El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular contra el traslado de la posesión presidencia

A pocos días de la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, prevista para el 7 de agosto en Cali, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que busca frenar el traslado del evento desde Bogotá hacia la capital del Valle del Cauca.

El auto, fechado el 3 de agosto y firmado por el magistrado Luis Manuel Lasso de la Sección Primera, ordena vincular al Congreso de la República, al Senado, a la Cámara de Representantes y a las demás autoridades involucradas en la organización de la ceremonia. La decisión no implica aún la suspensión del acto, pero abre la puerta a que se estudie la medida cautelar solicitada por el demandante.

La acción fue presentada por David Fernando Cano Mazuera, quien argumenta que el cambio de sede podría afectar derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad, la prevención de riesgos, la publicidad de la función pública y la legalidad del gasto.

Como medida cautelar principal, el demandante pidió suspender provisionalmente los efectos de las decisiones mediante las cuales Senado y Cámara aprobaron el traslado de la posesión a Cali. Para sustentar su solicitud, solicitó que las entidades acrediten públicamente los documentos que soportan la decisión: acuerdos entre Senado y Cámara, proposiciones aprobadas, actas de sesiones, certificaciones de cuórum y votación, conceptos jurídicos sobre la competencia para cambiar la sede, así como estudios presupuestales, logísticos, de seguridad, movilidad, evacuación y gestión del riesgo.

La demanda también exige información sobre la financiación del evento, incluyendo certificados de disponibilidad presupuestal, contratos, adiciones y costos adicionales derivados del traslado. Además, plantea una medida cautelar complementaria para que las autoridades se abstengan de comprometer nuevos recursos públicos mientras no exista certificación oficial sobre la necesidad, proporcionalidad y legalidad de esos gastos.

El Tribunal deberá resolver en los próximos días si concede la suspensión provisional solicitada. Mientras tanto, la organización de la ceremonia en Cali continúa, en medio de la incertidumbre jurídica generada por la acción popular.

La decisión de trasladar la posesión presidencial fuera de Bogotá ha sido objeto de debate político y ciudadano, pues tradicionalmente el acto se realiza en la capital del país, frente al Congreso. El desenlace dependerá de la valoración que haga el Tribunal sobre la legalidad y conveniencia del cambio de sede, en un contexto donde se cruzan argumentos de tradición institucional, costos logísticos y garantías de seguridad.