SENTENCIA PONE EN RIESGO A FUNDACIÓN

La Fundación Integrar, entidad sin ánimo de lucro que durante 23 años ha brindado atención a personas con discapacidad, suspendió temporalmente sus servicios desde el lunes 14 de septiembre en los municipios de Jenesano, Ciénega y Santa Sofía. La decisión está relacionada con una situación financiera y jurídica que enfrenta la organización tras una sentencia judicial derivada de una demanda laboral presentada por una exempleada. Según explicó la directora de la Fundación Integrar, Yina Pinzón, la entidad tiene actualmente un embargo cercano a los 200 millones de pesos, lo que habría provocado el congelamiento de sus cuentas. La fundación atendía a 163 personas con discapacidad, entre niños, jóvenes y adultos, principalmente de familias de bajos recursos. Sus servicios incluían terapias, alimentación, transporte y procesos de educación alternativa, por lo que la suspensión afecta directamente la continuidad de estos procesos. Pinzón explicó que la organización no cuenta con recursos suficientes para cumplir con la obligación judicial y mantener simultáneamente la atención a los beneficiarios. De acuerdo con la directora, los ingresos provenientes de donaciones, actividades de recaudación y convenios no han sido suficientes para cubrir los costos de funcionamiento. La demanda laboral se originó por un contrato de prestación de servicios de aproximadamente dos años y medio, desarrollado durante la pandemia. La Fundación señaló que reconoce la decisión judicial, pero busca alternativas para cumplirla sin tener que suspender definitivamente sus actividades. Ante esta situación, la entidad solicitó apoyo de las administraciones municipales, empresas privadas, organizaciones sociales y comunidad en general para encontrar una salida que permita reanudar la atención. Aunque la suspensión fue anunciada como temporal, existe preocupación entre las familias por la continuidad de los servicios que reciben las personas con discapacidad. La Fundación Integrar adelanta gestiones para buscar alternativas financieras y jurídicas que permitan superar la crisis. La directora hizo un llamado para alcanzar un acuerdo que permita atender la obligación judicial y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de los programas dirigidos a los 163 beneficiarios de Jenesano, Ciénega y Santa Sofía.