Colombia dio un nuevo paso en materia de protección y bienestar animal con la sanción de la denominada Ley No Más Zoofilia, una norma que incorpora al Código Penal un delito específico relacionado con el acceso carnal a animales. La legislación busca fortalecer las herramientas jurídicas para investigar y sancionar los casos de violencia sexual contra perros, gatos y otras especies.
La nueva norma modifica la legislación penal colombiana y establece por primera vez un tipo penal específico para este tipo de conducta. De esta manera, los actos sexuales cometidos contra animales dejan de ser tratados únicamente desde otras figuras relacionadas con el maltrato y pasan a contar con una regulación penal propia.
La ley fue impulsada por la senadora Esmeralda Hernández y establece diferentes sanciones dependiendo de las circunstancias en las que se produzcan los hechos. Además de contemplar penas de prisión, incluye multas, restricciones para trabajar o realizar actividades relacionadas con animales y prohibiciones para adquirir o tener animales.
Penas de prisión y otras sanciones
De acuerdo con la nueva legislación, una persona que sea declarada responsable de acceso carnal a un animal puede recibir una pena que inicialmente se encuentra entre 48 y 55 meses de prisión. Esto equivale aproximadamente a cuatro años y medio de cárcel, aunque la pena puede aumentar cuando se presentan circunstancias consideradas agravantes.
Además de la privación de la libertad, los responsables pueden enfrentar otras consecuencias. Entre ellas se encuentra una inhabilidad para ejercer durante un periodo determinado profesiones, oficios o actividades comerciales relacionadas con animales.
También se contempla la posibilidad de prohibir que la persona condenada pueda adquirir, cuidar, tener o mantener animales, con el objetivo de evitar que vuelva a estar en una posición desde la cual pueda poner en riesgo a otros animales.
La norma igualmente establece multas económicas de entre 30 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de las condiciones determinadas dentro del proceso judicial.
Sin embargo, la legislación aclara que las disposiciones relacionadas con el delito no deben aplicarse a procedimientos legítimos realizados por profesionales o personas autorizadas en ámbitos como la medicina veterinaria, la zootecnia, el cuidado animal, los diagnósticos o determinadas técnicas relacionadas con la reproducción y productividad animal.
¿Qué considera la ley como acceso carnal?
Uno de los puntos centrales de la nueva legislación es que establece una definición específica de lo que se entiende por acceso carnal a un animal.
La norma contempla diferentes formas de penetración y también incluye aquellas situaciones en las que se utilicen otras partes del cuerpo humano u objetos. Además, introduce una definición más amplia de acto sexual, que comprende conductas de naturaleza sexual realizadas o impuestas a un animal que no necesariamente correspondan al acceso carnal.
Con esta modificación, el Código Penal amplía la forma en que reconoce la protección de los animales. El título correspondiente pasa a denominarse “Delitos contra los animales”, mientras que el capítulo se enfoca en proteger la vida y la integridad física, emocional y sexual de estos seres.
Este cambio representa una ampliación del enfoque jurídico frente a los animales, al reconocer que su protección no se limita únicamente a evitar lesiones físicas, sino que también contempla otras formas de violencia y afectación.
Las penas pueden aumentar en situaciones agravadas
La legislación contempla circunstancias que pueden hacer que la pena sea mucho mayor. En determinados casos, las sanciones pueden incrementarse entre la mitad y las tres cuartas partes de la pena inicial.
Entre los factores que pueden aumentar la gravedad del delito se encuentra la participación de dos o más personas. También se considera agravante que los hechos involucren a varios animales.
Otra circunstancia contemplada es el abuso de confianza, especialmente cuando la persona responsable tiene una posición, profesión o cargo que le permite estar a cargo o tener especial acceso al animal.
Los hechos también pueden recibir una sanción más alta cuando ocurren en espacios públicos o cuando la conducta tiene como finalidad obtener dinero u otro beneficio económico.
La reincidencia también es considerada una circunstancia agravante. Esto incluye los casos en los que una persona comete este tipo de conducta en más de una ocasión contra el mismo animal.
Otro aspecto relevante está relacionado con la grabación y difusión de estos actos. La ley contempla un aumento de las consecuencias cuando las conductas son registradas, difundidas o promovidas mediante redes sociales, plataformas digitales u otros medios, especialmente cuando la publicación busca incentivar el delito o hacer una apología de este.
La crueldad o sevicia también puede incrementar la pena, al igual que utilizar al animal como instrumento para ejercer venganza, amenaza, represalia o presión contra otra persona.
Finalmente, se contemplan como especialmente graves los casos en los que el animal se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Esto puede ocurrir cuando está bajo cuidado de una institución, presenta una condición de salud particular, es muy joven o viejo, está gestando, ha sido abandonado, se encuentra en recuperación o no tiene posibilidades adecuadas para defenderse.
