Londres, 23 de julio de 2026. Un tribunal especializado del Reino Unido ordenó a los servicios de seguridad y a la Policía de Irlanda del Norte pagar £20.000 (20.000 libras esterlinas) al periodista Vincent Kearney, después de determinar que sus datos de comunicaciones fueron obtenidos de manera ilegal y desproporcionada durante varios años.
El caso pone nuevamente bajo el foco la relación entre vigilancia estatal, libertad de prensa y protección de las fuentes periodísticas. Kearney, quien actualmente es editor para Irlanda del Norte de RTÉ y anteriormente trabajó como corresponsal de asuntos internos de BBC Northern Ireland, fue objeto de varias operaciones destinadas, entre otros objetivos, a identificar las fuentes confidenciales utilizadas en su trabajo periodístico
El tribunal ordenó pagar £20.000 al periodista
La decisión fue emitida el 23 de julio de 2026 por el Investigatory Powers Tribunal (IPT), organismo judicial encargado de examinar denuncias relacionadas con el uso ilegal de poderes de vigilancia por parte de organismos públicos del Reino Unido.
El tribunal determinó que tanto el Servicio de Seguridad británico (MI5) como el Police Service of Northern Ireland (PSNI) habían realizado intervenciones que no estaban de acuerdo con la ley y que resultaban desproporcionadas.
La indemnización quedó dividida en partes iguales: £10.000 a cargo del MI5 y £10.000 a cargo del PSNI. El panel estuvo integrado por Lady Carmichael, el juez Mr Justice Chamberlain y Stephen Shaw KC.
Los jueces subrayaron además que la protección especial que reciben los periodistas no existe únicamente para beneficio de los propios comunicadores. Según el tribunal, esa protección responde al interés público en garantizar que los ciudadanos puedan recibir información periodística y que las fuentes puedan comunicarse con los periodistas con un grado adecuado de confidencialidad.
¿Qué ocurrió con los registros telefónicos de Vincent Kearney?
El caso no se limitó a una única consulta sobre el teléfono del periodista. Durante el proceso se estableció que hubo siete operaciones de organismos policiales o de seguridad, desarrolladas entre 2006 y 2018, en las que se obtuvo ilegalmente información relacionada con las comunicaciones de Kearney o de la BBC.
El PSNI estuvo involucrado en cuatro de esas operaciones y llegó a elaborar un perfil de inteligencia sobre el periodista. Ese material incluía información personal como números telefónicos, registros de vehículos y los nombres de familiares, entre ellos su esposa y su suegra.
En uno de los episodios más llamativos, la Policía de Irlanda del Norte obtuvo información correspondiente a 1.580 llamadas y mensajes de texto realizados o recibidos por Kearney durante un periodo determinado.
Es importante precisar que el caso se refiere principalmente a datos de comunicaciones, no a que las autoridades hayan necesariamente escuchado el contenido de cada conversación. La información obtenida podía permitir conocer, por ejemplo, los números con los que el periodista se comunicaba y los horarios de llamadas o mensajes. También podían aparecer nombres y direcciones vinculados con determinados números.
El objetivo era intentar descubrir sus fuentes
Uno de los elementos centrales del caso fue la relación entre la vigilancia y el trabajo periodístico de Kearney.
Cuando ocurrieron varias de las operaciones, el periodista trabajaba para BBC Northern Ireland, donde ejercía como corresponsal de asuntos internos. Parte de su labor estaba relacionada con investigaciones sobre las fuerzas de seguridad, instituciones públicas y asuntos delicados de Irlanda del Norte.
El acceso a sus registros de comunicaciones podía permitir a las autoridades establecer con quién se comunicaba un periodista y, potencialmente, utilizar esa información para intentar determinar quién le estaba proporcionando información confidencial.
La protección de las fuentes es especialmente relevante en el periodismo de investigación. Una fuente puede negarse a proporcionar información si considera que sus comunicaciones con un periodista pueden ser identificadas por las autoridades.
Precisamente por ello, el tribunal consideró que la vigilancia tenía una dimensión que iba más allá de la privacidad personal de Kearney y afectaba al funcionamiento de la actividad periodística.
MI5 también admitió haber accedido ilegalmente a sus datos
El caso involucró además al MI5, el servicio de inteligencia encargado de la seguridad interna del Reino Unido.
Durante el proceso, el organismo reconoció que había obtenido ilegalmente datos de comunicaciones de Kearney en 2006 y 2009.
El tribunal concluyó que algunas de las autorizaciones utilizadas para obtener los datos no explicaban adecuadamente por qué era necesario acceder a esa información ni por qué el interés público justificaba interferir con las comunicaciones relacionadas con fuentes periodísticas.
En particular, las autoridades debían tener en cuenta que estaban tratando con información vinculada a un periodista y, por tanto, con un ámbito que cuenta con salvaguardas especiales.
El periodista había sido tratado como sospechoso
Durante las actuaciones también salieron a la luz detalles especialmente delicados sobre la forma en que Kearney fue tratado por las autoridades.
En una de las operaciones, el periodista fue identificado incorrectamente como un “sospechoso” dentro de una investigación criminal.
Además, el PSNI elaboró un perfil que no se limitaba estrictamente a sus actividades profesionales. El material incluía datos sobre familiares y otros elementos personales.
