Red financiera del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desarticulada tras lavar más de $885.000 millones en dos décadas.

La Fiscalía General de la Nación junto a la DIJIN y el CTI destaparon una compleja operación de blanqueo que operó en Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas, Cundinamarca y Bogotá.

Detalles de la investigación

La Fiscalía reveló que la red, vinculada al ELN, operó desde al menos el 2005 para lavar recursos producto de secuestros, extorsiones, minería ilegal y tráfico de estupefacientes.
Entre los activos incautados figuran 59 lingotes de oro valorados en más de $32.000 millones de pesos, así como $563 millones en efectivo, 22.805 dólares y registros contables de múltiples empresas fachada.
La operación incluyó la transferencia de más de $685.000 millones mediante corresponsales bancarios en Arauquita y Bogotá, gran parte con la participación de ciudadanos venezolanos según la acusación.

Modo de operación de la red

Para ocultar el origen ilícito de los fondos, la red utilizó varios mecanismos según la Fiscalía:

• Creación de empresas fachada en sectores como telecomunicaciones, agropecuario, construcción y servicios aéreos, por un valor inicial estimado de $83.500 millones.
• Emisión de facturas ficticias a través de cuatro compañías de papel para simular operaciones de compra-venta de vehículos, medicinas y obras de ingeniería, por aproximadamente $2.770 millones.
• Uso de testaferrato y bienes a nombre de terceros para adquirir propiedades, vehículos y negocios sin capacidad para justificar el patrimonio.

Ámbito territorial y alcance

La desarticulación abarca múltiples departamentos: Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas, Cundinamarca, y también la capital Bogotá.
La red logró integrarse al sistema económico formal, dificultando su detección por casi 20 años. El golpe supone un impacto importante en la estructura financiera del ELN.

Importancia y consecuencias

El hallazgo pone en evidencia la sofisticación financiera de grupos armados ilegales como el ELN, y la capacidad de infiltración al sistema legal.
La incautación de bienes y la investigación prolongada muestran una prioridad estatal por cortar los recursos que sostienen la violencia y el narcotráfico.
Además, la operación puede servir de precedente para actuaciones futuras en contra del lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado.

¿Qué viene ahora?

Las autoridades avanzan en la individualización de los responsables y en la trazabilidad del dinero lavado. Esperan nuevos allanamientos, procesos de extinción de dominio y sanciones penales.
También se espera que las entidades financieras refuercen controles, sobre todo en zonas fronterizas y con corresponsales bancarios, para prevenir operaciones similares.