Wolbert Vargas Rincón, alcalde/Foto: archivo particular.
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama ordenó al municipio de Soatá declarar en estado de ruina y ejecutar la demolición controlada de la antigua plaza de toros, al concluir que la estructura representa un riesgo alto para la seguridad de la comunidad debido a su avanzado deterioro y vulnerabilidad sísmica.
Fallo
La decisión fue adoptada mediante sentencia del 31 de julio de 2026, dentro de una acción popular promovida por el ciudadano Yesid Figueroa García. En el fallo, el despacho judicial amparó el derecho colectivo a la prevención de desastres previsibles técnicamente y estableció que el inmueble, ubicado en la carrera 7.ª No. 07-45, no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigidas por la normativa vigente.
La determinación se sustentó en informes técnicos elaborados por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá y la Secretaría de Planeación de Soatá, los cuales evidenciaron grietas de gran magnitud, separación de elementos estructurales, corrosión en componentes metálicos y un alto riesgo de colapso.
Además, se concluyó que la edificación, construida en 1977 con mampostería no reforzada, incumple los requisitos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). El fallo también declaró superada la controversia relacionada con la ocupación del predio por particulares, luego de comprobar que el inmueble fue desalojado voluntariamente en junio de 2025 mediante un proceso policivo adelantado durante el trámite judicial.
Asimismo, el juzgado negó la solicitud de los antiguos ocupantes para acceder a subsidios de vivienda o medidas de reubicación, al considerar que no se configuraban las condiciones establecidas por la jurisprudencia constitucional. Con esta decisión, el alcalde de Soatá, Wolbert Vargas Rincón, deberá liderar el cumplimiento de las órdenes impartidas por el despacho judicial. El municipio tendrá diez días, contados desde la ejecutoria de la sentencia, para expedir el acto administrativo que declare la ruina del inmueble y ordene su demolición.
Posteriormente, la administración contará con un plazo máximo de tres meses para contratar y ejecutar la demolición controlada, mantener restringido el acceso al predio y realizar el cerramiento definitivo del lote una vez concluyan las labores. La sentencia también dispuso la creación de un comité de verificación para supervisar el cumplimiento del fallo y advirtió que cualquier proyecto que en el futuro se desarrolle en ese terreno deberá ajustarse estrictamente a las normas de construcción sismo resistente, con el fin de evitar nuevos riesgos para la población.