La información conocida durante el proceso permitió reconstruir una vigilancia que se prolongó durante años y que involucró a diferentes organismos.
La BBC también llevó el caso ante el tribunal
Kearney no actuó solo en el proceso. La BBC, su antiguo empleador, también fue parte de la acción judicial.
La preocupación de la corporación estaba relacionada con el impacto que este tipo de vigilancia puede tener sobre el trabajo periodístico y la autonomía editorial.
La BBC calificó los hechos como graves y sostuvo que la libertad periodística es un elemento fundamental para el funcionamiento de una democracia. La corporación también afirmó que el acceso ilegal a los datos podía perjudicar la confianza entre periodistas y fuentes.
El caso salió a la luz por otra investigación sobre periodistas
La historia de Kearney comenzó a conocerse públicamente a partir de otro proceso judicial relacionado con periodistas de Irlanda del Norte.
Los periodistas Barry McCaffrey y Trevor Birney habían llevado su propio caso ante el Investigatory Powers Tribunal después de ser sometidos a vigilancia ilegal.
Ambos habían trabajado en el documental No Stone Unturned, que investigaba acusaciones de colaboración entre miembros de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares lealistas en relación con una masacre ocurrida durante el conflicto conocido como The Troubles.
En 2024, el tribunal determinó que el PSNI y la Policía Metropolitana habían realizado vigilancia encubierta ilegal contra McCaffrey y Birney.
Las revelaciones surgidas de ese proceso terminaron apuntando también hacia las operaciones realizadas contra Kearney, lo que llevó al periodista y a la BBC a emprender acciones legales.
La respuesta de la Policía de Irlanda del Norte
Tras conocerse la decisión, el jefe de la Policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, aceptó las conclusiones del tribunal y ofreció disculpas a Kearney.
Boutcher reconoció que las autorizaciones utilizadas por el PSNI en el caso no fueron legales y resultaron desproporcionadas.
También afirmó que desde entonces se han producido cambios en las políticas y procedimientos relacionados con las solicitudes de datos de comunicaciones. Entre ellos mencionó un mayor papel de la Investigatory Powers Commissioner’s Office en la autorización independiente de determinadas solicitudes y mayores salvaguardas cuando se trata de personas que pueden manejar información confidencial.
La Policía de Irlanda del Norte también señaló que un informe independiente publicado en 2025 había revisado sus prácticas relacionadas con autorizaciones encubiertas.
Ese informe concluyó que el PSNI había utilizado números telefónicos de periodistas para comprobar posibles filtraciones de información procedentes de agentes o empleados, aunque determinó que la vigilancia indebida no era “generalizada o sistémica”.
Kearney considera el fallo una victoria para el periodismo
Después de conocer la sentencia, Kearney celebró la decisión y la describió como una victoria para el periodismo y una confirmación del derecho de los periodistas a proteger sus fuentes.
El periodista sostuvo que la importancia del fallo no estaba únicamente en la indemnización económica, sino en que el tribunal dejara constancia pública de la magnitud de las actuaciones ilegales y de sus consecuencias para su trabajo.
También destacó que la vigilancia puede afectar la confianza de las fuentes, incluso cuando las autoridades no consiguen descubrir su identidad.
En ese sentido, el problema puede extenderse más allá de la persona vigilada: si una fuente cree que comunicarse con un periodista puede ponerla bajo el radar de los organismos de seguridad, puede decidir no entregar información de interés público.
¿Por qué el fallo es importante para la libertad de prensa?
El caso Kearney tiene relevancia porque establece un límite sobre el uso de las herramientas de vigilancia estatal cuando estas pueden afectar el trabajo de periodistas.
Las autoridades cuentan con mecanismos legales para investigar delitos y amenazas a la seguridad nacional. Sin embargo, cuando la información solicitada pertenece a un periodista, el acceso puede revelar quiénes son sus contactos, cómo desarrolla una investigación y, potencialmente, quiénes son sus informantes.
Por eso existen salvaguardas específicas destinadas a proteger el material y las comunicaciones periodísticas.
El propio tribunal destacó que estas protecciones no están diseñadas simplemente para favorecer a los periodistas. Su finalidad última es preservar el interés público en que los medios puedan investigar y transmitir información, especialmente cuando esa información involucra actuaciones de instituciones públicas.
Un caso que vuelve a poner la vigilancia estatal bajo escrutinio
La indemnización de £20.000 a Vincent Kearney representa así mucho más que una compensación económica.
La sentencia reconoce que organismos encargados precisamente de hacer cumplir la ley y proteger la seguridad nacional incumplieron las garantías legales al acceder a información vinculada con un periodista.
El caso también deja una advertencia sobre el equilibrio entre seguridad y libertad de prensa. Las autoridades pueden utilizar herramientas de vigilancia cuando la ley lo permite y existen razones legítimas para hacerlo, pero esas facultades no son ilimitadas.
Para Kearney, el fallo demuestra que los organismos estatales también deben responder cuando exceden sus competencias. Para el periodismo, el caso refuerza la importancia de preservar la confidencialidad de las fuentes como una condición necesaria para investigar asuntos que afectan al interés público.