París, Francia. La justicia francesa abrió en 2026 una nueva etapa para los litigios climáticos corporativos al determinar que TotalEnergies debe incorporar a su plan de vigilancia los riesgos relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el uso de sus productos. Sin embargo, el fallo no llegó tan lejos como pretendían las organizaciones demandantes: el tribunal no ordenó a la compañía reducir una cantidad determinada de petróleo y gas, abandonar nuevos proyectos de hidrocarburos ni adoptar una trayectoria específica compatible con el límite de 1,5 °C del Acuerdo de París.
La decisión, dictada el 25 de junio de 2026 por el Tribunal Judicial de París, constituye una victoria parcial para las organizaciones ambientales y la ciudad de París que llevaron el caso a los tribunales. Al mismo tiempo, supone una delimitación importante de hasta dónde puede llegar un juez al exigir cambios concretos en la estrategia empresarial de una multinacional energética.
El caso, además, no debe confundirse con otro proceso desarrollado en Francia contra TotalEnergies por posibles prácticas de greenwashing. Ambos asuntos forman parte de una creciente ofensiva judicial relacionada con el clima, pero tienen fundamentos jurídicos y objetivos diferentes.
Un proceso que comenzó hace más de seis años
El origen del litigio se remonta a 2018 y 2019, cuando varias organizaciones ambientales y entidades locales cuestionaron el plan de vigilancia de TotalEnergies. Entre los demandantes estuvieron Notre Affaire à Tous, Sherpa, ZEA y France Nature Environnement, mientras que la ciudad de París se incorporó posteriormente al procedimiento.
La disputa se apoyó en la ley francesa de deber de vigilancia de 2017, una norma que obliga a determinadas grandes empresas a elaborar y aplicar un plan destinado a identificar y prevenir riesgos graves relacionados con los derechos humanos, la salud, la seguridad y el medioambiente dentro de sus actividades y de determinadas relaciones empresariales.
Los demandantes sostenían que el plan de TotalEnergies era insuficiente porque contemplaba determinados riesgos climáticos y las emisiones directas de sus operaciones, pero no incorporaba adecuadamente las emisiones generadas cuando los productos petroleros y gasíferos comercializados por la compañía son utilizados por sus clientes.
La discusión terminó centrándose especialmente en las denominadas emisiones de alcance 3 o Scope 3.
¿Qué son las emisiones Scope 1, 2 y 3?
Para comprender la importancia del fallo es necesario distinguir las tres grandes categorías utilizadas para contabilizar las emisiones corporativas.
Las emisiones Scope 1 son aquellas producidas directamente por las operaciones bajo control de una empresa. En una compañía energética pueden incluir, por ejemplo, emisiones provenientes de instalaciones, procesos industriales o combustión de combustibles dentro de operaciones propias.
Las emisiones Scope 2 están relacionadas principalmente con la electricidad, el calor o el vapor adquiridos por la empresa y consumidos en sus operaciones.
Las emisiones Scope 3 son mucho más amplias. Incluyen emisiones indirectas que se producen a lo largo de la cadena de valor de una empresa. En el caso de una compañía petrolera y gasista, una de las fuentes más importantes corresponde a la combustión de los combustibles vendidos a sus clientes.
Ese último punto fue fundamental en el proceso francés. El tribunal observó que el plan de vigilancia de TotalEnergies contemplaba los Scope 1 y 2 dentro de su cartografía de riesgos, pero dejaba las emisiones Scope 3 fuera de esa estructura específica y las remitía a otra información corporativa sobre sostenibilidad.
El tribunal considera incompleto el plan de vigilancia
El punto central de la sentencia del 25 de junio fue claro: el Tribunal Judicial de París consideró que las emisiones Scope 3 forman parte de los riesgos e impactos climáticos relacionados con la actividad del grupo.
Por esa razón, concluyó que el plan de vigilancia que estaba siendo examinado era incompleto.
El tribunal ordenó a TotalEnergies complementar su plan vigente y añadir las emisiones Scope 3 tanto a la cartografía de riesgos como a las medidas correspondientes. El plazo establecido fue de seis meses a partir de la notificación de la decisión.
La importancia jurídica del pronunciamiento está en que el tribunal no trató el cambio climático simplemente como un fenómeno externo sobre el que una empresa no tiene ninguna responsabilidad. En cambio, aceptó que los riesgos climáticos asociados con las emisiones derivadas de los productos de TotalEnergies pueden entrar dentro del ámbito del deber de vigilancia.
Esto constituye uno de los elementos más relevantes del fallo para el futuro de los litigios climáticos corporativos en Francia.
Una victoria parcial, no una orden para abandonar el petróleo
Aunque las organizaciones demandantes celebraron la sentencia como un avance, el tribunal rechazó una parte fundamental de sus pretensiones.
Los demandantes habían solicitado medidas mucho más específicas. Entre ellas estaban la adopción de una trayectoria de reducción de emisiones compatible con los objetivos del Acuerdo de París, reducciones concretas de emisiones, una disminución de la producción de hidrocarburos y el fin progresivo de determinadas actividades de exploración y explotación de petróleo y gas.
