El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, promulgó el Decreto 1166 (4 de noviembre de 2025), que elimina la obligación de obtener una licencia de construcción para ciertos proyectos de vivienda subsidiada,
La medida aplica a tres tipos de intervenciones: mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propio y autogestión familiar o comunitaria, siempre que el proyecto esté dentro de un programa subsidiado. En lugar de la licencia tradicional, se exige una “carta de responsabilidad técnica” firmada por un arquitecto o ingeniero, acompañada del registro del proyecto ante la autoridad local.
Según las autoridades, esta flexibilización busca agilizar la ejecución de políticas habitacionales para atender el déficit de vivienda en Colombia, especialmente en programas de vivienda de interés social. Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre expertos y gremios del sector.
Entre los riesgos señalados está la pérdida de controles técnicos y estructurales, lo que podría poner en peligro la seguridad de las viviendas construidas bajo este esquema. También se advierte sobre un posible descontrol urbano, ya que la eliminación de licencias podría dificultar el seguimiento estadístico y la planificación municipal.
Además, hay críticas por el momento en que se implementa el decreto: algunos señalan que podría debilitar la institucionalidad de los municipios, al reducir la supervisión formal de obras financiadas con recursos públicos. En ese sentido, la ex presidenta de Camacol, Sandra Forero, advirtió sobre un grave riesgo fiscal y técnico si los recursos para vivienda subsidiada se destinan a proyectos sin el control adecuado.
Los curadores urbanos —que se encargan de aprobar licencias en algunas ciudades— han aclarado que la norma no elimina por completo la exigencia de licencias, sino que su aplicación está limitada a las tres modalidades subsidiadas. Además, el decreto da seis meses al Gobierno para capacitar y certificar a los profesionales que emitirán las cartas de responsabilidad.
En resumen, el Decreto 1166 representa una apuesta por acelerar la construcción social, pero al mismo tiempo abre un debate sobre la garantía de calidad, la planificación urbana y la seguridad estructural de las viviendas construidas bajo esta nueva modalidad.