El inicio del periodo constitucional 2026-2030 abrió una nueva etapa en la política colombiana. Con la instalación del Congreso el pasado 20 de julio y la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República este 7 de agosto, el país entra en un escenario de fuertes contrastes políticos en el que el Legislativo tendrá un papel determinante.
En ese contexto, el Pacto Histórico, que durante el gobierno de Gustavo Petro ocupó el lugar del oficialismo, pasó a ejercer formalmente como bancada de oposición frente a la nueva administración. La colectividad anunció que desarrollará una oposición institucional, con énfasis en el control político, la defensa de las reformas sociales impulsadas durante el cuatrienio anterior y la protección de derechos que considera amenazados por el nuevo rumbo político del país.
La nueva correlación de fuerzas hace que esta oposición tenga un peso considerable dentro del Congreso. El Pacto Histórico es la principal fuerza individual del Senado, mientras que el nuevo Legislativo quedó caracterizado por la fragmentación y la ausencia de una mayoría absoluta que permita al Gobierno aprobar automáticamente sus iniciativas.
Un Congreso nuevo y sin mayorías absolutas
El Congreso que comenzó funciones para el periodo 2026-2030 está compuesto por 103 senadores y 183 representantes a la Cámara. Las elecciones legislativas del 8 de marzo produjeron una renovación importante de las corporaciones y dejaron un mapa político mucho más fragmentado.
En el Senado, el Pacto Histórico cuenta con 25 curules propias, seguido por el Centro Democrático, con 17; el Partido Liberal, con 13; Alianza por Colombia, con 10; el Partido Conservador, con 10; La U, con nueve; la coalición Cambio Radical-ALMA, con siete; ¡Ahora Colombia!, con cinco; Salvación Nacional, con cuatro, además de las curules especiales y la correspondiente al Estatuto de Oposición.
La situación es importante porque ninguna fuerza controla por sí sola el Legislativo. En consecuencia, tanto el Gobierno como la oposición tendrán que buscar acuerdos con otras bancadas para sacar adelante proyectos de ley, reformas y decisiones que requieran mayorías.
La Cámara de Representantes también presenta una composición diversa. Allí el Pacto Histórico logró una representación considerable y obtuvo, además, la segunda vicepresidencia de la corporación, ocupada por el representante Erick Velasco. La Presidencia quedó en manos de Nicolás Barguil, del Partido Conservador, mientras que la primera vicepresidencia fue para Simón Molina, del Partido Creemos.
La propia Presidencia de la Cámara señaló que garantizará el ejercicio de la oposición y que las minorías tendrán protección dentro de la corporación, un elemento especialmente relevante ante el cambio de gobierno.
Pacto Histórico oficializó su paso a la oposición
El cambio de posición política comenzó a definirse incluso antes de la instalación del Congreso.
El 25 de junio, después de conocerse oficialmente el resultado de las elecciones presidenciales, el Pacto Histórico anunció que se declaraba en oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella. La colectividad manifestó que mantendría su compromiso con el proyecto político que representó Gustavo Petro y con las reformas sociales desarrolladas durante su administración.
Posteriormente, el 19 de julio, la dirección del partido y su bancada ratificaron que ejercerían una oposición que calificaron como democrática, firme, responsable y alternativa, con la intención de realizar control político al Ejecutivo y presentar propuestas desde el Legislativo.
La decisión tiene una particularidad: el Pacto Histórico no solamente dejó de ser la bancada de Gobierno, sino que pasó a ser la principal fuerza organizada de oposición de izquierda dentro del nuevo Congreso.
A esto se suman las curules obtenidas por los integrantes de la fórmula presidencial que quedó en segundo lugar. Iván Cepeda obtuvo una curul en el Senado y Aída Quilcué una en la Cámara, de acuerdo con el mecanismo constitucional que permite al candidato presidencial y a su fórmula vicepresidencial derrotados ocupar escaños en las respectivas corporaciones.
Por esa razón, algunas informaciones sobre la bancada del Pacto Histórico hablan de 26 senadores y 43 representantes, cifras que incluyen esas curules adicionales de oposición.
María Fernanda Carrascal y Alfredo Mondragón, los voceros
Uno de los primeros pasos para organizar la estrategia opositora fue definir quiénes serían los encargados de ejercer la vocería de la bancada en la Cámara.
El Pacto Histórico designó a María Fernanda Carrascal y Alfredo Mondragón como sus voceros para los primeros meses del nuevo Congreso. Carrascal asumió además la coordinación de la bancada durante el primer semestre del nuevo Gobierno.
