El Gobierno colombiano puso en marcha la primera fase de un plan de choque en salud que busca atender a pacientes que tienen medicamentos, tratamientos y procedimientos médicos pendientes. La estrategia tendrá cobertura nacional y, según las cifras entregadas por el Ejecutivo, contempla inicialmente a más de 700.000 usuarios que esperan medicamentos y a más de 300.000 pacientes con procedimientos pendientes.
En total, el Gobierno identificó 1.069.196 usuarios con algún medicamento o procedimiento pendiente de atención. La estrategia fue anunciada el 21 de septiembre de 2026 por el presidente Abelardo De La Espriella y comenzó a desarrollarse durante esta semana bajo la coordinación del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
El anuncio se produce en medio de un escenario de reclamos relacionados con el acceso a los servicios sanitarios. De acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno, entre enero y julio de 2026 se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, de los cuales el 92 % estuvo relacionado con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.
¿Qué es el nuevo plan de choque en salud?
La estrategia fue planteada como un mecanismo extraordinario y temporal para reducir el represamiento de servicios que ya fueron requeridos por los pacientes pero que todavía no se han materializado.
La primera fase pretende identificar individualmente a las personas que tienen pendientes, establecer qué servicio necesitan y determinar qué entidad debe garantizar la atención. Posteriormente, se busca facilitar los recursos necesarios para que el servicio pueda prestarse y hacer seguimiento hasta comprobar que el medicamento fue entregado o que el procedimiento fue realizado.
El Gobierno ha insistido en que el objetivo no es simplemente cerrar una petición, queja o reclamo dentro de una plataforma administrativa, sino comprobar que la solución efectivamente llegue al paciente.
La estrategia tendrá cobertura en todos los departamentos del país y su ejecución está prevista para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2026, de acuerdo con la información divulgada sobre la primera fase.
Más de 700.000 usuarios tienen medicamentos pendientes
Uno de los principales componentes del programa está relacionado con la entrega de medicamentos.
El Gobierno señaló que más de 700.000 usuarios hacen parte del grupo identificado con medicamentos pendientes. A ellos se suman más de 300.000 pacientes que esperan procedimientos, por lo que el universo inicial supera el millón de personas.
Es importante hacer una precisión sobre las cifras: la cifra de 700.000 corresponde al grupo de usuarios con medicamentos pendientes, mientras que la cifra superior al millón incluye tanto a quienes esperan medicamentos como a quienes tienen procedimientos pendientes.
Por eso, presentar el plan únicamente como una estrategia para 700.000 personas sería incompleto. El alcance anunciado por el Gobierno para esta primera fase es de 1.069.196 usuarios con algún tipo de atención pendiente.
¿Qué pacientes están incluidos?
La estrategia contempla personas con diferentes condiciones médicas y niveles de riesgo.
Entre los grupos mencionados por el Gobierno aparecen pacientes con cáncer, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, EPOC, asma y problemas de salud mental, además de mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales.
La priorización no consiste simplemente en atender los casos en el orden en que fueron registrados. La información divulgada sobre la implementación señala que se tendrán en cuenta las condiciones que puedan generar una descompensación progresiva, aumentar el riesgo de hospitalización o comprometer de manera significativa la continuidad del tratamiento.
Entre los casos que han sido señalados como prioritarios están pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y gestantes que requieren tratamientos esenciales.
El Gobierno identificó más de un millón de casos pendientes
Para establecer el universo de pacientes, el Gobierno explicó que se realizó un cruce de información proveniente de diferentes fuentes.
El proceso incluyó información disponible en el sistema, trabajo con las EPS y seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios. A partir de esa información se identificaron los 1.069.196 usuarios que presentan medicamentos o procedimientos pendientes.
La intención es que cada caso pueda ser seguido individualmente hasta establecer si la atención efectivamente se realizó.
Esto significa que el plan no está planteado solamente como una transferencia de recursos al sistema, sino también como un mecanismo de seguimiento sobre la atención concreta que recibe cada usuario.
La compra de cartera será uno de los mecanismos financieros
Uno de los elementos centrales de la estrategia es la utilización de un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida.
Según el anuncio oficial, este mecanismo tendrá una tasa de interés del 0 % y un periodo de gracia de un año y estará destinado a las atenciones contempladas en esta primera fase.
