El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto continúa dejando consecuencias que van mucho más allá de las pérdidas humanas y los daños visibles en edificios y carreteras. Diez días después del sismo, las Naciones Unidas advirtieron que aproximadamente 1,2 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, mientras varias comunidades rurales y apartadas todavía tienen dificultades para recibir ayuda.
La nueva dimensión de la emergencia revela que el desastre no solamente representa una crisis de infraestructura. También amenaza los ingresos de miles de familias, la seguridad alimentaria, el acceso a servicios básicos, la actividad agrícola y pesquera y la capacidad de las comunidades para recuperar sus medios de vida.
De acuerdo con las agencias de Naciones Unidas, los departamentos que concentran buena parte de las necesidades son Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, aunque el impacto se extiende a otras zonas del país. La magnitud de las necesidades ha llevado a los organismos humanitarios a solicitar 135 millones de dólares para atender la emergencia y apoyar a unas 671.000 personas inicialmente priorizadas dentro de la respuesta.
Un terremoto que transformó una emergencia local en una crisis nacional
El sismo ocurrió el 10 de agosto de 2026 y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Con una magnitud de 7,4, el movimiento fue sentido con intensidad en una extensa zona del occidente y centro del país.
La emergencia afectó especialmente a municipios de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, pero también produjo daños en otros departamentos. La distribución territorial del desastre ha dificultado las labores de evaluación y asistencia, especialmente en comunidades rurales, montañosas, ribereñas y costeras.
La ONU señaló que, diez días después del terremoto, todavía existían comunidades que no habían podido ser visitadas por los equipos humanitarios o que solamente habían recibido asistencia una vez. Esta situación es especialmente preocupante porque la información disponible todavía no permite determinar completamente la dimensión de los daños.
En otras palabras, la cifra de 1,2 millones de personas que requieren asistencia no debe interpretarse como que todas ellas se encuentran en las mismas condiciones. Las necesidades varían desde alimentación, agua potable y alojamiento hasta atención médica, protección, recuperación de viviendas y reconstrucción de medios de subsistencia.
Más de 300 muertos y decenas de miles de viviendas afectadas
Las cifras oficiales citadas por Naciones Unidas muestran la magnitud de la tragedia. Para el 20 de agosto, los reportes indicaban más de 300 personas fallecidas, 426 desaparecidas y más de 4.500 heridas, mientras el terremoto había alcanzado a comunidades ubicadas en 472 municipios de 15 departamentos.
En materia de vivienda, más de 134.000 hogares habían sufrido algún tipo de daño y cerca de 30.000 viviendas habían quedado destruidas. A esto se suman afectaciones en carreteras y otras infraestructuras esenciales, que dificultan el traslado de alimentos, medicamentos, agua y equipos de emergencia.
El daño tampoco termina cuando una vivienda permanece físicamente en pie. Los organismos humanitarios han advertido que numerosas familias continúan sin regresar a sus hogares debido al temor de nuevos colapsos o porque todavía no se han realizado evaluaciones estructurales.
Para muchas personas, esto significa vivir temporalmente con familiares, en alojamientos improvisados o en espacios colectivos.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) identificó al menos 71 sitios de alojamiento colectivo temporal, donde se encontraban aproximadamente 4.700 personas en Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas. Sin embargo, Naciones Unidas advierte que una parte importante de los damnificados no se encuentra en estos lugares y podría quedar fuera de los mecanismos tradicionales de distribución de ayuda.
El aislamiento geográfico agrava la emergencia
Uno de los principales problemas después del terremoto ha sido la dificultad para llegar a determinadas comunidades.
En regiones como Chocó, la geografía ya representa un desafío para la conectividad. Las carreteras son limitadas y numerosos municipios dependen de vías fluviales o de corredores terrestres vulnerables a derrumbes.
El terremoto provocó daños en cientos de vías y, posteriormente, las lluvias complicaron todavía más el acceso. La ONU reportó al menos 413 carreteras afectadas, situación que dificulta tanto el transporte de ayuda como la salida de personas que necesitan atención médica especializada.
San José del Palmar es uno de los ejemplos más claros. El municipio, ubicado en una zona montañosa del Chocó y cercana al epicentro, quedó parcialmente aislado después de que derrumbes bloquearan su principal vía de comunicación. Aunque no registró una cantidad de víctimas comparable con otros territorios, cientos de viviendas resultaron afectadas y el acceso a servicios básicos se vio seriamente comprometido.
La situación demuestra que el impacto de un terremoto no depende únicamente de cuántos edificios se derrumban. La falta de conectividad puede convertir daños relativamente localizados en una emergencia humanitaria de mayor duración.
La crisis también amenaza los ingresos de miles de familias
Uno de los aspectos más importantes de esta emergencia es el impacto sobre la economía de las comunidades.
En varias zonas afectadas, una parte importante de la población depende de actividades como la agricultura familiar, la pesca artesanal, el comercio local y otras actividades informales.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha advertido que todavía existe una importante falta de información sobre el daño ocasionado en cultivos, ganado, pesca artesanal, sistemas de riego y cosechas.
