El Gobierno de Irán endureció su legislación contra la ciberdelincuencia al establecer que quienes cometan o fuercen a otras personas a participar en determinados delitos informáticos podrán enfrentar la pena de muerte. La medida hace parte de una reforma que busca combatir el crecimiento de organizaciones criminales dedicadas a fraudes digitales, estafas internacionales y otras actividades que, según las autoridades, representan una amenaza para la seguridad nacional.
Entre las principales modalidades delictivas que preocupan a las autoridades se encuentran las redes de estafas en línea que captan a sus víctimas mediante falsas promesas de inversión en criptomonedas con supuestas ganancias extraordinarias. También son frecuentes los engaños sentimentales, conocidos como romance scams, en los que delincuentes crean identidades falsas en redes sociales o aplicaciones de mensajería para establecer vínculos afectivos y posteriormente convencer a las víctimas de enviar dinero o participar en operaciones financieras fraudulentas.
La nueva normativa también contempla severas sanciones para quienes recluten, amenacen o coaccionen a otras personas para integrar organizaciones dedicadas a la ciberdelincuencia. De acuerdo con las autoridades iraníes, estas redes suelen operar desde distintos países y utilizan plataformas digitales para captar tanto a víctimas como a nuevos integrantes, quienes en algunos casos son engañados con falsas ofertas de empleo o promesas de altos ingresos.
La decisión ha generado un amplio debate internacional. Mientras el gobierno iraní sostiene que el endurecimiento de las penas busca frenar el crecimiento de las organizaciones criminales y proteger la seguridad del país, organismos defensores de los derechos humanos han manifestado preocupación por la aplicación de la pena de muerte en este tipo de delitos y han pedido que las sanciones respeten los estándares internacionales en materia de derechos fundamentales.