La elección de los voceros refleja la intención de la colectividad de mantener una posición coordinada frente al Ejecutivo y evitar que sus diferentes sectores actúen de manera aislada.
Carrascal planteó una oposición basada en el control político y en la defensa de derechos relacionados con el trabajo, la educación, la salud, la paz, el medio ambiente y los derechos de las mujeres y de los sectores sociales LGBTIQ+.
Mondragón, por su parte, ha insistido en que la bancada buscará defender las reformas sociales y la soberanía nacional, además de mantener una posición de resistencia política frente a las decisiones del nuevo Gobierno.
Control político será una de las principales herramientas
Uno de los ejes centrales de la oposición será el control político, una de las funciones constitucionales del Congreso.
Esto significa que la oposición podrá citar a funcionarios, formular cuestionamientos al Gobierno, solicitar explicaciones sobre decisiones administrativas y utilizar los mecanismos parlamentarios disponibles para revisar la actuación del Ejecutivo.
El objetivo no será únicamente rechazar los proyectos del Gobierno. La propia bancada ha señalado que pretende combinar la crítica con la presentación de alternativas políticas.
Este punto es especialmente importante porque el artículo 112 de la Constitución reconoce a los partidos declarados en oposición el derecho a ejercer libremente una función crítica frente al Gobierno y a plantear alternativas políticas. También establece garantías relacionadas con el acceso a información oficial, medios de comunicación y derecho de réplica.
En otras palabras, la oposición no constituye simplemente una posición política informal: tiene garantías y derechos reconocidos constitucionalmente.
La defensa de las reformas sociales será otro frente
Otro de los principales campos de disputa será el futuro de las reformas aprobadas o impulsadas durante el Gobierno Petro.
El Pacto Histórico ha señalado que defenderá las transformaciones sociales promovidas durante el anterior cuatrienio y que se opondrá a cualquier iniciativa que considere un retroceso frente a esos avances.
Entre los asuntos que podrían generar mayor debate están las políticas relacionadas con el sistema laboral, las pensiones, la salud, la educación, la protección social y la política de paz.
Esto no significa que todas las reformas anteriores permanezcan intactas. El nuevo Gobierno tiene capacidad para presentar modificaciones, nuevos proyectos y propuestas alternativas, mientras que el Congreso deberá debatirlas y votarlas.
Precisamente allí estará una de las principales batallas legislativas del periodo 2026-2030: determinar qué políticas del anterior Gobierno continúan, cuáles son modificadas y cuáles podrían ser reemplazadas.
Salud, educación, trabajo y derechos sociales
La agenda anunciada por los voceros opositores pone especial atención en las políticas sociales.
La defensa del sistema de salud y de la educación pública aparece como uno de los puntos centrales de la nueva oposición. También se plantea la protección de los derechos laborales y de diferentes grupos sociales.
La estrategia, según lo expresado por sus voceros, será utilizar tanto el debate legislativo como el control político para revisar las decisiones del Ejecutivo.
Esto podría generar choques frecuentes entre el Gobierno y la oposición, particularmente si la administración de De la Espriella impulsa reformas orientadas a modificar programas, estructuras o políticas implementadas durante el Gobierno Petro.
Pero también habrá espacios en los que las diferentes fuerzas tendrán que negociar. La composición del Congreso hace difícil que una sola bancada pueda imponer su agenda durante los próximos cuatro años.
La oposición también tendrá que construir mayorías
Uno de los principales desafíos del Pacto Histórico será convertir su representación parlamentaria en capacidad efectiva de negociación.
Tener la bancada individual más grande no significa tener mayoría absoluta. El mapa del Senado demuestra precisamente que el Gobierno necesitará acuerdos con diferentes partidos para aprobar buena parte de sus iniciativas, mientras que la oposición también tendrá que construir alianzas si pretende bloquear o modificar proyectos.
El nuevo Congreso quedó configurado bajo una lógica de negociación permanente. El propio Senado ha descrito la legislatura como un escenario caracterizado por la pluralidad, la diversidad y la ausencia de mayorías absolutas.
Esto abre la puerta a acuerdos puntuales entre partidos que pueden estar enfrentados ideológicamente en otros asuntos.
En ese escenario, las bancadas de centro y los partidos tradicionales podrían convertirse en actores determinantes para definir el resultado de las principales votaciones.
Un Senado presidido por el Centro Democrático
La organización de las mesas directivas también refleja el nuevo equilibrio de fuerzas.
