La transformación digital también está cambiando la manera en que los sistemas judiciales gestionan los procesos, almacenan documentos y atienden a los ciudadanos. En América Central, Costa Rica destaca por el desarrollo de herramientas que permiten consultar expedientes, presentar escritos y realizar diferentes gestiones judiciales mediante plataformas electrónicas.
Sin embargo, hay una precisión importante frente al dato que circula sobre que “el sistema judicial de Costa Rica completó el traslado del 90 % de sus trámites a plataformas de firma digital”: no se encontró una fuente oficial que confirme exactamente ese porcentaje ni que permita afirmar que el 90 % de todos los trámites judiciales hayan sido trasladados a plataformas de firma digital. Por ello, para mantener la información verídica, esta nota aborda el avance comprobable de la digitalización y explica de dónde surge la importancia de la cifra del 90 %.
El proceso costarricense es real y lleva varios años desarrollándose. El Poder Judicial dispone actualmente de sistemas para consultar expedientes electrónicos y acceder a distintos servicios mediante credenciales institucionales o firma digital.
Un proceso que comenzó mucho antes de la transformación actual
La digitalización de la justicia costarricense no es un proyecto reciente. El país lleva años desarrollando sistemas destinados a reducir la dependencia del papel y facilitar la gestión electrónica de los procesos judiciales.
Uno de los pilares de este proceso es el expediente judicial electrónico, mediante el cual los documentos que forman parte de un proceso pueden gestionarse y conservarse en formato digital.
El Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico establece que los medios electrónicos pueden utilizarse para la tramitación de procesos judiciales, la comunicación de actos y la transmisión de piezas procesales. Además, contempla mecanismos de firma digital, firma electrónica y firma mediante dispositivos de captura utilizados por despachos y fiscalías electrónicas.
Esto significa que la digitalización no consiste simplemente en escanear documentos de papel. El objetivo es trasladar buena parte del ciclo de gestión judicial a sistemas electrónicos, desde la presentación de documentos hasta su consulta, conservación y comunicación.
¿Qué significa realmente tener un expediente judicial electrónico?
En un sistema tradicional, un proceso judicial puede generar grandes cantidades de documentos físicos que deben ser organizados, trasladados, archivados y consultados por diferentes funcionarios y participantes.
Con un expediente electrónico, esos documentos pueden almacenarse digitalmente y ser consultados por las personas autorizadas desde las plataformas correspondientes.
La normativa costarricense establece que los documentos producidos electrónicamente y presentados en procesos electrónicos pueden ser considerados originales cuando cumplen las garantías correspondientes de origen y autenticidad. También contempla que los documentos digitalizados incorporados al expediente electrónico tengan fuerza probatoria equivalente a los originales, sin perjuicio de las impugnaciones que correspondan.
Esto es fundamental porque convierte la digitalización en algo más profundo que una simple modernización administrativa: el documento digital puede formar parte formal del proceso judicial.
La firma digital como pieza fundamental
Uno de los elementos más importantes de esta transformación es la firma digital.
Su función es permitir identificar al autor de un documento y garantizar que este no haya sido alterado después de ser firmado. La legislación costarricense reconoce que los documentos y comunicaciones suscritos mediante firma digital pueden tener el mismo valor y eficacia probatoria que aquellos firmados de manera manuscrita, bajo las condiciones establecidas por la normativa.
El Poder Judicial también ofrece actualmente mecanismos para ingresar a sus servicios mediante firma digital. En su plataforma oficial se encuentran opciones para consultar expedientes y acceder a distintos trámites en línea.
De esta manera, la firma digital funciona como una especie de puente entre la identidad de una persona y el documento electrónico que está presentando o autorizando.
Consultar un expediente sin desplazarse hasta un juzgado
Uno de los beneficios más visibles para los ciudadanos es la posibilidad de consultar expedientes sin tener que acudir físicamente a un despacho judicial.
El Sistema de Gestión en Línea del Poder Judicial permite acceder a los expedientes electrónicos mediante usuario y contraseña o utilizando firma digital. El propio Poder Judicial explica que las personas pueden ingresar al sistema, consultar sus expedientes y realizar determinadas gestiones desde internet.
Esta posibilidad puede representar una diferencia importante para quienes viven lejos de los centros urbanos o necesitan hacer seguimiento frecuente de un proceso.
Además, el sistema permite reducir desplazamientos y facilitar el acceso a información que anteriormente podía requerir una visita presencial.
