“España estrena tasa de basuras con fuertes contrastes: algunos pagan casi cinco veces más”

La nueva tasa de basuras que han empezado a aplicar numerosos ayuntamientos en España está generando una fuerte disparidad en los costos que deben asumir los ciudadanos. Según datos del Observatorio de la Fiscalidad de Residuos de la Fundación ENT, la diferencia entre lo que pagan los habitantes de distintas capitales de provincia puede llegar hasta 230 euros anuales, una brecha que ha encendido el debate sobre la equidad del tributo.

Mientras en Valencia un hogar tipo afronta un pago cercano a los 287,5 euros al año, en Toledo la misma familia apenas abona 56,9 euros. Estas variaciones responden a la libertad que tienen los municipios para fijar el monto de la tasa, pese a que la Ley 7/2022 exige que cubra el costo completo del servicio de recogida y tratamiento de residuos. Sin embargo, la normativa no establece un método unificado para calcular la tarifa, lo que ha dado lugar a modelos muy dispares.

Expertos en gestión pública y fiscalidad ambiental han advertido que muchos ayuntamientos han diseñado sus ordenanzas “con prisa y sin criterios técnicos suficientes”, lo que podría derivar en situaciones injustas para los contribuyentes. Organizaciones como la OCU y diversas asociaciones vecinales también han manifestado su preocupación, señalando que en algunos casos se establecen cuotas fijas ajenas a la cantidad real de residuos generados.

La polémica ha escalado hasta los tribunales. En León, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló recientemente la ordenanza local al considerar que no cumplía con los principios de proporcionalidad y transparencia. La creciente litigiosidad hace prever posibles revisiones o devoluciones masivas en distintos municipios del país.

La implantación de esta tasa responde a las exigencias de la Unión Europea, que busca fomentar el reciclaje y avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos. Aun así, la falta de criterios homogéneos ha provocado que, por ahora, la medida se traduzca en una factura muy distinta según el lugar de residencia, abriendo un nuevo debate sobre la justicia fiscal en España.