Caso Juliana Guerrero: Petro asegura que quienes pagaron «dieron dineros como pendejos».

La exasesora del Gobierno Juliana Guerrero enfrenta una nueva controversia luego de que se conocieran denuncias periodísticas sobre una presunta red de intermediación para gestionar contratos públicos a cambio de millonarios pagos por parte de empresarios.

El caso adquirió mayor relevancia después de que el presidente Gustavo Petro reaccionara públicamente a las revelaciones con una contundente declaración en su cuenta de X:

«Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo actuamos por presiones de mujeres o por codicia».

Con ese mensaje, el mandatario rechazó cualquier insinuación de que funcionarios del Gobierno hubieran favorecido contrataciones mediante este supuesto esquema y pidió que las autoridades investiguen los hechos.

¿Qué revelan las denuncias?

De acuerdo con una investigación periodística divulgada por la revista Semana, Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, habrían conformado un esquema mediante el cual ofrecían a empresarios gestionar contratos con diferentes entidades estatales.

Según esa versión, el supuesto mecanismo funcionaría así:

• Se cobraba aproximadamente $1 millón por reuniones iniciales.
• Posteriormente se solicitaban pagos cercanos a $200 millones para adelantar las gestiones.
• Además, se habría exigido el 10 % del valor de los contratos que eventualmente fueran adjudicados.

La investigación sostiene que las presuntas gestiones estaban dirigidas hacia entidades como:

• Agencia Nacional de Tierras (ANT).
• Fondo Colombia en Paz.
• Ministerio del Interior.
• Ministerio de Vivienda.
• Ministerio de Ambiente.
• Ministerio de Igualdad.

Las publicaciones incluyen referencias a chats, testimonios, consignaciones y otros elementos que, según el medio, respaldarían las denuncias. No obstante, dichos señalamientos hacen parte de investigaciones que deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

La respuesta de Gustavo Petro

El presidente Petro negó que existiera algún tipo de influencia sobre ministros o sobre él mismo para favorecer contratistas.

En su pronunciamiento sostuvo que, si los empresarios realmente entregaron dinero esperando obtener contratos, habrían sido engañados.

Además, afirmó que los chats y demás pruebas conocidas públicamente deberían ser entregados a la Fiscalía General de la Nación para que hagan parte de las investigaciones correspondientes.

En otro apartado de su mensaje escribió que:

«La revista haría un gran favor entregando esos chats a la Fiscalía».

El mandatario también aseguró que, desde su perspectiva, el caso demostraría que las barreras institucionales contra la corrupción funcionaron y que, de comprobarse los hechos, quienes entregaron dinero no lograron obtener los contratos que buscaban.

¿Por qué Juliana Guerrero ya era una figura polémica?

Esta no es la primera vez que Juliana Guerrero aparece en el centro de una controversia nacional.

Durante los últimos meses también ha sido noticia por:

• Un proceso judicial relacionado con presunto fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
• La controversia sobre la validez de títulos académicos atribuidos a una institución universitaria.
• Cuestionamientos por su rápida cercanía a altos funcionarios del Gobierno.
• Investigaciones relacionadas con vuelos oficiales en los que habría participado junto con su hermana.

En anteriores oportunidades, Petro manifestó que correspondía a la justicia establecer responsabilidades y sostuvo que no existían decisiones judiciales definitivas que demostraran algunas de las acusaciones realizadas públicamente.

¿Qué sigue en la investigación?

Hasta el momento:

• No existe una decisión judicial definitiva sobre las nuevas denuncias.
• La Fiscalía es la entidad encargada de establecer si los hechos denunciados constituyen delitos.
• Las pruebas divulgadas por medios de comunicación podrían incorporarse a las investigaciones oficiales si son entregadas formalmente.

El desarrollo del caso dependerá de la verificación de documentos, testimonios, movimientos financieros y demás evidencias que permitan determinar si realmente existió una red de tráfico de influencias o si los empresarios denunciantes fueron víctimas de un fraude, como plantea el presidente Petro.

Un nuevo frente político para el Gobierno

La polémica llega en un momento de alta sensibilidad política y vuelve a poner bajo escrutinio los mecanismos de contratación pública y la relación entre particulares y funcionarios del Estado.

Mientras sectores de oposición exigen investigaciones exhaustivas y eventuales responsabilidades políticas, desde el Gobierno se insiste en que no hubo favorecimientos desde la Presidencia y que corresponde a la Fiscalía esclarecer completamente los hechos.

Por ahora, el caso continúa en etapa de denuncias e investigaciones, por lo que las versiones conocidas públicamente aún deberán ser contrastadas dentro de los procesos judiciales y disciplinarios que eventualmente se adelanten.