Juliana Guerrero queda en el centro de nuevas denuncias por supuesto cobro para facilitar negocios con el Estado.

Una nueva investigación periodística volvió a poner en el centro del debate público a Juliana Guerrero, exviceministra de Juventudes y cercana al Gobierno del presidente Gustavo Petro. La publicación, divulgada por la revista Semana, asegura haber recopilado chats, audios, testimonios, comprobantes de consignaciones y conversaciones de WhatsApp que apuntarían a la existencia de una presunta red dedicada a cobrar millonarias sumas de dinero a empresarios con la promesa de facilitar el acceso a contratos estatales.

De acuerdo con la investigación, el esquema también involucraría a su hermana, Verónica Guerrero, quien habría servido como enlace con empresarios interesados en obtener contratos públicos, especialmente en entidades como los ministerios de Vivienda e Interior y otras dependencias del Gobierno nacional. Hasta el momento, las revelaciones corresponden a denuncias periodísticas y no constituyen una condena judicial.

¿Qué contienen las pruebas reveladas?

La investigación publicada expone un amplio conjunto de evidencias que incluirían:

• Conversaciones de WhatsApp entre empresarios y Verónica Guerrero.
• Audios atribuidos a Juliana Guerrero.
• Comprobantes de consignaciones bancarias.
• Testimonios de empresarios que aseguran haber realizado pagos.
• Mensajes relacionados con el supuesto reparto del dinero recaudado.

Según la información conocida, algunos empresarios habrían entregado importantes sumas de dinero bajo la expectativa de que las hermanas utilizaran su presunta influencia dentro del Gobierno para facilitar adjudicaciones contractuales o acelerar procesos administrativos.

Los presuntos cobros por contratos públicos

Uno de los aspectos más delicados de la investigación es la presunta existencia de un esquema de intermediación para acceder a contratos estatales.

Los testimonios publicados indican que empresarios recibían instrucciones sobre montos específicos que debían consignar y las cuentas bancarias donde debían hacerlo. Incluso, algunos mensajes revelarían cómo debía distribuirse el dinero entre distintas personas involucradas en la operación.

La publicación sostiene que los pagos no correspondían a servicios profesionales formales, sino a la promesa de abrir puertas dentro del Ejecutivo y facilitar negocios con entidades estatales.

La supuesta influencia dentro del Gobierno

Otro de los puntos centrales de la investigación es la presunta capacidad de Juliana Guerrero para influir en decisiones gubernamentales pese a no ocupar formalmente algunos de los cargos que, según los testimonios, le permitían ejercer poder.

Los chats revelados incluyen referencias a reuniones en la Casa de Nariño, ministerios y entidades estatales. Asimismo, se mencionan conversaciones sobre movimientos administrativos y procesos de contratación que, según los denunciantes, demostraban un acceso privilegiado a información gubernamental.

La investigación también recoge declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, quien aseguró que Juliana y Verónica Guerrero intervenían en decisiones administrativas pese a no ser funcionarias públicas en algunos de los escenarios mencionados. Estas afirmaciones hacen parte de las denuncias difundidas por los medios y deberán ser objeto de verificación dentro de las actuaciones de las autoridades competentes.

Las entidades mencionadas

De acuerdo con la investigación periodística, las presuntas gestiones no se habrían limitado únicamente al Ministerio de Vivienda.

Las pruebas publicadas mencionan supuestas actuaciones o contactos relacionados con:

• Ministerio del Interior.
• Ministerio de Vivienda.
• Ministerio de la Igualdad.
• Ministerio de Ambiente.
• Fondo Colombia en Paz.
• Fiduagraria.

La investigación sostiene que empresarios buscaban apoyo para gestionar contratos en estas entidades mediante la supuesta influencia de las hermanas Guerrero.

Un caso que agrava la situación judicial de Juliana Guerrero

Las nuevas revelaciones llegan en un momento en el que Juliana Guerrero ya enfrentaba otros procesos judiciales.

Meses atrás, la Fiscalía presentó una acusación relacionada con presuntas irregularidades en documentos académicos utilizados para ocupar cargos públicos, proceso independiente del nuevo escándalo sobre tráfico de influencias.

Aunque ambos casos corresponden a investigaciones diferentes, la coincidencia temporal aumenta el escrutinio público sobre la exfuncionaria.

¿Qué dicen las autoridades?

Hasta el momento de la publicación de las revelaciones, las denuncias corresponden principalmente a una investigación periodística respaldada por material documental y testimonios.

Corresponderá a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control determinar si las pruebas recopiladas permiten abrir nuevas investigaciones penales o fortalecer procesos ya existentes.

En el ámbito jurídico, es importante recordar que todas las personas involucradas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial definitiva.

Repercusiones políticas

Las denuncias generaron un fuerte impacto político debido a la cercanía que, según diversos testimonios, Juliana Guerrero habría mantenido con altos funcionarios del Gobierno.

La oposición pidió investigaciones inmediatas, mientras que distintos sectores políticos reclamaron claridad sobre el alcance real de las presuntas influencias y sobre la eventual responsabilidad de funcionarios públicos que, según la investigación, habrían permitido el acceso privilegiado de las hermanas a distintas entidades estatales.

Un caso que apenas comienza

Las revelaciones sobre Juliana y Verónica Guerrero abren un nuevo capítulo dentro de las investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias en Colombia.

Los chats, audios, comprobantes de pago y testimonios difundidos por los medios constituyen, por ahora, elementos que deberán ser valorados por las autoridades competentes dentro de los procesos correspondientes. El desarrollo de las investigaciones determinará si existe evidencia suficiente para formular imputaciones adicionales o establecer responsabilidades penales.