La medida busca generar liquidez para que los recursos puedan llegar a los prestadores y proveedores que hacen parte de la atención de los pacientes incluidos en el plan.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó posteriormente que el mecanismo se desarrollará mediante la Adres y un esquema de giro directo hacia los proveedores y prestadores que conformen la red vinculada al plan.
El objetivo declarado es que la falta de liquidez no continúe retrasando servicios que ya fueron ordenados.
El dinero tendrá destinación específica
El Gobierno también ha establecido que los recursos relacionados con el plan deben estar vinculados a las atenciones que hacen parte de esta primera fase.
La Presidencia señaló que no se pretende reconocer dos veces una misma atención ni pagar nuevamente servicios que ya hayan sido cancelados. Los recursos estarán sujetos a seguimiento y deberán estar relacionados con los servicios pendientes incluidos en la estrategia.
Esto es relevante porque uno de los problemas que enfrenta el sistema de salud colombiano no está relacionado únicamente con la disponibilidad de recursos, sino también con el flujo de dinero entre los diferentes actores: EPS, hospitales, clínicas, gestores farmacéuticos y proveedores.
¿Quién vigilará el cumplimiento?
Para controlar la ejecución del programa se conformará una Mesa Técnica de Control integrada por tres entidades:
- Ministerio de Salud y Protección Social.
- Superintendencia Nacional de Salud.
- Adres.
Estas entidades deberán realizar seguimiento tanto a la disminución de los pendientes como a la utilización de los recursos y a la prestación efectiva de los servicios.
La Superintendencia, además, tendrá la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las EPS y adoptar las medidas correspondientes cuando encuentre incumplimientos.
De esta manera, el Gobierno busca que la estrategia tenga trazabilidad desde la identificación del paciente hasta la entrega del medicamento o la realización del procedimiento.
El plan no reemplaza las obligaciones de las EPS
Uno de los puntos que el Gobierno ha enfatizado es que el plan de choque en salud no sustituye las obligaciones permanentes de las EPS.
La administración señaló que las EPS continúan teniendo la responsabilidad de garantizar la atención de sus afiliados. El mecanismo extraordinario pretende intervenir sobre el represamiento existente y facilitar la solución de los casos pendientes, pero no modifica esa responsabilidad estructural.
Esta distinción es importante porque el plan fue diseñado como una medida temporal para atender acumulaciones de servicios, mientras que la obligación de garantizar la continuidad de la atención permanece vigente.
El problema de los medicamentos ya había generado otras medidas
El anuncio de septiembre ocurre después de varias medidas adoptadas durante 2026 para enfrentar dificultades relacionadas con la entrega de medicamentos.
En mayo, el Ministerio de Salud expidió la Circular Externa 017 de 2026, mediante la cual estableció disposiciones dirigidas a que las EPS garanticen redes suficientes de gestores farmacéuticos y mecanismos alternativos de dispensación.
La circular también contempla medidas para fortalecer la entrega domiciliaria cuando existan pendientes, con un plazo máximo de 48 horas en determinadas situaciones, además de mecanismos de contingencia cuando exista un único proveedor de determinados medicamentos.
Por su parte, la Adres había anunciado durante junio medidas relacionadas con el giro directo de presupuestos máximos, recursos destinados a financiar determinados servicios, medicamentos y tecnologías que no están cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Los problemas financieros están en el centro de la discusión
La situación de los medicamentos y procedimientos pendientes también está relacionada con las dificultades financieras que atraviesan distintos actores del sistema.
Antes del anuncio de septiembre, el Gobierno había planteado una inyección de 10 billones de pesos como parte de su propuesta de campaña para enfrentar la crisis del sistema de salud. Sin embargo, reportes publicados en septiembre señalaron que esos recursos no estaban disponibles en su totalidad para ejecutar inmediatamente el plan.
Por esa razón, la estrategia anunciada en septiembre incorpora mecanismos financieros diferentes a una simple transferencia presupuestal directa, entre ellos la compra de cartera y el giro de recursos hacia los prestadores y proveedores vinculados con las atenciones priorizadas.
