1.401 indígenas de la comunidad Emberá llegaron a los resguardos en Risaralda y Chocó

La Unidad para las Víctimas coordinó con éxito el operativo de traslado del último grupo de la comunidad Emberá asentada en Bogotá, que permanecía en la UPI La Florida.

Cerca de 350 personas partieron la noche del jueves hacia Pueblo Rico, Risaralda, donde posteriormente se desplazaron hacia sus territorios ancestrales ubicados en zona rural de los departamentos del Chocó y Risaralda.

Con esta última fase del operativo, se logró trasladar un total de 1.401 indígenas Emberá, que habían llegado a Bogotá producto del desplazamiento forzado a causa del conflicto armado.

Del total de la población retornada, 744 llegaron al Alto Andágueda, 333 a Gito Dokabú, 259 a Unificado Chamí y 65 a otros territorios, donde continuarán recibiendo ayuda humanitaria como parte de la ruta interinstitucional de atención dispuesta para su retorno.

Así fue el regreso de los Emberas:

Adith Romero, director general de la Unidad para las Víctimas, expresó: «más de 1.400 personas pertenecientes a la población Emberá fueron retornadas a sus territorios ancestrales en los departamentos de Risaralda y Chocó»

Agregó «La Unidad para las Víctimas realizó inversiones por más de 4.000 millones de pesos en todas las fases de ese retorno. Hemos llevado a cabo el retorno más grande en la historia de Colombia»

Para el actual operativo de retorno, la Unidad para las Víctimas ha invertido más de $4.000 millones en ayudas humanitarias en especie, kits de habitabilidad, kits de aseo y apoyo logístico.

Además, se dispuso de 130 jeeps para los trayectos rurales, 10 camiones para el trasteo de enseres y más de 3.000 raciones alimentarias durante el tránsito.

Dentro del grupo retornado se encontraban 686 niños y niñas, así como 39 madres gestantes que tuvieron acompañamiento permanente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para la garantía de sus derechos.

La Unidad para las Víctimas reitera su compromiso con la reparación integral y el restablecimiento de los derechos de las comunidades indígenas afectadas por el conflicto, y continuará articulando esfuerzos institucionales para garantizar retornos seguros, dignos y sostenibles.