Presentar escritos también puede hacerse de forma electrónica
La transformación no se limita a consultar información.
El sistema costarricense contempla la posibilidad de presentar escritos y otras gestiones dentro de expedientes electrónicos. De acuerdo con la normativa, los actos procesales o gestiones de las partes pueden presentarse en formato digital dentro de los procesos electrónicos, sin que necesariamente sea requerida una presentación física ante el despacho.
Esto modifica uno de los procesos más tradicionales de la administración de justicia: la entrega física de documentos.
En un escenario digital, un abogado o una persona autorizada puede preparar el documento, incorporarlo al expediente y realizar la gestión a través de la plataforma correspondiente. El sistema genera además mecanismos para dejar constancia de la recepción.
Un sistema pensado también para reducir el uso del papel
La reducción del papel es uno de los objetivos históricos de la transformación tecnológica del Poder Judicial costarricense.
El programa institucional “Hacia Cero Papel” planteó precisamente la necesidad de disminuir el uso de documentos físicos y avanzar hacia una administración judicial en la que el papel y las formalidades innecesarias no se conviertan en una barrera para la prestación del servicio de justicia.
La importancia de este cambio no se limita al aspecto ambiental.
Menos documentos físicos significan también menos espacio destinado a almacenamiento, menor necesidad de trasladar expedientes y mayores posibilidades de consultar información desde diferentes puntos autorizados.
La digitalización también busca ahorrar tiempo
Uno de los principales argumentos a favor de los expedientes electrónicos es la posibilidad de agilizar determinadas etapas del proceso.
Cuando un documento físico debe trasladarse de una oficina a otra, existen tiempos asociados a su recepción, clasificación y archivo. En cambio, un documento electrónico puede estar disponible inmediatamente para los usuarios autorizados una vez que es incorporado correctamente al sistema.
El propio Poder Judicial señala entre los beneficios de sus herramientas tecnológicas la posibilidad de consultar y tramitar casos evitando costos de transporte y tiempos de traslado.
Esto puede ser especialmente relevante en un sistema judicial que atiende a personas ubicadas en diferentes regiones del país.
¿De dónde aparece entonces el dato del 90 %?
Aquí es necesario hacer una distinción.
Existen referencias oficiales e institucionales que utilizan porcentajes cercanos o superiores al 90 % al hablar de determinados procesos, servicios o avances de digitalización, pero eso no equivale a afirmar que el 90 % de todos los trámites del Poder Judicial costarricense hayan sido trasladados a plataformas de firma digital.
Por ejemplo, en documentación histórica del Poder Judicial se señala que determinadas áreas ya habían alcanzado niveles superiores al 90 % de gestión mediante expediente electrónico. Un caso registrado en el Juzgado Especializado de Cobro Judicial de San José indicaba que el expediente electrónico permitía tramitar más del 90 % del circulante de ese despacho.
También existe información más reciente sobre digitalización en otros ámbitos del Estado costarricense. En enero de 2026, el Ministerio de Cultura y Juventud informó que una nueva normativa hizo obligatorio el índice notarial digital y que la plataforma utilizada automatiza más del 90 % del proceso de acreditación de índices. Pero este dato corresponde al ámbito notarial, no al conjunto de trámites del Poder Judicial.
Por eso, presentar directamente la cifra de 90 % como si representara la totalidad del sistema judicial sería impreciso.
La pandemia aceleró una transformación que ya estaba en marcha
La pandemia de COVID-19 también tuvo un impacto importante en la adopción de servicios judiciales digitales.
Durante 2020, el Poder Judicial reportó un crecimiento considerable en el uso de sus plataformas. Una infografía institucional registró, entre el 23 de marzo y el 31 de agosto de ese año, más de 1,17 millones de expedientes electrónicos, además de cientos de miles de documentos y notificaciones gestionados mediante sus sistemas digitales.
Estos números muestran que la digitalización no fue únicamente una respuesta temporal a las restricciones de movilidad. Los sistemas electrónicos pasaron a desempeñar un papel cada vez más importante en la continuidad de los servicios judiciales.
El acceso digital no puede convertirse en una nueva barrera
La transformación tecnológica también plantea un desafío: no todas las personas tienen las mismas capacidades o recursos para utilizar plataformas digitales.
El Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico reconoce expresamente la existencia de una brecha digital y establece que el uso de tecnología no debe convertirse en una barrera para acceder a la justicia.
