Colombia ya no soporta más atentados terroristas

Los salvajes actos de terrorismo que las disidencias de las Farc vienen perpetrando en el departamento de Nariño y en el resto de Colombia, deben ser condenados por instancias internacionales.

Es tan grande el repudio de la sociedad que los actos terroristas registrados en Nariño, Cauca y Valle del Cauca ya llegaron a oídos del Vaticano. La violencia sigue siendo una herida abierta en Colombia.

Hasta agosto de 2025, el país ha registrado 37 masacres, mientras que el asesinato de figuras políticas y líderes sociales se ha convertido en una tragedia cotidiana que afecta el alma democrática de la nación.

El reciente homicidio del senador Miguel Uribe Turbay, durante un acto político, reaviva la memoria de un pasado violento que aún no hemos logrado superar. Pero para comprender la crisis actual, es necesario mirar atrás y entender cómo la violencia se ha convertido en parte de la historia y la cultura de Colombia.

La violencia en Colombia no es un fenómeno reciente; es el resultado de más de un siglo de conflictos políticos, sociales y armados que han dejado millones de víctimas y han moldeado la identidad del país.

El asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 desató el Bogotazo, una ‘ola’ de disturbios que se extendió por todo el país y marcó el inicio de una década de guerra civil no declarada entre liberales y conservadores. Este período, conocido como La Violencia, dejó más de 200.000 muertos y millones de desplazados, consolidando la idea de que las diferencias políticas se resolvían con armas.

El auge del Cartel de Medellín y el Cartel de Cali transformó la violencia en una guerra contra el Estado y entre mafias rivales. Atentados, secuestros, asesinatos de jueces, periodistas y candidatos presidenciales marcaron la época. El asesinato de Luis Carlos Galán (1989) se convirtió en símbolo del poder corruptor del narcotráfico.

Durante los años 90, el conflicto armado se agudizó con enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado. Las masacres, secuestros y desplazamientos masivos alcanzaron cifras récord. En 1999, la Masacre de La Gabarra evidenció la crudeza del control territorial de los grupos armados.  

A pesar del acuerdo de paz, disidencias de las Farc, el ELN y grupos del narcotráfico siguen disputando el control de corredores estratégicos. El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos se disparó, así como las masacres y asesinatos políticos, en el 2025.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el 2025 se registraron alrededor de 37 masacres, con una incidencia alarmante especialmente en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Antioquia.

En comparación, en 2024 se registraron 89 masacres, con un alto número de víctimas en Cauca, seguido por Valle del Cauca y Antioquia.

Estas cifras reflejan una violencia estructural que, a pesar de los acuerdos y procesos de paz, sigue golpeando con fuerza a las comunidades más vulnerables.

Uno de los factores que alimenta la violencia en Colombia es la incapacidad de respetar las diferencias ideológicas. Desde la violencia bipartidista del siglo XX hasta los enfrentamientos políticos actuales, el país ha visto cómo las discrepancias en ideas, religiones o visiones de nación se transforman en ataques verbales, exclusiones sociales y, en demasiadas ocasiones, en agresiones físicas y homicidios.

Esta intolerancia no se limita a las élites políticas; se manifiesta en redes sociales, en el discurso cotidiano y en las relaciones comunitarias. El problema radica en que la confrontación reemplaza al diálogo, y la imposición sustituye al consenso.