El tribunal consideró que no le correspondía establecer por sí mismo cuál debía ser la meta climática concreta de TotalEnergies.
En otras palabras, la justicia francesa estableció que la compañía debe identificar y abordar adecuadamente determinados riesgos climáticos en su plan de vigilancia, pero no que el juez pueda sustituir a la dirección de la empresa y fijar detalladamente su estrategia industrial.
La sentencia señala que el límite de 1,5 °C constituye una referencia importante para comprender los desafíos y expectativas ambientales derivados del Acuerdo de París, pero considera que el juez no puede utilizarlo para imponer directamente a TotalEnergies una determinada trayectoria empresarial.
Esta distinción explica por qué el fallo es considerado una victoria parcial: reconoce una obligación climática empresarial, pero al mismo tiempo limita el alcance de las medidas que un tribunal puede imponer directamente.
El tribunal deja abierta una segunda etapa del proceso
La sentencia tampoco cerró completamente el litigio.
El Tribunal Judicial de París decidió esperar a que TotalEnergies complete su plan de vigilancia antes de resolver determinadas cuestiones pendientes. El expediente fue remitido a una nueva audiencia ante el juez de control de la causa, prevista para el 21 de enero de 2027.
Por tanto, la discusión no terminó con la sentencia de junio. La siguiente etapa permitirá examinar qué cambios incorpora realmente la compañía a su plan y si esas modificaciones cumplen las obligaciones que el tribunal consideró aplicables.
Además, la sentencia ordenó a TotalEnergies pagar 20.000 euros a cada uno de los cinco demandantes principales —Notre Affaire à Tous, Sherpa, ZEA, France Nature Environnement y la ciudad de París— en concepto de gastos procesales previstos por el artículo 700 del Código de Procedimiento Civil francés.
TotalEnergies defiende su estrategia y recurre el fallo
La compañía petrolera no interpretó la sentencia como una obligación de reducir automáticamente su producción de hidrocarburos.
Tras conocerse la decisión, TotalEnergies destacó que el tribunal no había aceptado las peticiones destinadas a prohibir nuevos proyectos petroleros y gasíferos ni aquellas que buscaban obligarla a reducir su producción. La empresa también sostuvo que ya había incorporado cuestiones climáticas a su plan de vigilancia y que cuenta con objetivos específicos relacionados con sus emisiones operativas.
Pero el conflicto jurídico continuó.
El 27 de julio de 2026, TotalEnergies anunció oficialmente que apelaría la decisión del 25 de junio ante la Corte de Apelación de París. La compañía argumenta, entre otros puntos, que el cambio climático es un fenómeno global cuya solución corresponde principalmente a los Estados y a la comunidad internacional, y cuestiona que la ley francesa de deber de vigilancia pueda utilizarse para responsabilizar a una empresa por las decisiones de sus clientes sobre el uso de sus productos.
El recurso significa que la interpretación jurídica establecida por el tribunal de primera instancia todavía será objeto de revisión.
El debate sobre las emisiones de los clientes
Uno de los aspectos jurídicos más complejos del caso es precisamente la relación entre una empresa y las emisiones que se producen después de que sus productos son vendidos.
TotalEnergies sostiene que no controla la decisión de un consumidor de utilizar gasolina, diésel, gas u otros productos energéticos. Desde esa perspectiva, atribuir a la empresa responsabilidad por esas emisiones podría ampliar considerablemente el alcance del deber de vigilancia.
Los demandantes plantean una visión diferente: una compañía que produce y comercializa combustibles conoce que su utilización genera emisiones y, por tanto, debe considerar esos riesgos cuando evalúa el impacto climático de su actividad.
El Tribunal Judicial de París dio parcialmente la razón a esta segunda interpretación al considerar que las emisiones Scope 3 deben aparecer en la cartografía de riesgos del plan de vigilancia. Sin embargo, dejó en manos de la empresa la definición concreta de las medidas que deberá adoptar, siempre dentro de las obligaciones legales establecidas.
El resultado es un equilibrio jurídicamente delicado: la empresa no puede ignorar esas emisiones en su análisis de riesgos, pero el tribunal tampoco puede decidir por ella cada aspecto de su estrategia de transición energética.
Francia ya había dado otra señal con el caso de greenwashing
El litigio de 2026 no es el único proceso climático relevante que ha involucrado a TotalEnergies en Francia.
En octubre de 2025, otro tribunal de París falló parcialmente contra TotalEnergies en un caso relacionado con comunicaciones ambientales dirigidas a consumidores. El proceso cuestionaba determinadas afirmaciones de la empresa sobre su ambición de alcanzar la neutralidad de carbono y su papel en la transición energética.
En ese caso, el tribunal ordenó retirar determinados contenidos de la página web comercial francesa de la compañía y concedió indemnizaciones a las organizaciones demandantes. Sin embargo, también rechazó otras pretensiones relacionadas con las comunicaciones sobre el gas y los biocombustibles.