Por esta razón, el Poder Judicial contempla medidas para las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad o no tienen acceso adecuado a los medios tecnológicos, incluyendo mecanismos para facilitarles información y acceso a los servicios.
Este punto es especialmente importante. Digitalizar un trámite puede hacerlo más rápido para una persona con computador, internet y conocimientos tecnológicos, pero puede generar el efecto contrario para alguien que no cuenta con esas herramientas.
Seguridad y protección de la información
Los expedientes judiciales contienen información potencialmente sensible, por lo que la digitalización también exige altos niveles de seguridad.
La normativa establece que los procesos electrónicos deben estar protegidos mediante sistemas de seguridad de acceso y almacenados de manera que se garantice la identidad, preservación e integridad de los datos.
Además, las credenciales utilizadas para acceder a los canales digitales son personales e intransferibles. La normativa vigente señala que las personas usuarias deben proteger sus contraseñas y que el uso indebido de las credenciales puede generar responsabilidades.
En consecuencia, la transformación digital de la justicia no solo requiere buenos programas y plataformas: también necesita controles de autenticación, protección de datos, respaldo de información y mecanismos para evitar accesos no autorizados.
Costa Rica continúa ampliando sus servicios digitales
El avance tampoco se limita a los expedientes.
El Poder Judicial ofrece diferentes servicios digitales, entre ellos la consulta de expedientes, la hoja de delincuencia en formato digital, consultas relacionadas con depósitos de pensiones alimentarias e impedimentos de salida, entre otros.
Además, el sitio oficial mantiene instrucciones para que las personas puedan utilizar firma digital para acceder a sus servicios y consultar sus expedientes electrónicos.
En 2026, el propio Poder Judicial continúa difundiendo información sobre el acceso mediante firma digital, lo que demuestra que la herramienta sigue formando parte de la estrategia de digitalización institucional.
Un proceso que todavía no puede considerarse completamente terminado
A pesar de los avances, hablar de una justicia completamente digital sería exagerado.
El propio reglamento contempla situaciones en las que puede ser necesario recurrir a documentos físicos, especialmente cuando existen limitaciones tecnológicas o cuando determinados documentos no pueden digitalizarse técnicamente. También establece mecanismos para los despachos que todavía trabajan con soporte físico.
Esto demuestra que la transición es progresiva y que el modelo actual combina diferentes herramientas dependiendo de las características de cada proceso.
La meta, por tanto, no es simplemente sustituir cada hoja de papel por un archivo PDF. El verdadero desafío consiste en construir un ecosistema judicial digital que sea seguro, accesible, jurídicamente válido y capaz de funcionar de manera integrada.
Un referente para la transformación digital de la justicia en América Central
El caso costarricense resulta relevante para otros países de América Central porque muestra cómo la tecnología puede incorporarse gradualmente a instituciones tan complejas como los sistemas judiciales.
La experiencia incluye expedientes electrónicos, firma digital, gestión en línea, notificaciones electrónicas, servicios móviles y mecanismos de autenticación. No se trata de una única plataforma, sino de un proceso de transformación institucional desarrollado durante varios años.
El reto para Costa Rica y para el resto de la región será mantener ese avance sin dejar atrás a quienes tienen dificultades para acceder a la tecnología.
La justicia después del papel
La digitalización de los expedientes judiciales representa mucho más que trasladar documentos de un archivador a un servidor. Significa cambiar la manera en que jueces, abogados, funcionarios y ciudadanos interactúan con el sistema de justicia.
Costa Rica ya cuenta con una infraestructura que permite consultar expedientes electrónicamente, presentar gestiones digitales y utilizar firma digital en diferentes servicios.
Por eso, aunque no es posible respaldar con fuentes oficiales consultadas la afirmación exacta de que el 90 % de todos los trámites judiciales hayan sido trasladados a plataformas de firma digital, sí existe evidencia sólida de un proceso de digitalización profundo y de larga duración.
El verdadero indicador del cambio no está únicamente en un porcentaje. Está en que buena parte de la relación entre la ciudadanía y la administración de justicia puede realizarse hoy sin depender exclusivamente de expedientes físicos, desplazamientos y documentos impresos. Y ese cambio coloca a Costa Rica entre las experiencias centroamericanas que más claramente muestran hacia dónde puede dirigirse la justicia en la era digital.