Cuando se presentan estas circunstancias, la pena puede llegar hasta 140 meses de prisión, equivalentes a aproximadamente 11 años y 8 meses de cárcel.
La ley también busca prevenir estos comportamientos
La nueva legislación no se concentra únicamente en castigar a quienes sean declarados responsables. También incluye medidas destinadas a prevenir la repetición de estas conductas y promover una mayor conciencia sobre el respeto hacia los animales.
Los jueces podrán considerar la aplicación de medidas pedagógicas y programas de prácticas restaurativas, siempre bajo las condiciones establecidas y sin que estas impliquen contacto con animales.
Estas herramientas buscan contribuir a la resocialización de las personas condenadas y promover una mayor comprensión sobre el bienestar, la protección y los derechos de los animales.
La intención es que el sistema judicial no se limite a imponer una sanción, sino que también pueda incorporar procesos educativos que ayuden a evitar que este tipo de comportamientos vuelvan a ocurrir.
El Gobierno deberá desarrollar una estrategia de prevención
La ley también establece responsabilidades para el Gobierno Nacional. Dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la norma, deberá diseñarse una estrategia destinada a prevenir y sensibilizar a la población frente al acceso carnal a animales y frente a la difusión de contenidos que promuevan este tipo de conductas.
La estrategia deberá abordar diferentes aspectos relacionados con el problema, incluyendo sus posibles implicaciones para la salud pública, el bienestar y la protección de los animales.
También deberá explicar a la ciudadanía que estas conductas ahora están contempladas específicamente como delitos y proporcionar información sobre los mecanismos existentes para denunciar los casos.
Para desarrollar esta estrategia, el Gobierno tendrá que trabajar con organizaciones que tengan experiencia en protección animal, como refugios, fundaciones y otras entidades especializadas en la atención de casos de violencia contra animales.
Esto busca aprovechar el conocimiento de organizaciones que durante años han atendido situaciones de maltrato y que pueden contribuir a mejorar la prevención, la atención de las víctimas animales y la orientación a las personas que conozcan un caso.
La Fiscalía tendrá nuevas responsabilidades
La legislación también asigna una tarea específica a la Fiscalía General de la Nación. La entidad tendrá un plazo de seis meses después de la entrada en vigencia de la ley para crear un protocolo de investigación especializado en casos de acceso carnal a animales y en las circunstancias que puedan aumentar las penas.
El protocolo deberá establecer procedimientos para la investigación de estos delitos y definir reglas relacionadas con la recolección y preservación de elementos materiales probatorios.
Este punto es especialmente importante porque las investigaciones de este tipo de hechos requieren procedimientos adecuados para recopilar pruebas que permitan demostrar lo ocurrido ante las autoridades judiciales.
Además, la Fiscalía deberá contemplar mecanismos de capacitación dirigidos a activistas, fundaciones y organizaciones dedicadas a la protección animal. El objetivo es que estas entidades puedan colaborar de manera adecuada con las autoridades en la identificación, recolección, conservación y acreditación de elementos que puedan servir como evidencia.
Un cambio importante en la protección jurídica de los animales
La entrada en vigencia de esta legislación representa un cambio significativo en la manera en que Colombia aborda los casos de violencia sexual contra animales. La creación de un delito específico permite establecer penas concretas y diferenciar estas conductas de otras formas de maltrato.
La norma también busca actuar en varios frentes: castigo, prevención, educación, investigación y protección. Mientras las penas de prisión y las multas buscan sancionar a quienes cometan estos hechos, las medidas pedagógicas y las campañas de sensibilización pretenden prevenir que se repitan.
Además, el fortalecimiento de los procedimientos de investigación busca facilitar que los casos puedan ser documentados y llevados ante la justicia con pruebas suficientes.
En conclusión, la Ley No Más Zoofilia establece un marco penal más específico para proteger a los animales frente a la violencia sexual. Las personas responsables podrán enfrentar prisión, multas, restricciones para trabajar con animales y prohibiciones relacionadas con su tenencia.
Cuando existan circunstancias agravantes, como la reincidencia, la participación de varias personas, el lucro económico, la crueldad, la difusión de los hechos o la vulnerabilidad del animal, las penas podrán aumentar considerablemente y alcanzar hasta 11 años y 8 meses de prisión.
La nueva legislación también plantea un reto para las autoridades: desarrollar mecanismos eficaces de prevención, investigación y denuncia. Con estas medidas, Colombia busca fortalecer la protección de los animales y establecer consecuencias penales más claras para quienes atenten contra su integridad.