Viviendo bajo la terrorífica sombra de la violencia

Por: Juan Miguel Narváez Eraso.

El conflicto armado en Colombia ha dejado más de 9 millones de víctimas y los departamentos de Nariño y Putumayo, no son ajenos a esta difícil e interminable realidad.

Quienes hemos vivido en carne propia los hechos de los grupos armados ilegales, conocemos lo terrible que sentir el miedo y la incertidumbre de lo que pasará mañana. 

Sus efectos incluyen el desplazamiento forzado, el confinamiento de comunidades, el reclutamiento de menores y graves secuelas de salud mental y traumas psicosociales.

Además, ha frenado el desarrollo económico y social en las regiones más vulnerables del país. Para dimensionar y comprender el impacto humanitario, social y territorial, es fundamental detallar las siguientes afectaciones:

Desplazamiento forzado y confinamiento, es una de las crisis humanitarias más graves a nivel global, con millones de personas obligadas a abandonar sus tierras, hogares y comunidades debido a la violencia.

Impacto territorial: se concentra especialmente en zonas rurales y en departamentos de Nariño y Putumayo . En esos lugares las personas desplazadas sufren pérdidas patrimoniales y sufren de pobreza monetaria.

Además, la presencia de artefactos explosivos genera confinamientos prolongados que impiden a las comunidades acceder a alimentos, educación y salud. El conflicto trasciende el daño físico (heridas y mutilaciones); deja profundas cicatrices invisibles.

Las víctimas sufren frecuentemente de depresión, estrés postraumático, ansiedad y daños psicosomáticos. Miles de niños, niñas y adolescentes han sido integrados a grupos armados, perdiendo su entorno familiar y sus proyectos de vida.

En Colombia, el conflicto ha profundizado históricamente la exclusión, la desigualdad y la pobreza, limitando el crecimiento económico del país. En los municipios con mayor presencia de grupos armados, se observa una menor cobertura en salud, dificultades de acceso a la educación y mayores tasas de homicidios y secuestros.

Además, la presencia de grupos armados ilegales afecta la productividad agrícola y local, encareciendo y dificultando las oportunidades laborales y de inversión.