Este aspecto será uno de los elementos que deberán seguirse durante la implementación, debido a que el éxito del plan dependerá no solamente de identificar a los pacientes, sino de lograr que los recursos lleguen oportunamente a quienes deben prestar los servicios.
Más de 1,2 millones de reclamos en siete meses
Las cifras de la Superintendencia Nacional de Salud utilizadas por el Gobierno permiten dimensionar el volumen de reclamaciones registrado durante la primera parte de 2026.
Entre enero y julio se contabilizaron más de 1,2 millones de reclamos, equivalentes, según el cálculo presentado por el Ejecutivo, a unos 5.772 reclamos diarios.
El 92 % de esos reclamos estaría relacionado con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud.
Estos datos son utilizados por el Gobierno como parte de la justificación para poner en marcha una estrategia extraordinaria enfocada en resolver los casos que ya se encuentran identificados.
El antecedente de los problemas en la entrega de medicamentos
La dificultad para garantizar la entrega oportuna de medicamentos no comenzó con el actual plan.
A finales de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud había anunciado otro plan de choque, enfocado específicamente en las barreras relacionadas con medicamentos. Aquella estrategia contemplaba auditorías, visitas de inspección, requerimientos a EPS, IPS y gestores farmacéuticos, además de seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos.
En enero de 2026, la Superintendencia también informó que durante 2025 el cumplimiento promedio de la entrega de medicamentos había sido del 84 %, según el balance citado por Noticias RCN, y anunció medidas para fortalecer la vigilancia y avanzar hacia la entrega completa de las fórmulas.
El nuevo plan del Gobierno, por tanto, se presenta en un contexto en el que las dificultades de acceso y entrega de medicamentos ya habían motivado intervenciones de las autoridades sanitarias.
¿Qué ocurrirá durante los próximos meses?
La primera fase del programa se desarrollará entre septiembre y diciembre de 2026.
Durante ese periodo, el Gobierno deberá avanzar en cuatro procesos principales: identificar a los pacientes, determinar la atención pendiente, destrabar los recursos necesarios y comprobar que el servicio finalmente fue recibido.
El seguimiento será especialmente importante en aquellos casos en los que la demora pueda generar una descompensación de una enfermedad o afectar la continuidad de un tratamiento.
El Gobierno también tendrá que establecer cuánto disminuye efectivamente el número de pendientes y qué porcentaje de los pacientes identificados recibe la atención correspondiente.
¿Qué significa el plan para los pacientes?
Para las personas incluidas en esta primera fase, el objetivo concreto es que una atención que figura como pendiente se convierta en un servicio efectivamente prestado.
En el caso de los medicamentos, esto implica que la fórmula pendiente llegue al paciente. En los procedimientos, significa que la autorización o la orden médica se traduzca finalmente en la realización del servicio correspondiente.
La diferencia entre registrar un reclamo y solucionar el problema es precisamente uno de los puntos que el Gobierno ha puesto en el centro de la estrategia.
No obstante, la puesta en marcha del plan no significa que todos los casos hayan sido solucionados de manera inmediata. La estrategia acaba de comenzar y su resultado deberá medirse durante los meses de ejecución mediante el seguimiento de los pacientes, los recursos y las atenciones efectivamente realizadas.
Un plan temporal dentro de una crisis más amplia
El plan de choque en salud representa una intervención de corto plazo frente a un problema que involucra aspectos financieros, administrativos y de prestación de servicios.
La primera fase concentra sus esfuerzos en más de un millón de usuarios con medicamentos y procedimientos pendientes, pero las dificultades del sistema incluyen también deudas entre actores, flujo de recursos, disponibilidad de medicamentos, capacidad de las redes de prestación y mecanismos de vigilancia.
Por ello, el propio Gobierno ha señalado que la estrategia es extraordinaria y temporal y que no sustituye las responsabilidades permanentes de las EPS.
Durante los próximos meses, uno de los principales indicadores para evaluar la ejecución será si los más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes y los más de 300.000 pacientes con procedimientos pendientes logran recibir efectivamente las atenciones identificadas.
En términos generales, la estrategia busca intervenir primero sobre los casos ya detectados y considerados prioritarios, mientras continúan las discusiones sobre las medidas estructurales necesarias para garantizar la financiación, prestación y continuidad del sistema de salud colombiano.