Con pistola al cinto y chaleco antibalas: presidente Abelardo de la Espriella patrulló las calles de Santa Marta tras amenazas de paro armado

En medio de una fuerte crisis de orden público, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se trasladó de urgencia a Santa Marta para liderar las operaciones de seguridad. El mandatario arribó a la capital del Magdalena luego de que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), conocidas como «Los Pachenca», anunciaran un paro armado de 48 horas en todo el departamento.

La medida del grupo ilegal se dio como represalia por un reciente operativo militar en el corregimiento de Guachaca que dejó siete de sus miembros abatidos, entre ellos su segundo cabecilla, alias «Cholo». Ante la zozobra de los comerciantes y transportadores por amenazas de quema de vehículos y cierres forzados, De la Espriella ordenó la militarización inmediata de la zona con el despliegue de más de 1.100 uniformados de la Policía y el Ejército.

Durante la noche, el jefe de Estado causó revuelo al liderar personalmente patrullajes en puntos críticos de la ciudad, como el barrio Cristo Rey. Vestido con chaleco antibalas y portando una pistola Glock 19 de nueve milímetros visible en su cinturón, el mandatario envió un contundente mensaje televisado y en redes sociales a las estructuras criminales de la región.

“A los bandidos de los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se los notifico con absoluta claridad: el Estado, con toda su fuerza legítima, no dará un solo paso atrás ante sus cobardes amenazas”, sentenció el presidente. Asimismo, advirtió a otros líderes de la organización, como alias «Pinocho», asegurando que su administración irá tras ellos sin contemplación bajo su política de seguridad denominada “la Era del Tigre”.

La aparición del presidente portando un arma de fuego encendió un fuerte debate político y legal en el país. Mientras que sectores de derechos humanos y opositores cuestionaron el acto por su fuerte impacto simbólico, juristas y expertos constitucionales señalaron que la acción es completamente legal, argumentando que el mandatario posee los salvoconductos requeridos y ejerce por ley el rol de comandante supremo de las Fuerzas Armadas