La paz condicionada al desarme: así funcionará el nuevo protocolo de supervisión en Gaza

El desarme en Gaza ha entrado en una nueva y delicada fase dentro del plan internacional diseñado para poner fin al conflicto y establecer una estructura de seguridad y administración transitoria en la Franja. La llamada Junta de Paz —el organismo internacional creado para supervisar la implementación del acuerdo— ha impulsado mecanismos de inventario, almacenamiento y verificación de armamento que buscan avanzar hacia una desmilitarización progresiva de las facciones palestinas.

Sin embargo, el inicio de estos protocolos no significa que el proceso esté completamente desbloqueado. La aplicación del acuerdo continúa marcada por una profunda disputa sobre el orden en el que deben producirse el desarme de Hamas y otros grupos armados, la retirada de las fuerzas israelíes y la reconstrucción del territorio.

La hoja de ruta acordada plantea que el proceso no consistirá simplemente en la entrega inmediata de todas las armas. En cambio, prevé un mecanismo escalonado, con participación palestina, supervisión internacional y una relación directa entre los avances verificados en materia de seguridad y las siguientes etapas de la retirada israelí.

Un proceso basado en inventario, almacenamiento y verificación

El plan de desarme establece que una de las primeras tareas será determinar qué armamento permanece en manos de las distintas facciones y dónde se encuentra. Para ello se contempla un proceso de inventario y almacenamiento controlado, en el que participaría un comité palestino encargado de administrar Gaza durante la etapa de transición.

De acuerdo con la información divulgada sobre la hoja de ruta, la supervisión internacional tendría un papel central en la comprobación de los avances. El objetivo es evitar que el proceso dependa únicamente de declaraciones políticas y que cada paso pueda ser verificado sobre el terreno.

Entre los elementos contemplados se encuentran las armas pesadas, los depósitos militares, las instalaciones destinadas a la producción de armamento y la infraestructura subterránea utilizada con fines militares. La propuesta también prevé el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización y el fortalecimiento de nuevas estructuras policiales palestinas para asumir gradualmente responsabilidades de seguridad.

La idea central es que el armamento no sea entregado directamente a Israel. Según los términos conocidos del acuerdo, el control y almacenamiento quedarían inicialmente en manos de una estructura palestina de transición, mientras un mecanismo internacional supervisaría que las armas fueran efectivamente retiradas de la actividad militar.

El principal obstáculo: quién debe actuar primero

Aunque existe una estructura general para el desarme en Gaza, la implementación se encuentra condicionada por una diferencia fundamental entre las partes.

Israel ha insistido en que no completará su retirada de la Franja mientras no existan avances verificables hacia la desmilitarización. El representante de la Junta de Paz para Gaza, Nickolay Mladenov, señaló recientemente que la retirada israelí está vinculada a pasos de desarme que puedan ser comprobados sobre el terreno.

Por su parte, Hamas y otras facciones palestinas han sostenido que la implementación de sus compromisos depende del cumplimiento de las obligaciones israelíes, especialmente el cese de las operaciones militares y la retirada progresiva de las zonas controladas por el Ejército israelí.

Esta diferencia sobre la secuencia ha sido uno de los principales factores que ha impedido un avance definitivo. Mientras Israel exige garantías previas de desarme, las facciones palestinas reclaman que la retirada y el fin de las operaciones militares no pueden quedar subordinados indefinidamente a un proceso cuya verificación y calendario siguen siendo objeto de negociación.

La Junta de Paz y el papel de la supervisión internacional

La estructura que dirige el proceso forma parte de un marco político más amplio impulsado por Estados Unidos y respaldado en el ámbito internacional mediante la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Dentro de este esquema, la Junta de Paz tiene la función de supervisar la transición política, la estabilización, la reconstrucción y el desarrollo de las nuevas estructuras administrativas y de seguridad en Gaza. Paralelamente, se contempla una administración palestina tecnocrática para gestionar los asuntos civiles del territorio durante la transición.

El desarme representa uno de los componentes más sensibles de ese modelo. La comunidad internacional busca evitar un vacío de seguridad que pueda provocar el surgimiento de nuevas estructuras armadas o enfrentamientos internos una vez se reduzca la presencia militar israelí.

Por ello, el plan vincula la desmilitarización con la creación de una fuerza de estabilización, nuevas capacidades policiales y mecanismos de administración civil. Estados Unidos anunció recientemente más de 206 millones de dólares destinados a apoyar la futura Fuerza Internacional de Estabilización, aunque la puesta en marcha integral del plan sigue condicionada por las diferencias políticas entre Israel y Hamas.