Se trata de un asunto jurídicamente diferente al litigio sobre el deber de vigilancia, pero ambos procesos muestran cómo la responsabilidad climática empresarial está siendo analizada desde distintos ángulos por la justicia francesa: desde la información que las compañías ofrecen al público hasta la forma en que identifican y gestionan los riesgos climáticos de sus actividades.
Un contexto europeo de litigios contra empresas fósiles
El caso francés forma parte de una tendencia mucho más amplia.
En los últimos años, organizaciones ambientales, gobiernos locales, ciudadanos y otros actores han recurrido a los tribunales para intentar obligar a empresas y gobiernos a adoptar medidas más ambiciosas frente al cambio climático.
Uno de los precedentes más conocidos fue el caso contra Royal Dutch Shell en los Países Bajos. En 2021, un tribunal de distrito de La Haya ordenó a la compañía reducir sus emisiones. Sin embargo, en noviembre de 2024 un tribunal de apelación neerlandés revocó la orden concreta de reducción, aunque el litigio continuó abierto en el sistema judicial del país. El propio Tribunal Judicial de París tuvo en cuenta esa jurisprudencia extranjera durante el análisis del caso contra TotalEnergies.
La experiencia de Shell demuestra precisamente por qué los litigios climáticos corporativos pueden producir resultados complejos: una sentencia considerada histórica en primera instancia no necesariamente se mantiene intacta después de una apelación.
¿Qué cambia realmente para las grandes empresas?
El impacto potencial del fallo francés va más allá de TotalEnergies.
La decisión plantea una cuestión de fondo: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una empresa por los efectos ambientales vinculados con sus productos?
Si la interpretación del Tribunal Judicial de París se mantiene en las siguientes instancias, las grandes empresas sujetas al deber de vigilancia podrían enfrentarse a una presión jurídica mayor para identificar dentro de sus planes los riesgos climáticos relacionados con sus cadenas de valor y con el uso de determinados productos.
Esto podría afectar especialmente a sectores con grandes emisiones indirectas, como petróleo y gas, automóviles, aviación, transporte, industria pesada y determinados segmentos financieros.
Sin embargo, no significa que todos estos sectores estén automáticamente obligados por una sentencia francesa a reducir sus emisiones en un porcentaje determinado. El alcance concreto dependerá de la legislación aplicable, de las características de cada empresa y de cómo los tribunales interpreten las obligaciones existentes.
El significado de «responsabilidad climática» está cambiando
Durante años, gran parte de la discusión empresarial sobre el clima se concentró en compromisos voluntarios, objetivos de neutralidad de carbono, informes de sostenibilidad e inversiones en energías renovables.
Los litigios están llevando la discusión hacia otro terreno: qué parte de esos compromisos puede convertirse en una obligación jurídicamente exigible.
El caso TotalEnergies resulta especialmente relevante porque el tribunal no se limitó a analizar si la empresa había publicado información ambiental. Entró a valorar la estructura de su plan de vigilancia y determinó que existía una omisión concreta: las emisiones Scope 3 no estaban integradas adecuadamente en la cartografía de riesgos y en las medidas correspondientes.
Esto convierte al caso en un precedente importante para el debate sobre la responsabilidad empresarial frente al cambio climático, aunque todavía no pueda considerarse una orden judicial para que TotalEnergies abandone su modelo basado en los hidrocarburos.
Una batalla legal que todavía no termina
La apelación anunciada por TotalEnergies llevará la discusión a la Corte de Apelación de París. Allí podrá revisarse la interpretación de la ley francesa de deber de vigilancia y, potencialmente, el alcance que tienen las emisiones Scope 3 dentro de las obligaciones de una empresa.
Mientras tanto, el fallo de primera instancia permanece como un punto de referencia en el debate jurídico francés: una gran empresa energética puede ser obligada a incorporar en su plan de vigilancia los riesgos climáticos vinculados con las emisiones generadas por el uso de sus productos.
La decisión, sin embargo, también establece una frontera. Los jueces pueden exigir que una compañía cumpla las obligaciones legales de vigilancia y corrija un plan considerado incompleto, pero el tribunal de primera instancia consideró que no le corresponde diseñar por completo la estrategia industrial de la empresa ni imponerle una cifra determinada de reducción de producción o emisiones.
Así, el caso TotalEnergies resume una de las grandes tensiones que atraviesan actualmente los litigios climáticos corporativos: por un lado, la creciente exigencia de que las empresas respondan por los riesgos ambientales asociados a sus actividades; por otro, el debate sobre los límites de la intervención judicial en decisiones que también involucran política energética, inversión, seguridad energética y estrategia empresarial.
La próxima fecha clave será enero de 2027, cuando el proceso vuelva ante el Tribunal Judicial de París para examinar la evolución del plan de vigilancia. Pero antes de eso, la apelación anunciada por TotalEnergies podría llevar el caso a una nueva etapa y determinar hasta dónde puede llegar, en Francia, la responsabilidad climática de una de las mayores empresas energéticas europeas.