Esto significa que el número de personas que necesitan apoyo podría seguir aumentando a medida que los equipos logren ingresar a las zonas rurales y conocer el verdadero alcance de las pérdidas.
El momento en que ocurrió el terremoto también es relevante. En algunas zonas coincidió con períodos de siembra o cosecha. La pérdida de una temporada agrícola puede tener consecuencias que se prolonguen durante meses, porque una familia que pierde sus cultivos no solamente pierde alimentos, sino también una fuente fundamental de ingresos.
La interrupción de las actividades productivas puede generar además un efecto en cadena: menos producción significa menores ingresos para las familias, menor actividad comercial en los municipios y una mayor dependencia de la ayuda humanitaria.
Chocó enfrenta una situación especialmente compleja
Aunque los efectos del terremoto se extendieron por varias regiones, Chocó presenta condiciones particulares que pueden dificultar la recuperación.
El departamento ya enfrentaba importantes desafíos sociales y de infraestructura antes del desastre. En numerosas comunidades rurales, el acceso a servicios de salud, agua potable, transporte y comunicaciones es limitado.
El terremoto golpeó precisamente algunos de estos puntos débiles.
En San José del Palmar, por ejemplo, cientos de viviendas sufrieron daños y algunas quedaron destruidas, mientras los derrumbes bloquearon las rutas de acceso. En Quibdó también se registraron daños estructurales importantes.
Por esta razón, la reconstrucción no consiste únicamente en levantar nuevamente edificios. También implica mejorar carreteras, restablecer sistemas de agua y saneamiento, garantizar atención sanitaria y recuperar las actividades económicas que permiten a las familias sostenerse.
El sistema de salud también está bajo presión
La atención sanitaria es otra de las prioridades señaladas por Naciones Unidas.
Al menos 50 hospitales habían sufrido daños severos, mientras diferentes zonas enfrentaban interrupciones en servicios como electricidad y agua, además de dificultades para obtener oxígeno, medicamentos y suministros médicos.
El problema puede agravarse en los municipios más aislados. Una persona con una lesión que requiere atención especializada puede necesitar ser trasladada a otra ciudad, pero las carreteras dañadas, los derrumbes y las dificultades de transporte pueden retrasar ese proceso.
A esto se suma la necesidad de atender a personas que no presentan lesiones físicas graves, pero que han sufrido pérdidas familiares, destrucción de sus hogares o desplazamiento temporal.
La emergencia, por tanto, tiene también una dimensión de salud mental y protección social, especialmente para niños, adultos mayores y familias que han perdido sus medios de vida.
Lluvias aumentan los riesgos sanitarios
La situación se ha complicado además por las lluvias registradas en varias zonas afectadas.
Las precipitaciones dificultan la movilidad, empeoran las condiciones de los alojamientos temporales y pueden incrementar el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue.
En Chocó, la exposición a agua contaminada también representa un riesgo adicional para la población, particularmente en comunidades donde los sistemas de agua y saneamiento resultaron afectados. La ONU ha advertido sobre la posibilidad de un aumento de enfermedades diarreicas y respiratorias bajo estas condiciones.
Por eso, la respuesta humanitaria no puede limitarse a entregar alimentos. También requiere garantizar agua segura, instalaciones sanitarias, productos de higiene y condiciones adecuadas de alojamiento.
Una emergencia que puede profundizar la inseguridad alimentaria
La pérdida de viviendas y cultivos puede tener consecuencias directas sobre la alimentación de las familias.
En los primeros días después de un desastre, las prioridades suelen concentrarse en rescatar sobrevivientes, atender heridos y proporcionar agua y alimentos. Sin embargo, una vez superada esa etapa inicial, aparece un problema más complejo: ¿cómo se alimentarán las familias durante las siguientes semanas y meses si perdieron sus cultivos, animales, herramientas o fuentes de ingresos?
La respuesta de Naciones Unidas contempla precisamente asistencia alimentaria y apoyo para recuperar los medios de vida.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) comenzó a entregar ayuda alimentaria de emergencia en Pereira y Quibdó y prepara una ampliación de sus operaciones. El organismo busca recursos para atender aproximadamente a 100.000 personas.
La reconstrucción tendrá un costo económico considerable
El impacto económico del terremoto también se refleja en la necesidad de reconstruir miles de viviendas y recuperar infraestructura pública y privada.
No se trata solamente del costo de los edificios destruidos. La economía local también se ve afectada cuando una carretera deja de funcionar, un comercio queda destruido, una escuela cierra, un hospital pierde capacidad operativa o una familia deja de producir.
Los efectos pueden propagarse desde las comunidades directamente afectadas hacia otras regiones.
Por ejemplo, una empresa que depende de materias primas procedentes de una zona afectada puede experimentar interrupciones. Del mismo modo, comerciantes y transportadores pueden perder ingresos mientras las vías permanecen bloqueadas.
En las comunidades rurales, la pérdida de herramientas, animales, cultivos o embarcaciones puede significar la desaparición temporal de la principal fuente de ingresos de una familia.
