softwares con el fin de encubrir operaciones ilegales y facilitar la evasión de impuestos.

Ante este panorama, el presidente Petro aseguró que la DIAN se encuentra bajo una profunda revisión y anunció la necesidad de modificar leyes y políticas públicas que, según él, actualmente favorecen el contrabando o limitan la capacidad de las autoridades para inspeccionar y controlar el ingreso y salida de mercancías del país. El mandatario sostuvo que algunas normas estarían diseñadas para impedir una supervisión efectiva en puntos clave como puertos y zonas de almacenamiento.

Finalmente, el presidente informó que 116 funcionarios de la DIAN están siendo investigados por la Fiscalía, como parte de las acciones para desmantelar las redes de corrupción al interior de la entidad. Petro enfatizó que la defensa de las instituciones públicas requiere unidad, control social y una transformación profunda de las políticas contra el crimen organizado, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana y proteger los recursos del Estado.