Congresista electo Daniel Briceño pone bajo la lupa decisión de la UNP sobre Beto Coral

Una nueva controversia política se desató en Colombia luego de que se conociera que la Unidad Nacional de Protección (UNP) habría asignado un esquema de seguridad al activista y creador de contenido Franklin Humberto Coral, conocido públicamente como Beto Coral, pocos días después de su regreso al país tras ser deportado desde Estados Unidos. La decisión generó críticas desde distintos sectores, especialmente por parte del representante electo a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, quien exigió explicaciones sobre el procedimiento utilizado para conceder dichas medidas de protección.

La polémica surgió luego de denuncias hechas por el sindicato Analtraseg, organización que agrupa a escoltas y trabajadores relacionados con la protección estatal, desde donde se aseguró que a Coral le fue asignado un esquema compuesto por escoltas y un vehículo blindado, presuntamente sin haberse realizado previamente un estudio de riesgo formal.

El cuestionamiento de Daniel Briceño

A través de sus redes sociales, Daniel Briceño preguntó públicamente por las razones que motivaron la decisión de la UNP y cuestionó la rapidez con la que se habría implementado el esquema de seguridad.

“¿Por qué razón el gobierno Petro le asignó en cuestión de horas un esquema de seguridad de la UNP a Beto Coral? ¿Dónde está el estudio de riesgo?”, expresó el congresista electo.

Briceño, quien se convirtió en uno de los representantes más votados del país en las elecciones legislativas de 2026 y es conocido por sus denuncias relacionadas con la contratación pública y el control político, ha mantenido una postura crítica frente a diversas actuaciones del Gobierno nacional.

La denuncia del sindicato de escoltas

Desde Analtraseg y otros sectores sindicales de la UNP se afirmó que, debido al corto tiempo transcurrido entre el regreso de Coral al país y la asignación del esquema de protección, habría sido prácticamente imposible realizar los procedimientos ordinarios de evaluación de riesgo.

Wilson Javier Devia, dirigente sindical y analista de seguridad, aseguró que la única vía posible para otorgar las medidas habría sido mediante un mecanismo de emergencia contemplado en la normatividad de la entidad. Sin embargo, señaló que dicho mecanismo solo puede utilizarse cuando existe una amenaza inminente y plenamente demostrada.

El sindicalista incluso calificó la decisión como un posible «favor político», argumentando que miles de líderes sociales y personas amenazadas en diferentes regiones del país han denunciado demoras en la asignación de medidas de protección.

¿Quién es Beto Coral y por qué está en el centro de la polémica?

Beto Coral es un activista político y creador de contenido conocido por sus posiciones en redes sociales y por su apoyo al petrismo. En las últimas semanas fue noticia tras ser deportado desde Estados Unidos y regresar a Colombia, situación que incrementó la atención mediática sobre su caso.

Su llegada al país generó reacciones encontradas entre sectores políticos, algunos de los cuales han manifestado preocupación por su seguridad, mientras otros consideran que no se ha explicado suficientemente la necesidad de destinar recursos estatales para su protección.

La discusión sobre la UNP y la asignación de esquemas de protección

El caso vuelve a poner en el centro del debate el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección, entidad encargada de evaluar riesgos y otorgar medidas de seguridad a personas amenazadas, entre ellas líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos y figuras políticas.

La principal crítica de quienes cuestionan el esquema otorgado a Coral radica en la aparente falta de transparencia respecto al estudio técnico que habría sustentado la decisión. También se ha abierto una discusión sobre la priorización de recursos, teniendo en cuenta que numerosas organizaciones sociales han denunciado retrasos en la atención de solicitudes de protección en distintas regiones del país.

Hasta el momento, la UNP no ha presentado públicamente el estudio de riesgo que justificaría la asignación del esquema de seguridad, mientras continúan las solicitudes de explicaciones desde la oposición y diferentes sectores de opinión.