Corte pide crear protocolo para hospitalización involuntaria de personas con problemas de salud mental

La Corte Constitucional pidió al Ministerio de Salud y Protección Social establecer una regulación integral que determine cómo deben realizarse el ingreso, la permanencia y el egreso de personas con discapacidad psicosocial en centros de salud mental, especialmente cuando se trate de hospitalizaciones involuntarias durante episodios agudos.

La decisión fue adoptada en la Sentencia T-268 de 2026, luego de analizar el caso de un paciente que había sido hospitalizado tras presentar un episodio de salud mental con conductas que representaban riesgos para él y para otras personas. Durante su permanencia en la institución manifestó su deseo de salir, pero continuó internado hasta recibir el alta médica.

La Corte concluyó que en este caso fueron vulnerados derechos relacionados con la libertad, la autonomía y la dignidad del paciente. Entre otros aspectos, señaló que no se implementaron los apoyos necesarios para conocer su voluntad, ni se evaluaron suficientemente alternativas menos restrictivas antes de prolongar la hospitalización.

A partir de este caso, el alto tribunal estableció cinco criterios que deben cumplirse de manera conjunta para que una hospitalización involuntaria sea constitucional. Debe existir un riesgo cierto, grave e inminente para la vida o integridad del paciente o de terceros; se debe valorar su voluntad y brindar los apoyos necesarios para expresarla; y deben descartarse previamente alternativas menos restrictivas.

Además, la hospitalización deberá tener una finalidad estrictamente terapéutica, contar con un plan individualizado y establecer criterios objetivos para el alta. La Corte también determinó que la internación debe ser revisada periódicamente y durar únicamente el tiempo indispensable para superar el episodio agudo, sin prolongarla con base en conceptos generales de “peligrosidad”.

Con esta decisión, la Corte busca que la atención de las personas con problemas de salud mental respete sus derechos fundamentales y que las medidas de hospitalización involuntaria sean excepcionales, justificadas clínicamente y sometidas a controles adecuados.