Por ello, la recuperación económica debe avanzar de manera paralela a la reconstrucción física.
La ONU busca 135 millones de dólares para la respuesta
Ante la dimensión de la emergencia, los socios humanitarios están solicitando 135 millones de dólares para financiar la respuesta.
El objetivo inicial es atender a 671.000 personas en los departamentos que concentran las mayores necesidades: Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Caldas.
La cifra de personas que requieren algún tipo de asistencia —1,2 millones— es mayor que el número inicialmente priorizado para recibir la respuesta humanitaria financiada por este llamamiento. Esto refleja una distinción importante: no todas las personas afectadas presentan el mismo nivel de necesidad ni requieren exactamente el mismo tipo de ayuda.
La ONU y sus agencias están trabajando con el Gobierno colombiano y las autoridades territoriales para determinar dónde se encuentran las mayores brechas.
Los organismos de Naciones Unidas amplían sus operaciones
La respuesta internacional involucra a varias agencias de Naciones Unidas.
La OIM está trabajando en alojamiento, agua y saneamiento, salud, protección y recuperación. Además, lanzó un llamamiento de 30 millones de dólares para sus operaciones durante los próximos seis meses.
El PMA está ampliando la distribución de alimentos.
El UNFPA despliega equipos móviles en Chocó para atender necesidades relacionadas con salud sexual y reproductiva, además de brindar apoyo a mujeres embarazadas y sobrevivientes de violencia basada en género.
Por su parte, UNICEF trabaja en agua, saneamiento e higiene y en medidas de protección para niños y niñas afectados por el desastre.
Además, el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de Naciones Unidas (CERF) destinó 5 millones de dólares para fortalecer la respuesta liderada por el Gobierno colombiano.
Desde los primeros días posteriores al terremoto, Naciones Unidas había establecido coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Ministerio de Salud, la Cancillería, gobernaciones y alcaldías.
La recuperación no terminará cuando desaparezcan los escombros
Uno de los principales desafíos será evitar que la emergencia humanitaria se convierta posteriormente en una crisis prolongada.
La reconstrucción de una vivienda puede tardar meses. La recuperación de una carretera puede requerir obras de ingeniería complejas. La rehabilitación de un hospital puede prolongarse todavía más.
Para las familias que perdieron sus cultivos o negocios, el problema puede durar incluso después de que las calles hayan sido despejadas.
Por eso, la recuperación debe incluir programas de apoyo económico, reconstrucción de viviendas, recuperación de actividades productivas y fortalecimiento de infraestructura pública.
La ONU ha señalado que la recuperación comienza desde los primeros días, aunque sus resultados pueden tardar mucho más tiempo en materializarse.
Un reto para la capacidad de respuesta de Colombia
El terremoto también pone a prueba la capacidad institucional del país para responder a desastres de gran escala.
Colombia cuenta con un sistema nacional de gestión del riesgo y con organismos especializados en búsqueda, rescate y atención de emergencias. Sin embargo, la extensión territorial del desastre, el número de comunidades afectadas y las dificultades de acceso muestran los límites que pueden existir cuando una emergencia golpea simultáneamente diferentes departamentos.
La situación es particularmente compleja en zonas donde las condiciones de infraestructura ya eran precarias.
El desafío ahora consiste en garantizar que la ayuda llegue no solamente a las ciudades más visibles, sino también a las comunidades rurales que pueden quedar fuera del foco mediático.
Una emergencia que todavía no ha terminado
Diez días después del terremoto, la situación sigue siendo dinámica. Las cifras de personas afectadas, viviendas dañadas y comunidades que necesitan asistencia pueden cambiar a medida que los equipos logren acceder a territorios que permanecen parcialmente aislados.
La estimación de 1,2 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria muestra que las consecuencias del terremoto son considerablemente más amplias que el número de edificios destruidos o de víctimas registrado en los primeros días.
El desastre ha afectado viviendas, hospitales, carreteras, sistemas de agua, actividades agrícolas, pesca, comercio y otras fuentes de ingresos. En algunas comunidades, además, la combinación del aislamiento, las lluvias y la falta de servicios básicos puede aumentar los riesgos sanitarios.
La prioridad inmediata sigue siendo salvar vidas y garantizar alimentos, agua, atención médica y alojamiento. Pero, al mismo tiempo, Colombia deberá afrontar una segunda etapa: reconstruir las comunidades y recuperar las condiciones económicas que permitan a las familias volver a sostenerse por sí mismas.
La magnitud de la cifra revelada por Naciones Unidas deja claro que la emergencia no puede medirse solamente por los daños visibles. Para cientos de miles de personas, el terremoto también significó perder su casa, su negocio, sus cultivos, sus herramientas de trabajo o la infraestructura que conectaba sus comunidades con el resto del país.
La reconstrucción, por tanto, será un proceso de largo plazo y requerirá coordinación entre el Gobierno, autoridades locales, organismos internacionales, organizaciones humanitarias, sector privado y las propias comunidades afectadas.