Reuniones recientes sin un acuerdo definitivo

Los esfuerzos diplomáticos se intensificaron durante las últimas semanas con reuniones entre Jared Kushner, representantes de Hamas y el Gobierno israelí.

Kushner mantuvo contactos con dirigentes de Hamas en Egipto y posteriormente se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un intento de reducir las diferencias sobre la segunda fase del plan de paz. Sin embargo, las conversaciones concluyeron sin un acuerdo definitivo sobre la secuencia del desarme y la retirada.

Las partes sí avanzaron en la creación de grupos de trabajo destinados a abordar cuestiones relacionadas con la desmilitarización y las necesidades de salud pública e infraestructura en Gaza. Este punto es importante porque supone la apertura de canales técnicos para discutir cómo se verificaría el cumplimiento de los compromisos, incluso cuando persisten desacuerdos políticos de mayor alcance.

Un desarme progresivo y condicionado

La propuesta internacional no plantea un único acto de entrega de armas, sino un proceso dividido en etapas. La verificación de cada una de ellas tendría consecuencias sobre el avance de otros compromisos, incluida la retirada israelí de determinadas zonas.

El esquema conocido establece que la entrada de las estructuras administrativas palestinas y de la fuerza internacional constituye una condición relevante para comenzar el proceso. Posteriormente, se desarrollaría el inventario de armamento y su almacenamiento bajo supervisión.

Este mecanismo busca responder a dos preocupaciones simultáneas. Israel reclama garantías de que Gaza no vuelva a convertirse en una plataforma para ataques contra su territorio, mientras las facciones palestinas rechazan que el desarme se traduzca en una transferencia directa del control de las armas a una potencia extranjera o en una pérdida de capacidad política antes de que se cumplan los compromisos sobre retirada y administración palestina.

El futuro de Hamas y de las demás facciones

Uno de los elementos centrales del plan es la transformación de la estructura de poder en Gaza. La administración civil prevista para la etapa posterior al conflicto estaría en manos de un comité palestino tecnocrático y no incluiría a Hamas como organización gobernante.

Esto convierte el desarme en una cuestión que va mucho más allá de la seguridad. El proceso está directamente relacionado con la futura distribución del poder político, la reconstrucción y la administración de los recursos en la Franja.

Hamas ha manifestado disposición a participar en una hoja de ruta para la desmilitarización, pero ha insistido en que el cumplimiento debe ser recíproco y estar acompañado por la retirada israelí y otras garantías políticas. Israel, por el contrario, mantiene que cualquier reconstrucción y retirada definitiva debe estar condicionada a una desmilitarización verificable.

La reconstrucción, otro elemento ligado al proceso

El futuro de Gaza también depende de la capacidad para transformar los compromisos políticos en una administración efectiva sobre el terreno.

La Junta de Paz y los organismos implicados en el plan han vinculado la estabilización con la recuperación de los servicios públicos, la reconstrucción de infraestructuras y la creación de condiciones para el funcionamiento de una administración palestina civil.

Sin embargo, la financiación y la implementación de estos proyectos han enfrentado dificultades. Informaciones previas señalaron problemas entre las cantidades prometidas para la reconstrucción y los recursos efectivamente disponibles, lo que añade presión a un proceso que ya depende de acuerdos políticos y de garantías de seguridad todavía pendientes.

Una etapa decisiva, pero todavía lejos de estar resuelta

El anuncio y desarrollo de protocolos de supervisión representa un paso relevante porque establece mecanismos concretos para abordar una de las cuestiones más complejas del conflicto: cómo retirar de la actividad militar el arsenal de las facciones palestinas sin provocar un nuevo vacío de seguridad y sin bloquear indefinidamente la retirada israelí.

No obstante, el desarme en Gaza continúa siendo un proceso frágil. La existencia de una hoja de ruta y de estructuras de supervisión no elimina las diferencias sobre quién debe actuar primero, qué nivel de verificación será considerado suficiente y cuál será el calendario para completar la retirada y la reconstrucción.

Por ahora, el escenario apunta a un proceso gradual, en el que inventario, almacenamiento, verificación internacional y retirada militar deberán avanzar de manera coordinada. Los próximos pasos dependerán de que la Junta de Paz, Israel, Hamas, las demás facciones palestinas y los países mediadores logren convertir los principios generales del acuerdo en acciones verificables sobre el terreno.

La evolución de estos protocolos será determinante no solo para el futuro inmediato de Gaza, sino también para definir si el actual plan internacional consigue transformar un alto el fuego y una negociación política en una estructura de seguridad y administración capaz de sostener una paz duradera.