El 20 de julio, el Senado eligió a Honorio Henríquez, del Centro Democrático, como presidente de la corporación para el periodo legislativo 2026-2027. Henríquez obtuvo 56 votos, frente a los 45 alcanzados por Alfredo Deluque, del Partido de la U.
La elección tuvo una importancia política particular porque se produjo en el comienzo de la transición entre el Gobierno Petro y la administración de De la Espriella.
En la Cámara, entretanto, Nicolás Barguil asumió la Presidencia y Erick Velasco, integrante del Pacto Histórico, quedó como segundo vicepresidente.
La presencia del Pacto Histórico en una de las vicepresidencias significa que la oposición tendrá participación directa en la Mesa Directiva de la Cámara, en línea con las garantías constitucionales para los sectores minoritarios.
¿Qué significa esto para el Gobierno de Abelardo de la Espriella?
El escenario que enfrenta el nuevo Gobierno es diferente al que tuvo Gustavo Petro durante buena parte de su administración.
De la Espriella llega al poder con una orientación política distinta a la del Gobierno saliente, pero no cuenta con un Congreso completamente subordinado al Ejecutivo. La diversidad de partidos obliga a negociar.
Por eso, la relación entre Casa de Nariño y Congreso será uno de los principales factores para determinar la capacidad del nuevo Gobierno de cumplir sus promesas.
El Ejecutivo tendrá que conseguir apoyos para sus proyectos, mientras que la oposición tendrá que demostrar que puede hacer control político sin limitarse al bloqueo de las iniciativas oficiales.
La propia Presidencia de la Cámara ha señalado que la función del Legislativo debe garantizar tanto los derechos de las mayorías como los de las minorías.
La oposición también tendrá un escenario fuera del Congreso
La estrategia anunciada por el Pacto Histórico no se limitará al trabajo parlamentario.
El representante Alfredo Mondragón anunció que la bancada no asistiría a la ceremonia de posesión de De la Espriella y que sectores del Pacto realizarían concentraciones pacíficas en Cali y Barranquilla durante la jornada del 7 de agosto.
La decisión refleja que la oposición buscará combinar la actividad institucional en el Congreso con la movilización ciudadana.
En ese sentido, el nuevo escenario político tendrá dos dimensiones: una oposición parlamentaria encargada del control al Gobierno y otra dimensión política y social que buscará mantener movilizada a la base electoral que respaldó al proyecto progresista.
El Estatuto de la Oposición será clave
Todo este proceso estará respaldado por el Estatuto de la Oposición Política, establecido mediante la Ley 1909 de 2018.
La norma define la oposición como un derecho fundamental autónomo y establece mecanismos para que los partidos que se declaren en oposición puedan ejercer crítica, presentar alternativas y realizar control político.
Entre las garantías contempladas están el acceso a información y documentación oficial, el uso de medios de comunicación, el derecho de réplica y la participación en determinadas instancias institucionales.
Además, la legislación contempla garantías para los partidos de oposición en las mesas directivas de las corporaciones públicas.
Por tanto, la nueva oposición no parte de cero. Cuenta con un marco jurídico diseñado precisamente para permitir que los sectores que no hacen parte del Gobierno puedan ejercer vigilancia, crítica y representación política.
Un periodo marcado por el pulso entre Gobierno y oposición
La llegada de un nuevo Gobierno de derecha y el paso del Pacto Histórico a la oposición modifican de manera profunda el funcionamiento político del Congreso.
Sin embargo, el escenario no puede reducirse únicamente a una confrontación entre izquierda y derecha. La composición del Legislativo obliga a considerar a los partidos tradicionales, las coaliciones de centro y las diferentes fuerzas regionales.
El Congreso 2026-2030 tendrá que tramitar una amplia agenda legislativa mientras el Ejecutivo intenta convertir sus promesas electorales en leyes y la oposición busca impedir retrocesos en las políticas que considera conquistas sociales.
La principal incógnita será hasta dónde llegará la capacidad de cada bloque para construir acuerdos.
Por ahora, la oposición ya definió sus primeros pasos: control político, defensa de las reformas sociales, protección de derechos, vigilancia de las decisiones del Gobierno y construcción de alternativas políticas.
Con el nuevo Gobierno ya instalado este 7 de agosto y un Congreso sin mayorías absolutas, comienza una etapa en la que la negociación, el debate y el control parlamentario serán determinantes para el rumbo político de Colombia durante los próximos cuatro años.